La Red Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT) señaló que la consulta popular que se realizará este 1 de agosto “reconoce la crisis de derechos humanos en México y confirma lo que la sociedad civil organizada ha denunciado y juzgado ya a través de innumerables denuncias públicas, movilizaciones, paros, consultas ciudadanas, juicios y tribunales populares en donde se han sentenciado a servidores públicos, actores políticos e instituciones del Estado mexicano por acción y omisión en la impartición de justicia en nuestro país”.
Recordó que el amplio movimiento de personas defensoras de derechos humanos que han transitado de víctimas a sujetos de derechos se deriva de los innumerables delitos, violaciones a garantías individuales y colectivas, crímenes de lesa humanidad, agravios e impunidad en perjuicio de la sociedad. Movimiento que tiene la convicción de construir condiciones de paz con justicia y dignidad.
En un comunicado, la Red TDT señaló que “el gobierno actual debe reconocer plenamente que la raíz de la violencia, injusticia e impunidad es estructural y no sólo atribuible a detractores políticos de la oposición en turno. Es decir, las acciones pertinentes para emprender un proceso de esclarecimiento que garantice justicia y derechos a las víctimas, debe poner fin a las inercias de violencia institucional con la que a diario se encuentran miles de ciudadanos cuando acuden a las instancias encargadas de procuración de justicia, de acceso a la salud, educación y hasta de servicios públicos en donde la corrupción, el nepotismo y la discriminación siguen profundizando las causas de histórica desigualdad en México”.
También subrayó la necesidad de que se conforme una comisión de la verdad histórica “que atienda las múltiples recomendaciones que se han expresado en espacios civiles en los que hemos participado e impulsado como el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), el Examen Periódico Universal de la ONU (EPU), fallos y sentencias de la SCJN, recomendaciones y sentencias de la CIDH y la CoIDH por tan sólo mencionar algunos referentes de ejercicios que han documentado el agravio generalizado”.
Finalmente señaló que la deuda histórica en materia de violaciones a derechos humanos mantiene viva en la memoria respecto de crímenes como los de la Guardería ABC, Pasta de Conchos, la contaminación del Río Sonora, la guerra sucia de la década de 1960 y la guerra contrainsurgente de la década de 1990, la masacre de Acteal, El Charco, Tamaulipas y Tlatlaya, la represión en Atenco, Oaxaca y Guadalajara, los feminicidios de Ciudad Juárez y de todo el país, el robo de subsidios populares, acuerdos y tratados de comercio para el despojo de la tierra y el territorio, entre otros. Todas esas violaciones graves a derechos humanos mantienen a “miles de sobrevivientes y familiares de víctimas en lucha por la justicia y verdad”.
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