Tercera parte. En la interpretación de los hechos consignados en esta serialización de artículos, es preciso dar a conocer a los mexicanos el ejercicio del poder presidencial durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Estos análisis están sustentados en una investigación bibliográfica de fuentes especializadas en la temática en tratamiento. De esta manera, hemos acercado el contenido de obras completas, cuyos autores han investigado los vínculos entre el expresidente panista y su gabinete con el narcotráfico.
Nos hemos centrado en lo relacionado con su política de seguridad y combate al crimen trasnacional organizado; es decir, con relación a las estructuras de la criminalidad articuladas al trasiego de estupefacientes ilegales en distintas regiones del mundo. Sin embargo, esta política criminal se extendió a otros sectores de la vida nacional durante el periodo que hemos referido. En otro momento, nos ocuparemos de ello.
Los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tienen líneas de continuidad notables en la concepción y en la formulación de políticas públicas y de políticas de facto, con relación al problema número uno que confrontamos en México.
Éste es la emergencia y empoderamiento sin precedentes de las organizaciones del crimen trasnacional y de sus vínculos directos con la clase política. En particular, con el bloque en el poder. Terminó por conformar una gran red de intereses socio-políticos y económicos público-privados, mediante la corrupción y la impunidad.
La consecuente captura del Estado se consumó en el periodo de los 30 años referidos. En esos momentos, se impulsó el llamado modelo neoliberal, al que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Alan Greenspan, denominó “el capitalismo de compadres” en su libro La Era de las Turbulencias Financieras. Es una versión rupestre, degenerada y grotesca del liberalismo económico.
Como segundo a bordo en el Cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera selló su alianza a fondo con el Mayo Zambada. Con dicho estatus, se había refugiado en Guatemala, ante la sospecha de haberse involucrado en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Por cierto, este crimen nunca se aclaró a cabalidad.
Anteriormente, el Chapo Guzmán habría huido de la cárcel de “máxima seguridad” en Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001. Permaneció encerrado por seis años, después de ser aprehendido en Guatemala, el 22 de noviembre de 1995.
Había declarado que “la libertad no tiene precio” y, desde dicha prisión, siguió operando sus negocios a través de sus lugartenientes. Además, continuaba reclutando a presos y empleados del penal para su organización.
Llegó a tener control del mismo. Ésta fue la primera condición para planear su fuga. Entonces, precedió y construyó el escenario de una huida exitosa. En este momento, estamos con Vicente Fox como presidente (2001). De éste, se decía que tenía en su poder “el bono democrático”. En otras palabras, había logrado la alternancia política por medios democráticos. Su legitimidad era amplia.
Sin embargo, ya tenía consigo a Genaro García Luna como un alto especialista en inteligencia, terrorismo, contraterrorismo y seguridad. Éste venía del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y era coordinador de inteligencia en la Policía Federal Preventiva creada en el sexenio de Ernesto Zedillo, en la última década del siglo XX. Desde entonces, el crimen transnacional se desplegaba con fuerza.
La Policía Judicial Federal era un lastre penetrada hasta el tuétano por las organizaciones criminales en expansión. Decidieron sustituirla y crearon la Agencia Federal de Investigaciones. García Luna era el cuadro ideal. Pueden observar cómo nuestra investigación y narrativa nos lleva a enlazar hechos de un sexenio panista con los sexenios priistas anteriores.
De allí, mi insistencia en que tenemos que visualizar el tema en retrospectiva. Estamos ante un proceso histórico, en donde un grupo político de convergencia ideológica comienza robándose la elección presidencial de 1988, mediante una alianza política de orden criminal.
Tejieron una red de criminalidad e impunidad que comprendió ese sexenio (1988-1994) y los restantes de la “alternancia” y la “vuelta del PRI” (1994-2018). Así, le damos un enfoque de carácter histórico-estructural a nuestra interpretación. Se supera la descripción coyuntural.
Apreciemos las líneas de continuidad en los procesos políticos: “el Cártel de Sinaloa llegó a tener contacto y comunicación con el general Roberto Miranda, jefe del Estado Mayor Presidencial en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. El contacto habría ocurrido en 1997, derivado del temor del Mayo ante la instrucción oficial de congelar, por lo menos cinco empresas operadas por su familia […], se volvieron intocables para el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, protección que se extendió al sexenio de Fox Quesada gracias a la presunta intervención del general Miranda” (Lemus, págs 24-25).
