La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la encargada de dirimir el conflicto entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que ambas instituciones interpusieron este 15 de noviembre controversias constitucionales, acusándose mutuamente de excederse en sus funciones.

El diferendo surgió luego de que el pasado 30 de octubre, la CNDH criticó que –salvo reducidas excepciones– el comportamiento a últimas fechas del INE es el mismo historial que el del pasado Instituto Federal Electoral: “órganos autónomos únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo, que sólo han servido para el mantenimiento de vicios que por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales”. En ese contexto, recomendó reformar al organismo electoral en el contexto de la discusión legislativa. Luego del ello, el INE acusó a la Comisión de exceder sus funciones y violar la Constitución al meterse en asuntos electorales. 

Luego de que esos diferendos fueron escalando, hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que desde el pasado 8 de noviembre presentó una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra del Instituto Nacional Electoral, “con motivo de la invasión de la esfera de competencia de este organismo nacional en el que incurrió el INE al emitir el comunicado número 457, con fecha 30 de octubre de 2022, así como por diversos pronunciamientos públicos emitidos por integrantes de su Consejo General en detrimento de la CNDH, ya que se le ha intentado silenciar, a partir de una interpretación de la ley, que desestima la facultad de este organismo protector de los derechos humanos, en materia de protección de los derechos político-electorales del pueblo de México”.

La institución que encabeza Rosario Piedra señaló que “los consejeros del INE desconocieron de manera pública, al manifestarse en diversos medios de comunicación y redes sociales, la competencia constitucional con que cuenta esta Comisión Nacional para emitir la Recomendación General 46/2022 ‘sobre violaciones graves a derechos humanos, así como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la protesta social, al derecho de reunión y al derecho de asociación, entre otras, cometidas por el Estado entre 1951-1965’”.

Recordó que en el comunicado 457 del Instituto se aseguró: “el INE hace referencia al artículo 102, apartado B, párrafo tercero, de la Constitución, que advierte que los organismos de protección de los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral”.

Con ello, pasó por alto que con la Recomendación 46/2022, “la CNDH no pretende inmiscuirse en las decisiones o resoluciones que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitan tras cada proceso electoral, sino que busca que las autoridades electorales del país, encargadas de organizar, vigilar y dar certeza a los procesos electorales, cumplan con su misión de respetar y hacer valer el derecho a la democracia en favor del pueblo de México”.

Asimismo, la CNDH señaló que este 15 de noviembre el INE anunció la demanda de una controversia constitucional contra la CNDH, y la comunicó sin esperar si la Corte la admite o no, “lo que deja ver sus evidentes fines políticos y mediáticos más que jurídicos, pues al parecer reaccionan a las notas que diversos medios dieron a conocer recientemente sobre nuestra demanda de controversia constitucional”.

Por ello, la CNDH le recordó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, así como al resto de consejeros que han hecho uso de medios de comunicación y redes sociales para hablar sobre las competencias y límites de esta CNDH, “que los derechos político-electorales así como el derecho a la democracia y a defenderla son derechos humanos, y vistos desde esta perspectiva es obligación de la Comisión Nacional protegerlos y defenderlos de todo aquel que pueda ponernos en riesgo o negarlos”.

Además, indicó que “la Organización de las Naciones Unidas –a través del Consejo de Derechos Humanos y su antecesora Comisión de Derechos Humanos– ha aprobado diversas Resoluciones relativas a la democracia, teniendo como antecedente la Resolución 2000/47 en la que se recomiendan un conjunto de medidas legislativas, institucionales y prácticas para consolidar la democracia. Y en la Resolución 2002/46 definió los elementos esenciales de la democracia que consideran, entre otros, la libertad de asociación y de expresión, y la celebración de elecciones periódicas libres y justas por sufragio universal y por voto secreto como expresión de la voluntad de la población. Asimismo, considera fundamental contar con medios de información libres, independientes y plurales”.

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la transparencia y la responsabilidad en la administración pública también son fundamentales para garantizar el derecho a la democracia, pero, sobre todo, la separación de poderes. Justo, indicó, es lo que señala su Recomendación General 46/2022 en uno de sus puntos alusivos al INE: “garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos”.