La Red Mexicana de Afectados por la Minería denunció que los habitantes del ejido El Bajío, en Sonora, no sólo resisten al proyecto minero de la empresa Penmont, sino también al permanente hostigamiento y agresiones por parte de grupos armados y autoridades estatales.

En un comunicado difundido por la Rema se recuerda que José de Jesús Robledo Cruz, expresidente ejidal, denunció en 2016 a Rafael Pavlovich, tío de la gobernadora estatal, Claudia Pavlovich, por intromisión ilegal a las tierras del ejido, y que el 30 de abril pasado se halló su cuerpo junto al de su esposa María de Jesús Gómez Vega en el municipio de Puerto Peñasco, y encima de éstos, un cartón que tenía escritos los nombres de 13 ejidatarios y ejidatarias de la comunidad.

De acuerdo con la comunidad en resistencia, éste no es el único hecho intimidatorio que han padecido, pues en 2018, los ejidatarios denunciaron el asesinato de su compañero Raúl Ibarra de la Paz, y hasta hoy su cuerpo y el de su esposa, Noemí Elizabeth López Gutiérrez, no han sido encontrados.

Para los afectados, el discurso que promueven algunos medios de comunicación oculta el conflicto minero, pues suele atribuir la violencia a un problema de criminalidad al indicar que “en la zona se disputan rutas de narcotráfico, que sin duda existen, pero no mencionan otros intereses en juego, tales como el saqueo de recursos naturales y la violencia que se ejerce en contra de quienes los defienden”.

Por ello, alertó que los medios han descontextualizado la problemática al omitir informar sobre “la existencia de la sentencia histórica de 2014 que ganó El Bajío contra la minera, y que obliga a ésta a la devolución del oro y la reparación ambiental del territorio explotado. Una resolución única en la lucha contra la minería en México”. Para los ejidatarios, “este discurso obstaculiza el cumplimiento de las sentencias, que hasta la fecha siguen sin ser ejecutadas”.