A la Comisión Nacional del Agua (Conagua) “le falta voluntad y la capacidad de poner orden sobre el desastre generado por la Ley de Aguas Nacionales [LAN]”, creada durante la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari en 1992, criticó la Contraloría Nacional Autónoma del Agua. Por ello, llamó a derogar la salinista Ley de Aguas Nacionales, y no solamente reformarla.

Luego de que el director general de la Conagua, Efraín Morales López,  anunciara –en la conferencia presidencial del 24 de septiembre– una iniciativa de reforma a la LAN y la creación de una Ley General de Aguas, la Contraloría señaló que “el agua es una”, por lo que no se puede proteger el derecho humano al recurso en una ley, mientras que en otra legislación se le rebaja a “servicio municipal, medible en litros por persona por día”.

En un comunicado, la organización –creada en 2024 para vigilar la gestión del agua en México– subrayó que el daño provocado por la ley salinista, considerada por las mismas autoridades como “neoliberal”, sólo podrá corregirse cuando el gobierno “permita dinámicas de colaboración con las comunidades y la ciudadanía”.

En este sentido, expresó su malestar con el Acuerdo Nacional que el gobierno ha mantenido con poseedores de Distritos de Riego, a través del cual han sido devueltos de manera voluntaria 4 mil millones de metros cúbicos al Estado, según datos de las autoridades federales.

Lo anterior porque, según la Contraloría, las concesiones estaban sobredimensionadas desde un inicio, por lo que calificaron al esquema de un “apartheid hídrico”: “acuerdos en corto, que conservan el sobreconcesionamiento, el acaparamiento, la especulación y la impunidad fiscal”.

Por tanto, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua llamó a retomar las conclusiones a las que se han llegado a partir de 34 foros de discusión en todo el país, iniciados desde 2018, en los cuales se urgió a reemplazar al ley salinista con una Ley General de Aguas, priorizando la planeación entre gobierno y ciudadanía según cada región.

La nueva normativa, indicó, deberá reconocer el derecho del agua a los pueblos indígenas en su territorio; eliminar fuentes de contaminación y resarcir daños; que ningún proyecto “viole los derechos al agua de las comunidades vecinas”; prohibir el agua para minería y fracking; evaluar las mega obras; eliminar la privatización de servicios de agua; priorizar uso doméstico del vital líquido; garantizar el acceso a la información; y reconocer a las Contralorías de agua.

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