¿Quién más habría de tener un poder tal para generar una intervención tan eficaz? Después, o junto al jefe del Estado Mayor Presidencial, el secretario de la Defensa, o el mismo presidente de la República. Nadie más.
En aquel momento, la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro) de Estados Unidos andaba tras la pista de varias empresas de la familia Zambada. La amenaza era seria y la intervención fue contundente.
A finales de la década de 1980, el Chapo invertía dinero con otros líderes del narcotráfico en la importación de la cocaína traída de Colombia. Compartían el transporte y dividían los sobornos y el personal para mover la droga hasta el otro lado de la frontera norte de México.
Tiempo más tarde, esos mismos capos fueron líderes de sus propias organizaciones. Por ello, a principios de la década de 1990, en el gobierno de Salinas de Gortari, se les denominó la “Federación”.
Controlaban las plazas mediante sublíderes, quienes ascendieron en las jerarquías, como en el caso de los Beltrán Leyva, Nacho Coronel y el mismo Chapo. La infraestructura se extendía a las principales regiones de México.
Hemos afirmado antes que García Luna era un capo asociado y confirmado desde su posición en la AFI con Vicente Fox. Llegó a integrarse con Calderón, mediante el negocio hecho entre el presidente electo y el Cártel de Sinaloa.
De esta organización criminal, recibió dos sobornos. El primero fueron 3 millones de dólares en 2005. El segundo, 5 millones de dólares en diciembre de 2006 –recién estrenado como secretario de Seguridad Pública–. En ambos casos, los propósitos fueron la venta de información e impunidad sobre el trasiego de drogas, además de protección para los líderes del cártel, y apoyar la fuga del Chapo (Lemus, pág 26).
Incluso García Luna, junto a la PFP, pidió un gran favor a “los Sinaloa”: desarticular a los Arreola. Este cártel cultivaba amapola y trasegaba heroína desde la sierra de Jalisco y Nayarit, rumbo a Hawái, Pensilvania y California.
Tanto el gobierno como el Cártel de Sinaloa eran afectados por tal actividad. Por lo tanto, el Chapo comisionó a Isidro Meza Flores, Chapito Isidro, capturarlos con su gente y entregarlos a la AFI. Asimismo, contaban con el apoyo de Los Dámaso, al servicio de Dámaso López Núñez, quienes dominaban un territorio a lo largo de Nayarit.
En enero de 2003, luego de la fuga del Chapo de Puente Grande, la misión se concretó. Mediante un comunicado de prensa, se anunció que Magdaleno García Arreola y Esteban Arreola, el Gato, habían sido extraditados a Estados Unidos. Literalmente, fueron desarticulados. Trabajo eficiente de los aliados de la AFI-GGL (Lemus, pág 37).
En aquellos días, García Luna y Fox dieron un doble golpe publicitario: en abril de 2004, el primero fue reconocido con el Premio al Servicio Profesional por la Asociación Internacional de Analistas de Inteligencia de Aplicación de la Ley (IALEIA por su sigla en inglés).
En septiembre del mismo año, el FBI le concedió otro distintivo profesional, debido a la detención de 32 fugitivos de la justicia estadunidense, quienes se habían refugiado en México. Para dicho trabajo, contó con las células armadas del Cártel de Sinaloa, como brazo auxiliar de la AFI.
Sin embargo, la entrega de premios no queda ahí. De igual manera, la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) y la Interpol le hicieron entrega de reconocimientos. Todo ello tuvo una cobertura mediática impresionante. Se comían las maniobras de “chivos expiatorios” que García Luna fabricaba y hacía pasar como eficiencia profesional.
El despliegue de poder de los Sinaloa fue de tal magnitud durante los gobiernos del PAN que, en 2001, controlaba cinco Estados de la República: Sinaloa, Nayarit, Durango, Sonora y Baja California Sur. Y, para 2012, tenían bajo su puño 15 de los 20 Estados del territorio mexicano. Una alianza rentable para ambos bandos.
