El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó hoy su Política de Comunicación Social y estableció que en ella no ejercerá más del 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el Poder Legislativo.

Además, reduce el gasto de publicidad al 50 por ciento con relación al gobierno anterior, prohíbe concentrar más de 25 por ciento de la campaña en una sola empresa y se obliga a utilizar y optimizar 100 por ciento de los tiempos oficiales, así como promover valores y respeto a los derechos humanos y evitar la discriminación.

Se terminan  los contratos anuales y se asignará el gasto por campañas y se depurará el padrón de medios, de acuerdo a su penetración y función social, a efecto de ponderar la honestidad como premisa básica para acabar con la selección discrecional en la contratación de medios para implementar la estrategia de comunicación social.

En conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador y el coordinador de Comunicación Social y Vocero, Jesús Ramírez Cuevas, informaron que las dependencias y entidades federales no podrán hacer uso de propaganda para presionar, castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a comunicadores o a medio de comunicación alguno.

A diferencia el pasado donde la asignación del gasto era vertical, ahora se hará de manera horizontal y con equidad, “no se privilegiará a nadie”, dijeron. Indicaron que cualquier gasto o inversión que se realice en materia de comunicación o publicidad será transparentado y la sociedad podrá revisarlos por internet.

La estrategia de comunicación social del Gobierno Federal, deberá estar alineada con los tres principios básicos del actual gobierno: austeridad, honestidad y combate a la corrupción, concebida para que los servidores públicos lleven a la práctica estos principios en sus vidas cotidianas, y además fomentar la participación ciudadana.

La nueva política de comunicación social establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Se pretende dar amplia cobertura a temas como: protección de la salud y nutrición;  respeto a la integridad física y familiar; protección a los grupos de personas o de sectores de población históricamente desprotegidos; igualdad de género; educación y  valores culturales;  educación cívica y  participación ciudadana;  historia, el patrimonio cultural y social de México, entre otros

Para el Ejercicio Fiscal 2019, en materia de comunicación social, las dependencias y entidades, se sujetarán a la Ley General de Comunicación Social y a las demás disposiciones jurídicas aplicables, así como a la política de comunicación social del Gobierno Federal que formule la Oficina de la Presidencia de la República, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Gobernación.

La Secretaría de Gobernación es la encargada de regular el gasto en materia de Comunicación Social, en la Administración Pública Federal, por lo que emitirá anualmente los Lineamientos para la autorización de estrategias, programas anuales y campañas, así como las reglas relativas a la difusión de  campañas de carácter industrial, comercial, mercantil y de promoción y publicidad que promuevan o publiciten la venta de productos o servicios que generan algún ingreso para el Estado.

Las campañas de comunicación social deben cumplir con lo previsto en el artículo 21 de la Ley General de Comunicación Social, esto es, promover la difusión y conocimiento de los valores, principios y derechos constitucionales; además de las campañas de turismo, educación, salud y protección civil así como informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales.

Dichas campañas no deben utilizarse con fines discriminatorios, para violar los derechos humanos o con fines electorales o partidarios, así como tampoco estar destinada a discriminar, criminalizar o estigmatizar a cualquier persona o sector de la sociedad en el ámbito político, social, económico o cultural.

La propaganda gubernamental deberá ser clara e identificable, es decir, no debe ser engañosa, incitar a error a sus destinatarios ni ser utilizada para fines distintos de la comunicación social. Tampoco debe inducir a confusión con los símbolos, ideas, voces o imágenes empleadas por cualquier partido político u organización social.

En este nuevo esquema, la honestidad será la premisa básica para acabar con la selección discrecional en la contratación de medios de comunicación para implementar la estrategia de comunicación social del Gobierno Federal, por lo que se deberán seleccionar los medios y las vías de comunicación de acuerdo a la normativa aplicable para cumplir con este principio.

Tanto el presidente López Obrador, como Jesús Ramírez, indicaron que las campañas o programas que se difundan a través de propaganda gubernamental deberán tener carácter institucional con fines informativos, educativos, de orientación social o de rendición de cuentas conforme al Programa Anual de Comunicación Social de cada dependencia o entidad.

Utilizar los medios, soportes y formatos que garanticen el acceso a la información y aseguren la difusión de acuerdo con el propósito y características de cada campaña. Garantizar la difusión de la información institucional en condiciones de igualdad entre la población objetivo.

Dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, en aquellos mensajes que otorguen subsidios o beneficios directos a la población. Cumplir con las obligaciones en materia electoral, y  Cualquiera otra que establezca la normativa aplicable.

Las campañas de comunicación social o de promoción y publicidad institucional deberán respetar y reflejar la pluralidad del país, considerando a las entidades federativas y sus municipios, en cuanto a su composición étnica, diversidad cultural, religiosa, lingüística y su riqueza geográfica; así como fomentar la igualdad y no discriminación, y promover los derechos humanos y la convivencia armónica entre las personas.

José Réyez