A 11 meses de que entre en vigor la prórroga de la concesión de Teléfonos de México (Telmex) –propiedad de Carlos Slim Helú–, el 11 de marzo de 2026, la disidencia del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana buscará que el Congreso de la Unión revise las acciones que tomó el ahora extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en perjuicio de trabajadoras y trabajadores, indicó Alicia Colchado Ariza, integrante de la disidencia del STRM.
Desde la creación del IFT, en 2013, se ha permitido que la compañía de Carlos Slim lleve a cabo acciones que en un principio tenían prohibido hacer, cuando en 1990 Carlos Salinas de Gortari le entregó la entonces empresa pública mediante una licitación, continuó la también integrante fundadora de la Alianza Nacional de Telefonistas, en entrevista para Contralínea.
Por ejemplo, el documento original del título de concesión prohibía que se pudiera desviar la materia de trabajo de Telmex hacia otras empresas, así como recursos. No obstante, esto sí ha ocurrido, en compañías como Telcel (Radiomóvil Dipsa, SA de CV) o Consorcio Red Uno, SA de CV, señaló Alicia Colchado. Y señaló que esto, de a poco, ha provocado que Telmex se convierta en un cascarón.
Ante estos hechos, los telefonistas disidentes buscarán ser escuchados, además, por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que sustituye al IFT. Asimismo, que se considere a las telecomunicaciones como un sector estratégico de la nación en la Constitución.
Colchado agregó que están en una batalla contrarreloj. En caso de lograr que se modifique lo que han expuesto, deberá ser antes del 11 de marzo de 2026, cuando entre en vigor la prórroga de la concesión por 30 años más, hasta 2056.
Por ello, la extinción del IFT, así como la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otros organismos autónomos, es un hecho histórico, reconoció Colchado Ariza, y puede acortar los tiempos que tenían pensado.
En el fondo, dijo, lo que quisieran es que se le quite la concesión de Telmex a Carlos Slim. Pero son conscientes de que la legislación no les permite esto, por lo que sus demandas se concentran en la anulación de las decisiones del IFT, las cuales –aseguró– son ilegales.
Añadió que la ley orgánica del Instituto establecía que el pleno puede tomar decisiones por un voto mínimo de cinco consejeros. Sin embargo, a partir de 2019 solo había funcionado con cuatro consejeros, incluido el presidente consejero.
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