El gobierno federal –a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)– presentará una iniciativa de reforma al catálogo de delitos hídricos, con el fin de aumentar las sanciones, entre las que se incluye la extinción de dominio sobre propiedades relacionadas con el robo de agua.
Durante su participación en la conferencia presidencial, Efraín Morales –titular de la dependencia– indicó que se va a regular el sector “para que se puedan incrementar las sanciones, que se puedan incrementar las penas, incluso llegar en algunos casos hasta la extinción de dominio cuando en estos casos se tenga conocimiento de actos que tienen reincidencias en la comisión de estos delitos”.
Por su parte, el subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso, explicó que elevar las sanciones es una necesidad, “porque las penas que se tienen actualmente no inhiben estas conductas”. Y el director jurídico de la Conagua, Óscar Zavala Gamboa, señaló que actualmente la multa más grande en el catálogo de sanciones es de 26 mil UMA’s (Unidad de Medida y Actualización), equivalentes a 1 millón 73 mil pesos, según datos de Inegi; y la más baja es de 260 UMA’s. Por ello, se buscará que las multas sean por 2 millones de pesos.
El aumento de las multas forma parte de la iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales, a través de la cual también se pretende fortalecer las facultades de la autoridad hídrica, y terminar con el mercado negro de agua.
En la reforma se propone una revisión de cómo incrementar los delitos, “y se habla de una propuesta de, por lo menos, 50 mil UMA’s” por cometer el crimen más grave, equivalente a 2 millones 63 mil pesos, añadió Zavala Gamboa, quien resaltó que, con las actuales sanciones, había poseedores de concesiones que ni siquiera las impugnaban, “las pagaban el mismo día”.
Al hablar de los delitos, el subdirector Rodríguez Alonso ejemplificó con los casos de acaparamiento por particulares, quienes a veces “ostentan uno, dos, tres, cuatro, cinco títulos de concesión, y lo que están haciendo con esos títulos es esperar a que se quiera instalar alguna industria, algún comercio, algún desarrollo habitacional, y que cuando esto ocurra”, vender estos títulos.
Otro caso que ha ocurrido es el de uso ilícito. “Hay quien, de manera ilegal, realiza perforaciones, por ejemplo, de pozos y los instala en casas” sin que produzca algún bien, “lo que hace es establecer unas infraestructuras conocidas como garzas, y a lo que se dedican es a lucrar con la necesidad de la gente y a vender pipas; pipas que en muchos casos representan el costo para los ciudadanos que los necesitan, de 2 mil, 3 mil pesos por una pipa de agua, y hay lugares en donde salen cientos de pipas”.
De manera general, lo que se busca en la reforma a la Ley, es “regular el uso de agua de una manera responsable […] con todo este proceso de tratar el agua como una mercancía, que se realizó en el periodo neoliberal, lo que ocasionaron en algunos casos es un proceso de acaparamiento”.
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