Los éxitos aparentes de la AFI contra las organizaciones del crimen trasnacional partían de la fructífera relación de negocios y mutuo apoyo con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y García Luna.
Entre 2004-2006 –última parte del sexenio de Vicente Fox–, dicho cártel pasó de ser una organización criminal –con presencia en Sinaloa, Morelos y Coahuila– a tener asentamiento y control de importantes ciudades de Guerrero, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Nayarit y Colima.
La “inteligencia” desarrollaba los propios integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en favor de la AFI y en contra de sus rivales. Esta situación favoreció las capturas y encarcelamiento de muchos narcos. Incluso permitió la extradición de líderes medianos y altos a Estados Unidos. Se fincó una imagen pública de institución eficiente expresada en los reconocimientos internacionales a García Luna (Lemus, pág 128).
Por ello, este tipo de pactos de información contra protección eran tan importantes entre narcos y autoridades de inteligencia, seguridad y procuración de justicia. Valían mucho dinero para los criminales, pero también para las autoridades, quienes lograban aprehensiones y encarcelamientos con bajo costo en riesgos y en vidas.
En enero de 2001, fue el primer momento estelar para García Luna, cuando actuó en la fuga pactada o comprada del Chapo Guzmán. “La fuga de Guzmán Loera de Puente Grande inauguró de manera formal la carrera de corrupción de García Luna. Después ya nada detuvo el desenfreno delictivo que marcó al frente de la Coordinación General de la AFI y más adelante como titular de la SSP” (Lemus, pág 81).
A diferencia de esta aseveración, en su trabajo sobre Felipe Calderón respecto de García Luna, Olga Wornat asegura: “De acuerdo con el relato del agente –se refiere al jefe de la DEA que investigó y detuvo a Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo– desde que García Luna estaba en el Cisen, la DEA sospechaba de sus manejos y lo tenía bajo su radar” (pág 65). Nada más que se tardaron 20 años en descubrirlo y acusarlo.
Durante una de las visitas que el general Mario Arturo Acosta Chaparro hizo al Mayo Zambada y al Chapo Guzmán, este último “le habría dicho que pagó un millonario soborno a Vicente Fox para que lo dejaran salir de prisión. Ciertamente, no en un carrito de lavandería.” (Hernández, pág 256).
Asimismo, debemos recordar que esas reuniones se dieron bajo el tenor de una Cumbre de Narcos. Planeada para diciembre de 2010, a iniciativa del presidente Felipe Calderón, tenía como objetivo lograr un acuerdo de paz entre las organizaciones criminales y detener la masacre. Wornat comenta en otro pasaje del libro que agentes de la DEA le dieron la misma versión de estos hechos en 2006 (pág 92).
Anabel Hernández describe a detalle los eventos (págs 83-85). La protección lograda de las empresas y propiedades de la familia del Mayo Zambada permitió la llegada de la negociación para liberar al Chapo Guzmán de Puente Grande. Presuntamente, indica, intervino un personaje de altísimo nivel: “Fox permitió que Joaquín Guzmán Loera saliera de la prisión de máxima seguridad”.
Para dar un golpe de credibilidad, el gobierno de Fox anunció la captura de Arturo Guzmán Loera, hermano del Chapo, el Pollo, en septiembre del mismo año. Después se revelaría que ese tipo de maniobras mediáticas serían comunes con García Luna. Hay distintos ejemplos de ello.
“El Chapo le manifestó a López Núñez su deseo de fugarse de la prisión. El licenciado […] recibió el encargo de planear la fuga. José Luis Reyna afirmó: la fuga del Chapo del penal de Puente Grande fue negociada y definida con Genaro García, ya coordinador general de la AFI, y Rafael Macedo de la Concha, titular de la PGR”.
Luego se dice: “el plan contemplaba una participación de las estructuras de seguridad del Estado y una cortina de humo ante la opinión pública para dejar a salvo la imagen gubernamental” (Lemus, pág 78).
