En las sumas y restas del nuevo escenario político del país, tras los comicios del pasado 6 de junio, los partidos deben poner al centro de los balances sus políticas públicas de los últimos años encaminadas a atender los reclamos de organizaciones sociales, campesinas e indígenas, así como vecinales y sindicales, que no fueron resueltos o sencillamente fueron enviados al archivo muerto en sus agendas oficiales y legislativas.

Más allá de las campañas negras –en las disputas de los diversos bandos–, es hora de que la clase política en general haga una recapitulación y autocrítica sobre el impacto social de su ejercicio del poder. En muchos estados el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió importantes gobiernos porque dejó de atender demandas de justicia como la tragedia de la guardería ABC en Sonora; en Guerrero, poco o nada hizo para ayudar a esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Pero también, del otro lado de la moneda, hubo una regresión a la derecha como lo demostraron los triunfos obtenidos en la Ciudad de México por la alianza encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN), partido que históricamente se opuso a la aprobación de leyes en favor de la mujer como el derecho al aborto.

Una interpretación apegada a la realidad de las cifras electorales habla de que los ciudadanos aplican votos de castigo donde los políticos, del color y siglas que sean, les fallan. Lo preocupante de esto es que la derecha ha aprovechado descuidos de gobernantes de izquierda para capitalizar sus errores, lo que tampoco garantiza un avance en las conquistas sociales hasta ahora alcanzadas.

En el justo medio, tanto de un lado como del otro, la clases trabajadora, campesina y popular, siguen estando al margen de políticas que les beneficien de manera integral. La pandemia de Covid-19 no estableció de ambas partes un acuerdo que buscara implementar medidas más allá del insuficiente asistencialismo de los programas sociales.

Millones de hogares debieron consumir más electricidad al tener que acatar las medidas de aislamiento impuestas por el gobierno federal. Escasísimas voces se alzaron para demandar no sólo una reducción en las tarifas sino una suspensión de pagos en tanto pasara la pandemia, sobre todo en aquellas entidades donde las altas temperaturas obligan a los pobladores a usar sistemas de ventilación.

Cuando se anunció que como medida para evitar que millones de niños y jóvenes perdieran su ciclo escolar, se darían clases en línea, el uso del televisor brincó del mero entretenimiento a herramienta de enseñanza.

Para complementar las clases en líneas se agregó un gasto más a la golpeada subsistencia de las multitudes que se quedaron sin empleo. La pedagogía a distancia impuso el internet como punto de apoyo, lo que implicó para la población de escasos recursos un doble sacrificio.

En medio de la emergencia sanitaria, quedó al descubierto que una inmensa cantidad de familias carecían de este servicio, estando imposibilitadas de contratar un plan fijo. A muchos no les quedó de otra que adquirir datos con sistemas de recargas a sus celulares, ocasionando que sus bolsillos terminaran quebrados.

En redes sociales circularon infinidad de casos de niños y adolescentes obligados a interrumpir sus estudios por no tener internet. Ninguno de los partidos políticos que estuvieron presentes en las boletas electorales de los pasados comicios alzó la voz para exigir la implementación de un decreto o ley emergente para obligar a las empresas privadas a prestar este servicio de forma gratuita o, al menos, reducir sus tarifas como un acto de solidaridad ante la emergencia sanitaria.

Como quedó demostrado, ni la izquierda ni la derecha tuvieron la sensibilidad social de apoyar a la clase trabajadora cuando más necesitó de propuestas congruentes ante el difícil momento que, de hecho, aún no se ha superado.

El asunto de fondo va más allá del número de gobiernos estatales que quedarán en manos de tales o cuales siglas, alianzas o coaliciones; o de mayorías simples o calificadas en la Cámara de Diputados. Si de verdad se busca recomponer al país y privilegiar el diálogo, debe comenzarse por atenderse la agenda pendiente con las organizaciones sociales y sindicales del país.

No basta con que haya surgido una nueva Reforma Laboral en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio México Estados Unidos Canadá (Tmec), si no se acompaña de una aplicación real de la libre sindicalización y la negociación colectiva. Un ejemplo de ello es la discriminación sistemática que muchos funcionarios de entidades públicas vienen haciendo de los nuevos sindicatos independientes, para proteger los intereses de los viejos sindicatos corporativos.

A las nacientes organizaciones se les escamotea la entrega de cuotas y de prestaciones, no obstante contar con sus registros y tomas de nota. En su calidad de patrones, los funcionarios les presionan y amenazan para permanecer en los sindicatos charros, lo que constituye por añadidura una flagrante violación a los convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, Chihuahua; y Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, miles de trabajadores de las maquiladoras dieron un voto de castigo a gobernadores como el desaforado panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que aliado con los empresarios de muchas trasnacionales aplicó una marcada represión laboral contra sindicatos independientes.

Una vez que se calmen las aguas y los partidos terminen de hacer sus sumas y restas, como también sus interpretaciones sobre por qué los electorales decidieron votar en uno u otro sentido, será importante que tomen en cuenta la voz de infinidad de organizaciones sociales del país que han venido demandado en los últimos años una interlocución real ante el Congreso y las diversas instancias de gobierno, para que sus necesidades y propuestas sean escuchadas.

En un ejercicio de apertura y autocrítica se darán cuenta que fue la falta de atención a las demandas de diversos sectores de la sociedad, sobre todo de las clases popular y trabajadora, lo que ha movido la balanza de las preferencias electorales en ambos sentidos, pues ya sea del lado de la izquierda o la derecha, le han quedado a deber a millones de mexicanos, sobre todo a la población mayoritaria. Tras las medidas del confinamiento se calcula que el número pobres creció de manera exponencial, una realidad que debe avergonzar a toda la clase política.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas