En el ejercicio del periodismo de investigación hay enemigos silenciosos cuyos daños específicos no sólo los padecen los periodistas, sino también sus fuentes de información y, más ampliamente, la sociedad en su conjunto. Ello, porque al final afectan el derecho humano a saber. Uno de esos enemigos es el espionaje, que con el caso Pegasus ha quedado totalmente evidenciado.

Hasta hace unos pocos años, quizá menos de 1 lustro, todavía se pensaba que el periodista que tomaba precauciones respecto del mundo digital –como encriptar correos electrónicos, usar servicios de mensajería instantánea con ciertos niveles de protección y reservar su vida privada en el uso de redes sociales– era un paranoico; e incluso se estigmatizaba a quienes se atrevían a hablar de espionaje que desde antaño ha tenido por objetivo a los reporteros, entre otros, pues con frecuencia se les señalaba como partidarios de la llamada teoría de la conspiración.

La realidad poco a poco fue descubriendo que esos periodistas que se tomaban en serio la amenaza que representa para su trabajo un ambiente digital poco seguro (donde las grandes corporaciones de redes sociales y servicios de mensajería –como Facebook, Twitter y Google– además de realizar una intromisión por sí mismas, a todas luces ilegal, son incapaces de garantizar la seguridad de los datos personales de los usuarios) estaban en lo cierto. El periodista, y más el de investigación, debe estar alerta en el tema de la ciberseguridad, tomar precauciones e incluso tener conocimientos técnicos de herramientas de encriptación.

A estas alturas, ya no cabe decir que los periodistas de investigación estamos a salvo de ser objeto de espionaje, pues todas las revelaciones periodísticas en torno a la empresa israelí NSO Group y sus múltiples contrataciones con diferentes gobiernos dejan claro que, tanto en México como en otros países, quienes nos dedicamos a esta profesión sí somos blanco de este tipo de intrusiones permanentes e indiscriminadas.

Sin duda, ello constituye un riesgo mayor para el desarrollo del periodismo, pero también para el derecho humano a saber. Y es que el espionaje pone en riesgo a las fuentes de información que encuentran en el anonimato la única vía para dar a conocer hechos de interés público y trascendencia social. De todos es sabido que las personas en posición de poder –sea institucional o fáctico– que incurren en hechos ilegales o inmorales y se ven descubiertos por la prensa no sólo intentan acallar al mensajero, sino que con mucha frecuencia buscan conocer el origen de la filtración. Así, espiar todas las comunicaciones del periodista puede revelar la identidad de sus fuentes y ponerlas en riesgo hasta de muerte.

En paralelo, cuando se pone en riesgo la fuente también lo está la información que provee y, por tanto, el peligro se materializa en el cierre de esas vías posibles para conocer hechos de gran interés para la sociedad. Por algo está reconocido y garantizado el derecho al secreto profesional del periodista que salvaguarda el anonimato de las fuentes.

No está de más recordar que, como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “el acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de las democracias, signadas por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma”.

En ese sentido, el principal objetivo del periodismo de investigación es contribuir a cambiar las cosas que están mal y que dañan a las personas y las comunidades.

Espionaje

Regresando al tema del espionaje, la investigación Pegasus Project –encabezada por Amnistía Internacional y Forbidden Stories– reveló recientemente una lista de más de 50 mil números telefónicos infectados con el malware Pegasus, de los cuales 15 mil corresponden a México.

Desde hace años, Contralínea dio a conocer los contratos triangulados de NSO Group para vender el malware Pegasus al gobierno de Felipe Calderón, específicamente para que lo operara la Sección Segunda –inteligencia militar– y la Sección Séptima –operaciones contra el narcotráfico– de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El tema no es menor: Pegasus es, ni más ni menos, que el más avanzado software de espionaje en el mundo. Tiene la capacidad de intervenir cualquier tipo de comunicación electrónica. Más aún, de manipular a distancia –mediante órdenes que pasan inadvertidas para los ciudadanos espiados– computadoras, radios, teléfonos celulares y cualquier tipo de teléfono “inteligente” o smartphone, a los que denomina “dispositivos interrogados”.

Sin importar si los dispositivos están encriptados, protegidos con antivirus o software antiespías, quien maneja Pegasus puede “operar con las siguientes funciones de adquisición de datos [de los teléfonos y computadoras intervenidos]: extracción de SMS/MSM; lista de contactos; registros de agenda; monitores de e-mail; intercepción de voz; extracción de mensajería instantánea; información de ubicación GPS/Cell ID; captura de imágenes de pantalla y de la cámara; acceso y manipulación del sistema de archivos; información y estado del sistema; información de la tarjeta SIM; información del hardware, sistema operativo y software; denegación de capacidades de servicio, y detener el funcionamiento del dispositivo”, e “intercepción de audio ambiental”.

El espionaje, sin duda, precariza el desarrollo de la actividad periodística y pone en riesgo al periodista, a sus fuentes y al derecho humano a saber. Por ello, los responsables de este delito, incluyendo a los expresidentes de México como Calderón, deben ser juzgados y condenados.

*Intervención en la mesa 2 –del 25 de agosto de 2021–, “Privacidad, datos personales y neutralidad de la Red”, del coloquio internacional “¿Benditas o malditas redes? Retos, regulaciones y alternativas para la democracia sociodigital”, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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