No debemos olvidar que el cuñado de Vicente Fox, Macedo de la Concha, tramó el proceso de acusación en contra de Andrés Manuel López Obrador, para su desafuero y posible encarcelamiento. Con el apoyo del propio exprimer mandatario panista y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, deseaban sacarlo de la competencia electoral de 2006, tal como sucedió con Da Silva, en Brasil.
Sobre este relato, José Luis Reyna sostiene: “el plan fue organizado por Genaro García que, a cambio de ello, recibió 5 millones de dólares, los que fueron entregados después por Jesús Zambada García, en un encuentro que tuvieron en la Ciudad de México”.
Siguiendo con el relato, al enterarse del plan, el Chapo le pidió a Dámaso López Núñez, entonces subdirector de seguridad del Penal de Puente Grande, que “no se incriminara a ningún preso, que la responsabilidad recayera en los custodios”. Así trató de hacerse. Como premio, el “licenciado” tendría la región de Tepic y Baja California. Asimismo, contraría con la protección del Cártel de Sinaloa.
La versión de una fuga dentro de un carrito de lavandería cubierto por ropa sucia es otra fábula. El Chapo salió a pie por la puerta de acceso principal. Había sido planeada desde los meses previos, en los cuales Ernesto Zedillo todavía era presidente, y se consumó durante el sexenio del propio Fox. Veamos:
Conforme a la versión del Rey –hermano del Mayo Zambada–, “la fuga fue planeada no espontánea”. Indicó que “el Chapo iba a salir pronto de la cárcel, que ya estaban muy cerca de hacer los arreglos para sacarlo. A finales de ese mismo año, después de que Fox fue electo, el Mayo mandó llamar a su hermano menor […] y le dijo: En poco tiempo él va a salir. Ahora ellos lo van a sacar” (Hernández, pág 89).
No sería casual que la mano de García Luna estuviera presente, en el cargo de Coordinador de Inteligencia y Contrainteligencia en el PFP. Desde luego, los altos funcionarios del gobierno de Fox no quisieron detener el plan, más bien buscaron nuevos aliados. Lo que resulta inverosímil es que nos digan que nadie sabía o que nadie se dio cuenta.
Para dejar todo a tono para el día de la fuga, García Luna “se curó en salud”. Creó su “chivo expiatorio”. Ya había pactado una suma de 5 millones de dólares para él. Le entregaría el dinero una vez que el Chapo estuviera afuera, pero debía haber una coartada para defenderse. Vale la pena seguir el relato puntual de la boca del Grande.
Para el 19 de enero de 2001, día de la fuga, García Luna ordenó que se realizaría un “operativo sorpresa”:
“La PGR y la PFP efectuarían una revisión a las instalaciones del penal de Puente Grande. No se requería una justificación formal. Esa era una de las funciones asignadas a la agencia desde su creación. Más de 50 elementos de la PGR recorrieron las instalaciones de la cárcel en busca de armas y drogas.
Antes de que ingresaran para la revisión, el Chapo se quejó de un malestar, por lo que lo internaron en el área de enfermería. Allí, esperó la llegada de un grupo de policías federales. Le dieron un uniforme de la AFI, un pasamontañas, botas y tolete, que cambió por el uniforme café de preso, y salió confundido entre el tropel de uniformados que, luego de revisar el Módulo 3 de procesados. Salieron por la puerta principal.
En la ejecución del operativo, no estuvieron presentes ni el titular de la AFI ni su subalterno. Esperaron pacientemente la notificación de la fuga de Guzmán Loera tras el pase de lista de las seis de la tarde. Entonces se presentaron en las instalaciones del penal” (Lemus, págs 79-80).
Luego de esta fuga pactada y comprada, Dámaso López Núñez se incorporó al Cártel de Sinaloa y se hizo compadre del Chapo Guzmán. No se inculpó a ningún preso y el supuesto subdirector del penal siguió en contacto con García Luna.
Este último fue protagonista en la “entrega voluntaria” de la esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel, a la DEA. Aparentemente, él la denunció. Después de ello, se rivalizó y enfrentó con el grupo de los Chapitos, a pesar de las fuertes ligas con su padre.
La versión del “carrito de lavandería” ligaba con la inspección que habían hecho los agentes de la PGR y de la AFI al penal horas antes, en donde no habían encontrado nada. Sólo fue una coartada y una maniobra de distracción. Entre tanto, el plan verdadero se desarrollaba con éxito.
