El gobierno de México anunció una escalada de acciones diplomáticas y legales para exigir justicia y frenar nuevas violaciones a derechos humanos. Ello ante el lamentable fallecimiento del mexicano José Guadalupe Ramos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que ya no se limitarán a emitir notas diplomáticas, sino que se emprenderán acciones de protesta más contundentes tras el fallecimiento de un connacional en el Centro de Detención de Adelanto, en Los Ángeles, donde se han registrado varios casos similares.

De acuerdo con lo informado por la primera mandataria, este lunes 30 de marzo se realizará una conferencia de prensa en el Consulado General de México en Los Ángeles, encabezada por la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, Vanessa Calva, junto con cónsules de la región y abogados de las familias de personas fallecidas en el centro de detención.

Entre las acciones anunciadas, el gobierno mexicano participará mediante la figura de amicus curiae en procesos legales relacionados con estos casos, además de emitir un comunicado oficial a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para fijar su postura.

Asimismo, autoridades mexicanas sostendrán reuniones con familiares de las víctimas y con organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes y el Immigrant Defenders Law Center, con el objetivo de fortalecer el apoyo comunitario y aumentar la presión institucional en Estados Unidos.

Como parte de la estrategia diplomática, la Embajada de México en Estados Unidos enviará cartas a legisladores federales para denunciar la deficiente atención médica en el centro de Adelanto. En paralelo, se impulsará una comunicación desde el Senado mexicano –encabezada por Laura Itzel Castillo– hacia su contraparte estadunidense.

También se prevé que el subsecretario para América del Norte aborde el tema con el embajador estadunidense en México, Ronald D. Johnson, así como acercamientos con autoridades de California, incluido el fiscal Rob Bonta y el gobernador Gavin Newsom, quienes han tenido participación en acciones legales relacionadas.

En el ámbito internacional, México presentará una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las personas fallecidas en centros de detención del ICE, con el propósito de visibilizar el problema como un caso sistemático de violaciones a derechos humanos.

Este fallecimiento se suma a un contexto donde al menos 14 personas han muerto bajo custodia de las autoridades migratorias en 2026, mientras que en 2025 se registraron 31 decesos, la cifra más alta en dos décadas. El aumento coincide con la política de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump, que ha elevado a niveles récord la población detenida.

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