La mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó las solicitudes para realizar audiencias públicas relacionadas con los análisis jurídicos de la reforma a la Ley Minera (ahora Ley de Minería) y la discusión sobre la violencia vicaria, denunció la ministra Lenia Batres Guadarrama.
En un comunicado, la jurista señaló que esta decisión se tomó durante la sesión privada de este lunes 13 de mayo. De lo anterior se desprende que de forma discrecional, el máximo tribunal volvió a cerrar sus puertas a un diálogo con el pueblo sobre temas tan importantes como la reforma a la Ley de Minería.
“Es una lástima que se considere que es un derecho de las ministras y ministros decidir si escuchan o no a las personas y comunidades interesadas, y no que las personas y comunidades tienen derecho a ser escuchadas por los ministros”, criticó la ministra Batres.
Agregó que según el Acuerdo General 2/2008 aprobado por el propio Pleno, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en lo particular pueden solicitar ser oídos por los ministros en audiencias públicas para presentar sus argumentos sobre “asuntos cuyo tema se estime relevante, de interés jurídico o de importancia nacional. Dicho acuerdo se aprobó de conformidad con el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles donde se avala que “para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.”
La juzgadora advirtió que tanto la Ley de Minería como la violencia vicaria son temas que inciden directamente en las vidas de comunidades enteras y personas en lo individual, además de ser de interés nacional.
Su ponencia detalló que, en el caso de la Ley de Minería, siete de los nueve ministros presentes rechazaron la petición de audiencia; mientras que en el de violencia vicaria la votación fue de ocho contra nueve. Y en ambos –en los que aún no hay proyecto de resolución–, la ministra Lenia Batres Guadarrama votó a favor de las audiencias públicas.
Ésta es la tercera vez en menos de un mes que “el máximo tribunal se niega a escuchar las voces de comunidades indígenas y ciudadanos interesados en asuntos que se votarán en la Corte. En el otro caso (invalidaciones de leyes orgánica municipal y electoral de Michoacán), se alegó que ya había proyecto y, según el Acuerdo General 2/2008, la audiencia debía solicitarse antes de que éste se diera a conocer”.
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