La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de algunas disposiciones de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, por considerar que “se vulneran los derechos humanos a la seguridad jurídica, libertad de trabajo y el principio de presunción de inocencia, entre otros.”
La Ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo pasado y según la CNDH, algunos de sus artículos limitan y condicionan la acción y coordinación de la FGR con diversos organismos de gobierno, debido a “la forma en que se encuentra formulada la participación, actuación e integración de la Fiscalía General de la República en diversas instituciones, pues sujeta su colaboración a un estricto respeto de su autonomía constitucional, es decir, constriñe su intervención y cooperación al margen de dicha característica constitucional, mismo que interfiere con un pleno y optimo desempeño de sus funciones en el marco de los respectivos ordenamientos que rigen cada sistema, mecanismo y/o comisión del que se trate.”
Por ello, en esta demanda ante la SCJN el organismo nacional incluyó los artículos 10, fracción I, 19, fracción XIV, de la Ley de la Fiscalía General de la República; artículo 5, fracción II, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos; artículo 85, segundo párrafo, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; artículo 36, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y el artículo 45, fracción III, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Entre otras cosas, la CNDH observó que dichas normas impugnadas “condicionan y/o limitan la participación y coordinación de la Fiscalía General de la República en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Comisión la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas; el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; así como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en estricto apego a su autonomía constitucional, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad”.
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