Larry Villalobos y Joe Bond de la oficina de la DEA en la Ciudad de México indican “que tuvieron información de la salida de Guzmán Loera de Puente Grande en enero de 2001, y que hubo complicidad de funcionarios del gobierno de Vicente Fox, más allá, de los que trabajaban en la cárcel. Esto coincidía con lo que me estaba informando Gaxiola”. Ésto se encuentra en el libro citado, El Traidor (págs 263-264).
El abogado Fernando Gaxiola, ligado a la familia Zambada por muchos años, entregó el Diario del Vicentillo. El mismo contiene mucha información del Cártel de “los Sinaloa”. Vicente Fox, ni ninguno de sus altos funcionarios, supieron nada de lo que sucedía.
Es la versión que ofrecen. Coincide con esta versión “oficial”. Se produjo una especie de “operación cicatriz” para echarle tierra al asunto:
“A ningún funcionario del gobierno federal se responsabilizó por la fuga. De los funcionarios del penal acusados, para 2019, prácticamente ninguno había recibido sentencia. El director Beltrán Santana obtuvo su libertad anticipada […] al Chito lo sentenciaron a más de 20 años de cárcel, pero en 2018 un juez ordenó que se rehiciera su juicio por irregularidades” (Hernández, pág 92).
El Chito se inculpó por el “carrito de lavandería” para debilitar la responsabilidad probable de las autoridades. De igual manera, fue una muestra de la “exhaustiva investigación” ordenada por Vicente Fox, mediante la PGR de Macedo de la Concha. Hubo una señalada “sospechosa ligereza” en el proceso post-fuga. Querían cerrar el caso.
Los grandes grupos criminales ponen en juego sus distintos medios e instrumentos de penetración en los círculos de poder, durante las campañas electorales, porque allí se conjugan distintos momentos que facilitan su intencionalidad criminal.
Por ello, en las campañas presidenciales del 2000, “el Cártel de Sinaloa contribuyó con millones de dólares a la campaña de Fox y del PRI –Francisco Labastida Ochoa–, así ‘ganara quien ganara, estaríamos bien’, le dijo el Mayo a Gaxiola” (pág, 88).
Sin embargo, si alguien duda de lo que aquí estamos sosteniendo con apoyo en fuentes de investigación periodística, testimonios y demás, les presento el relato de otra escritora seria, quien tuvo que huir a su país, Argentina, cuando fue amenazada de muerte por García Luna, según su propio dicho.
Cuando los arreglos ya estaban hechos para la fuga, el Chapo armó una gran fiesta en el fin de año del 2000, con la presencia de autoridades, familiares y custodios del CEFERESO. Repartieron 50 cajas de vino y licores de importación, mucha comida y diversiones femeninas, etcétera. Era el dueño del penal. Se estaba despidiendo.
Afirma la autora: es imposible que esta escandalosa situación fuera ignorada por el gabinete foxista. Una desatención colectiva tan grande es imperdonable, si es que se trató de una desatención. Abajo transcribo una hipótesis distinta.
“La otra historia dice que Joaquín Guzmán Loera se fue del reclusorio de Puente Grande con el visto bueno del gobierno federal. Que el carrito de lavandería es una leyenda. Que afuera lo aguardaba su hermano Arturo en un carro blindado y un helicóptero Bell negro lo siguió de cerca. Que cinco personajes de la intimidad política y personal de Vicente Fox tuvieron relación con la fuga; entre ellos, uno de sus hermanos y uno de los hijos de Marta Sahagún. Que la fuga le costó al Chapo 40 millones de dólares. Que el letrado veracruzano Miguel Ángel Yunes no estuvo al margen y tampoco Jorge Tello Peón” (Wornat, pág 306).
Y agrega: “En 2003, a través de una denuncia anónima, la Procuraduría de Justicia Militar encontró, en el aeropuerto de Culiacán, el helicóptero Bell 206 negro con vivos grises y matrícula XB ILB propiedad del Chapo Guzmán, que lo habría esperado a la salida de Puente Grande” (ídem).
