Con Calderón hubo injerencismo, acuerdos con cárteles y aumentó violencia: Sheinbaum

Con Calderón hubo injerencismo, acuerdos con cárteles y aumentó violencia: Sheinbaum

FOTO: PRESIDENCIA

La presunta injerencia en el país de autoridades estadunidenses y cualquier tipo de acuerdo con grupos del crimen organizado, como el establecido en el sexenio de Felipe Calderón para favorecer al Cártel de Sinaloa, “nunca da resultados, al contrario, generan más violencia”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Recordó que la administración del panista mantuvo pactos con criminales y permitió a las agencias estadunidenses operar en el país, sin ningún límite, y ello no pacificó al país; al contrario, dijo, aumentaron los homicidios dolosos en 148 por ciento respecto del sexenio de Vicente Fox.

Sobre esa tendencia de la violencia, subrayó que el sexenio de Enrique Peña continuó al alza, y cerró con más de cien homicidios dolosos diarios; mientras que, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se logró estabilizar y empezó a disminuir; y en lo que va de su gestión, se ha conseguido bajar aún más dicha tendencia, al registrar 45 por ciento menos homicidios dolosos. Abiertamente, la primera mandataria acusó: “Calderón protegió al cártel de Sinaloa frente a otros grupos y se provocó más violencia”.

Para ejemplificar cómo el injerencismo tampoco sirve para la pacificación y alienta la violencia, rememoró casos como el operativo Rápido y Furioso, en el que el gobierno de Calderón permitió a las agencias estadunidenses introducir más de 2 mil armas con chips para los cárteles, y que éstas nunca se pudieron rastrear y fueron usadas para matar personas. También recordó el operativo en el que fue ejecutado Arturo Beltrán Leyva, alias el Barbas, en el que la Marina se sometió a las decisiones de la DEA.

En ese contexto, la presidenta Sheinbaum Pardo rechazó las acciones clandestinas recientes de las agencias de Estados Unidos, como lo ocurrido con el secuestro de Ismael –el Mayo– Zambada. Ello, dijo, porque las evidencias permiten demostrar que “llevar a un delincuente secuestrado por otro delincuente a Estados Unidos con la presunta participación de Estados Unidos” sólo provocó violencia en Sinaloa y en otros estados del país. Lo anterior, derivado de la pugna entre dos facciones del Cártel del Pacífico: Los Chapitos y Los Mayos.

Consideró que, en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad, las autoridades estadunidenses debieron compartir con México la información sobre la ubicación de Zambada García para que fuera el Estado mexicano quien realizara la detención y, con ello, “el resultado hubiera sido distinto”.

La jefa del Ejecutivo federal reiteró que existen inconsistencias entre las versiones estadunidenses: por un lado, una narrativa sostiene que Zambada y Joaquín Guzmán llegaron “de casualidad” a la frontera con Estados Unidos. Por otro, una versión del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) que presenta la avioneta utilizada como parte de una operación propia. “Al decir: ‘fue mi operación’, pues quiere decir que participaron, no que llegaron de casualidad, entonces, al menos hay una contradicción”.

No obstante, aclaró que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existen elementos para presentar una denuncia penal, pero insistió en que es importante dejar claro lo ocurrido en Sinaloa.

Sheinbaum Pardo subrayó que su gobierno no defiende a ningún narcotraficante y que, si existen pruebas suficientes, todos los involucrados en la delincuencia organizada deben ser investigados y procesados, “claro que debe estar detenido el Mayo, que debe estar detenido el Chapo, que deben estar detenidos sus hijos y todos los que están vinculados”.

Asimismo, enfatizó que su gobierno no realiza pactos con grupos delictivos. “Nadie está defendiendo a ningún narcotraficante, jamás lo haríamos porque nosotros no hacemos acuerdos como los que hizo Calderón en su momento”. Finalmente, la presidenta afirmó que el gobierno mexicano debe actuar conforme a la ley y dentro del estado de derecho, al perseguir a cualquier presunto delincuente sin distinción de grupo criminal. “El Estado mexicano debe de actuar contra cualquier presunto delincuente, sea en un estado de la República o sea a nivel federal”.

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