Hasta agosto pasado, había más de 229 mil personas recluidas en los centros penitenciarios del país, lo que significó un aumento del 13 por ciento respecto a 2020, señala el estudio Prisión preventiva oficiosa: primeros resultados a tres años de su implementación, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD).
Este incremento, indica el análisis, coincide con el número de personas presas por la reforma al artículo 19 constitucional que amplió la aplicación de la prisión preventiva de oficio. Sin embargo, apunta que entre 2020 y 2021 algunos de esos delitos que ya ameritan cárcel también aumentaron. Como ejemplo, expone que los feminicidios crecieron 3.2 por ciento; el abuso sexual, 23 por ciento; la desaparición forzada, 13 por ciento; y los delitos electorales, 557 por ciento (en el marco del proceso electoral del año pasado).
El investigador César Alejandro Giles Navarro –autor del estudio– advierte que “aunque en los últimos dos años ha crecido el número de personas encarceladas en México, no existe evidencia de que la prisión preventiva oficiosa sea una medida efectiva para disminuir la incidencia delictiva”.
Asimismo, considera que esta medida punitiva viola los derechos humanos de presunción de inocencia y debido proceso, de acuerdo con los criterios más recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al respecto, el documento del IBD señala que, desde sus orígenes, la prisión preventiva oficiosa ha mostrado poca efectividad para contener la criminalidad, pues desde 2008 esta medida aplica para los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación y secuestro, entre otros que, lejos de disminuir, aumentaron en el contexto de la crisis de violencia e inseguridad que aqueja a México.
Uno de los ilícitos que sí ha disminuido es el robo de combustible. Al respecto, apunta que “se logró una disminución del 94 por ciento, aunque este descenso comenzó antes de la reforma de 2019, por lo que parece obedecer más a la estrategia contra el huachicol implementada por el gobierno federal que a la implementación de la prisión preventiva oficiosa”.
También observa que “otros delitos han disminuido sin que se les aplique la prisión automática, como el robo de vehículos, el cual entre diciembre de 2018 y agosto de 2022 disminuyó un 40.4 por ciento, según los datos reportados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.
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