La segunda parte de la fuga era asegurar la protección exterior del Chapo. Su traslado al norte de la República era igualmente complicado, pero estaba trazado en un plan, en donde el Mayo Zambada tenía el mando principal. Entonces, había que evitar su recaptura.
Así se procedió. Zambada García transportó a Guzmán Loera a la Ciudad de México. Hasta ese momento, no se conocían. Fue recogido en San Juan del Río, en un terreno semidesértico de Querétaro localizado por el Rey –hermano del Mayo Zambada–.
Al entrar a la Ciudad de México, eran esperados por policías cooptados, con una patrulla y una motocicleta. Fueron escoltados hasta la casa del Mayo Zambada en Lomas de Chapultepec. Sólo durmió allí y al otro día se movió hacia un rancho pequeño en Villas del Carbón, Estado de México, en donde tuvo diversas reuniones para reorganizar su actividad delictiva (Ibarra:76-77).
En ese momento, el Chapo Guzmán asciende como segundo en la jerarquía del Cártel de Sinaloa. Tenía la suficiente experiencia, determinación y visión para proseguir en escala ampliada, apoyado por los contactos y conductos que poseía Ismael, el Mayo, Zambada. Éste necesita un socio confiable y un brazo fuerte para las múltiples tareas sucias y/o violentas:
“El Mayo necesitaba una persona que fuera como el gerente, y sabía que el Chapo era inteligente, que tenía la capacidad de matar a quien fuera con sus órdenes; tenía unas personas muy leales a él. Y el Mayo no tenía que estar directamente involucrado en las decisiones que iban a ser muy fuertes” (A Hernández, pág 264).
Los pactos con la criminalidad trasnacional pasaban a integrar la red de corrupción e impunidad. Se había capturado al Estado mexicano y una parte fundamental de las instituciones fueron puestas a disposición de los cárteles.
A través del gobierno en turno, con diversas organizaciones criminales trasnacionales, se creó la “mafia del Estado”. Incluyó a los criminales de “cuello blanco”.
Tal operación era multifacética. Comprendía distintos rubros de actividad, sin los cuales no habría funcionado el aparato de la inteligencia, seguridad y la procuración de justicia. Las instituciones dejaron de ser sociales y se volvieron criminales.
En especial, los gobiernos del PAN tienen una gran responsabilidad y una inmensa deuda. Permitieron avanzar a las estructuras de la criminalidad trasnacional en México y en otros países.
Causaron un gran daño a las instituciones, pues motivaron la depravación de las mismas, cuyos directivos se comenzaron a involucrar directa e indirectamente en tratos, contratos, pactos, acuerdos, alianzas y sobornos.
Abordaremos en la última entrega la continuidad de los procesos de criminalización del poder presidencial en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sostendremos nuestra tesis en el asalto al poder que se suscitó desde 1988 en adelante.
La llamé “el cartel político transexenal”. Conforma una amplia red de macro criminalidad e impunidad posicionada en el primer círculo de poder: la presidencia de la República.
Aquello que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama “unión del poder económico con el poder político” es algo más. Es una alianza criminal para la captura del Estado.
Es propia de los sistemas de producción capitalista. Igualmente, es un tema de economía política. Sin embargo, no necesariamente debe desnacionalizar al Estado y mediatizar o circunscribir su contenido social, ni criminalizar al poder presidencial. Eso es un tema de degeneración de gobiernos.
Media para el efecto, la derrota de uno de los bloques de fuerzas contendientes, como fue el caso de la insurgencia electoral de 1988, en el contexto de un reflujo posterior de fuerzas.
Por ello, al interior del mismo proceso delictivo mencionado, se produjo el auge conjunto de la mafia de cuello blanco con el crimen trasnacional vinculado al narcotráfico global y al blanqueo de capital multinacional.
Son las dos grandes subestructuras que conforman la corrupción del Estado y de una parte de la clase política y empresarial. Además de los grupos de gobierno que se han alternado y pactando la impunidad de sus acciones y hechos una y otra vez, transexenalmente.
Jorge Retana Yarto*
*Exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional; licenciado en economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración pública; doctor en gerencia pública y política social. Académico de la UNAM.
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