En una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 32 organizaciones de la sociedad civil denunciaron violaciones a derechos humanos contra personas migrantes ocurridas en México, así como la práctica sistemática de devoluciones en caliente (pushbacks) y la intervención de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional (GN) en la política migratoria que ha exacerbado el uso ilegítimo de la fuerza.

Como ejemplo, las organizaciones señalaron la agresión a personas que ingresaban por el Río Suchiate por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la GN el 20 de enero de 2020 para impedir su avance; asimismo, se refirieron a un caso más reciente, del 15 de junio pasado, cuando las mismas instituciones golpearon y obligaron a personas detenidas en la Estación Migratoria Siglo XXI a acostarse boca arriba con las manos en la nuca durante 9 horas, bajo la amenaza de que si cerraban los ojos serían golpeadas; acciones de las que hay testimonio y que cuentan como actos de tortura.

Se señaló también el rechazo por parte del INM para el acceso de las personas con necesidades de protección internacional o los procedimientos de asilo en México y su expulsión en caliente.

Ante esto, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández Maldonado, resaltó que “los esfuerzos para garantizar una migración segura se están viendo afectados por el despliegue de Fuerzas Armadas y otros cuerpos policiales”.

Las organizaciones denunciantes solicitaron a la CIDH realizar una visita a las fronteras del país para observar la situación, e instar al Estado mexicano a que:

1. Designe las tareas de gestión migratoria únicamente a los órganos competentes de fuero civil y limite de manera inmediata la participación de las corporaciones militarizadas.
2. Presente información clara y precisa sobre el presupuesto total que se brinda a la Guardia Nacional, el número de detenciones y los protocolos de actuación relacionados con dichas detecciones así como las capacitaciones en materia de derechos humanos.
3. Elimine la práctica de perfilamiento racial y promueva medidas específicas a fin de erradicar los actos de xenofobia y discriminación
4. Investigue las denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en las Estaciones Migratorias, así como las privaciones arbitrarias a la vida mencionadas; implementando para esto medidas que garanticen a las víctimas el acceso a la verdad, justicia, reparación y a la no repetición de los hechos.
5. Investigue los casos de pushbacks cometidos en puntos terrestres y aéreos en contra de personas migrantes y con necesidad de protección internacional.
6. Revise y genere protocolos de actuación para que las autoridades que trabajan en puntos de ingreso puedan identificar casos de personas con necesidad de protección internacional.
7. Garantice la presencia de agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en puntos de ingreso y control migratorio n las fronteras y aeropuertos.

Aunque en la audiencia representantes del Estado mexicano señalaron que cuentan con un marco normativo que resguarda los derechos de los migrantes, no dieron respuesta al enfoque militarizado bajo el que se atiende la cuestión, sin embargo, aceptaron la solicitud de la visita por parte de los agentes de la CIDH y se espera fijar las fechas para realizar dichas diligencias.