Elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvieron a Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y a Alberto de la Paz López, alias Parca, ambos señalados por su presunta participación en los delitos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado.

De acuerdo con las autoridades, ambos contaban con órdenes de aprehensión y fueron detenidos como resultado de investigaciones que los relacionan con Los Cromos, grupo criminal al que las indagatorias ubican como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que tendría presencia en la región del Istmo de Tehuantepec.

Las investigaciones señalan que Sánchez Altamirano habría utilizado la infraestructura del municipio de Juchitán para brindar presunta cobertura política y económica a integrantes de Los Cromos. Entre los señalamientos se encuentra el supuesto uso de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2) para alertar sobre la presencia de corporaciones de seguridad estatales y federales.

Según la información difundida por las autoridades, el alcalde también habría participado en el cobro de piso a empresarios, cadenas comerciales y pequeños y medianos comerciantes del municipio. Asimismo, las investigaciones identificaron presuntas operaciones relacionadas con la adquisición de armas para el grupo criminal y una supuesta red de protección para el tráfico de personas migrantes mediante casas de seguridad.

En el caso de Alberto de la Paz López, las autoridades lo señalan como presunto responsable de utilizar una red de mototaxis para actividades relacionadas con el narcomenudeo, la extorsión y homicidios en la zona.

Además, se le atribuye el presunto uso de estos vehículos para el traslado y la extorsión de personas migrantes, así como la realización de actos de presión social encaminados a conseguir la liberación de personas detenidas que serían integrantes de Los Cromos.

Las autoridades indicaron que las detenciones forman parte de las investigaciones contra las estructuras delictivas que operan en la región. Será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica de los detenidos y, en su caso, su responsabilidad penal.