A partir del gobierno del priísta Miguel Alemán Valdés (1946-1952), “la estrategia de violencia política estuvo coordinada jerárquicamente a través de las mayores instancias de gobierno: Presidencia de la República y Secretaría de Gobernación, mediante sus dos brazos ejecutores: el Estado Mayor Presidencial y la Dirección Federal de Seguridad (DFS)”, señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 

En su Informe especial sobre violencia política del Estado –hecho público este día–, la CNDH identifica a la DFS como una pieza clave en los crímenes de lesa humanidad perpetrados en México sistemáticamente desde la década de 1950. Desde su creación, apunta, la Dirección Federal de Seguridad se incorporó “a un entramado institucional que implementa las prácticas de clandestinas de seguimiento, hostigamiento y exterminio del enemigo interno que conformaban la oficina de Investigaciones Políticas y Sociales de Gobernación, el Servicio Secreto del Departamento del Distrito Federal, los judiciales de la Procuraduría General de la República, la jefatura de la policía, el cuerpo de granaderos, la policía montada, la Secretaría de la Defensa Nacional. Todas ellas coordinadas desde el Estado Mayor Presidencial”.

 

Los objetivos de lo que identifica como “la violencia exterminadora del Estado” fueron individuos, colectivos, movimientos sociales, organizaciones político-militares, partidos políticos que, por su ideología con tendencia hacia la autonomía o por su acción política o comunitaria, fueron considerados como una amenaza. A ellos se les reprimió desde las instancias armadas y policiales, “muchas veces también en coordinación con instancias de salud pública, educativas, electorales, etcétera; o sea, una estrategia que abarcó la mayoría de las veces de manera integral las instituciones del Estado”.

 

El informe –elaborado por la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado Durante el Pasado Reciente– afirma que “fue necesaria la articulación de todas las instituciones del Estado para garantizar la eficacia de la estrategia represiva. Porque hay que agregar que la eliminación del enemigo interno no correspondió a una sola institución, sino que a todo un complejo contrainsurgente que respondía a un mando jerárquico que, como ya ha quedado dicho, llegaba hasta las más altas instancias del Estado: la Presidencia de la República y el Estado Mayor Presidencial”.

 

Además advierte que, en el contexto de la Guerra Fría, el gobierno de Miguel Alemán aprovechó las presiones y la polarización del mundo “para afianzar el viraje de las políticas de administraciones predecesoras hacia un alineamiento estratégico e ideológico con Estados Unidos. México desde 1953 comenzó a adoptar las políticas contrainsurgentes que Estados Unidos exportó a Latinoamérica entera. Desde este año las corporaciones armadas de México reciben adiestramiento en las distintas escuelas y técnicas contrainsurgentes de elementos del gobierno estadounidense. Como parte de un todo, con este acercamiento, el ámbito económico el país se decanta hacia el liberalismo y abandona el proyecto de autosuficiencia y de modelo económico nacionalista”.

 

Historia de la DFS

 

En su revisión a los crímenes de Estado cometidos por gobiernos del PRI y del PAN, la CNDH también hace un recuento de la historia de la Dirección Federal de Seguridad. Al respecto apunta que se trató de la policía política creada aproximadamente en 1947 y que estuvo activa hasta 1985, cuando se transformó en la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional.

 

“La creación de la DFS viene a renovar un aparato de inteligencia preexistente a la Oficina de Información Política, creada en 1938, que funcionó para dar seguimiento a la oposición política y la reacciones contra la expropiación petrolera, y otra oficina creada en 1942, el Departamento de investigación Política y Social.”

 

También recuerda que al principio era una corporación pequeña directamente al mando del presidente Alemán Valdés. “Sus primeros integrantes fueron policías provenientes de varias corporaciones y 10 de los mejores oficiales egresados del Heroico Colegio Militar, y a diferencia del Estado Mayor Presidencial, el carácter policiaco de la DFS diluía su origen militar, al proveer a sus integrantes de cursos de investigación que, en función de la modernidad y acercamiento al gobierno norteamericano, fueron impartidos por el FBI, así como técnicas y equipo de investigación, como un moderno laboratorio químico biológico especializado en criminalística y que era considerado el mejor del país en ese momento”.

 

Su primer director fue el Coronel Marcelino Inurreta de la Fuente, exintegrante del Departamento Confidencial y hombre de confianza de Carlos I Serrano, jefe de policía estatal de Veracruz cuando Alemán Valdés fue gobernador de esa entidad.

 

Para la CNDH, “la creación de la DFS implica el comienzo de la sistematización y modernización de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia del gobierno mexicano, con entrenamiento del FBI estadunidense, convirtiéndola en una élite policiaca. La creación de la DFS en México, responde a las necesidades internas del Estado mexicano como al contexto global, a la búsqueda de un mecanismo institucional gubernamental sistematizado para hacerle frente a las amenazas políticas que se interponían en el desarrollo, expansión y enquistamiento de poderes locales, nacionales, basados en fundamentos ideológicos y, principalmente, intereses económicos y políticos”.

 

En el contexto de la violencia política del Estado, el informe apunta que tanto los agentes de la DFS como los de Gobernación eran enviados a cualquier lugar del país “a vigilar que las acciones mandadas desde el poder central fuesen ejecutadas de manera satisfactoria. Eso no quiere decir que la represión no existiera o que no se ejerciera de manera local, fuera del mandato central. La violencia política de Estado encontraba cabida, era permitida y hasta alentada como manera de eliminar opositores de poderes locales que tenía objetivos a escala regional, municipal, familiar, o hasta individual; por ello mismo, mucha de esta práctica pudo escapar al control administrativo central y al mismo tiempo aparecer como mandatado por los poderes centrales”. Y añade que en todo este aparato represor, el Poder Judicial fue cómplice del Ejecutivo.

 

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