Víctor Manuel Villalobos Arámbula radicaliza sus posiciones antes del fin del sexenio. Como es del dominio público, siempre fue parte del “ala derecha” al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Antes de asumir el cargo como titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ya se le ubicaba en la esfera de la burguesía del campo, nacional y trasnacional, aglutinada en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Enfrentado con el “ala izquierda” del gobierno, fue uno de los defensores del glifosato y de las semillas transgénicas, siempre bajo la falacia de la necesidad ineludible de su uso para aumentar la productividad. Se anotó recientemente un “triunfo” al lograr que se pospusiera la prohibición del agrotóxico en México.

Tal “victoria” no eclipsa el tamaño de su fracaso: el decreto presidencial que prohíbe el uso del glifosato y protege las variedades del maíz que se cultivan en México se mantiene. No pudieron tirarlo las decenas de amparos promovidos por sus amigos del CNA ni los de Estados Unidos, que quieren imponer a los mexicanos la compra masiva de granos genéticamente modificados para consumo humano. En los próximos meses podría prohibirse de manera definitiva el uso de este herbicida, que ha hecho perder miles de millones de dólares a Bayer-Monsanto en cortes estadunidenses frente a personas que desarrollaron cáncer luego de un “contacto inadecuado” y continuado con el producto.

Oposición de la Sader a la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible

Sin embargo, a unos meses de que concluya la administración con la que debió hacer equipo, ya no tiene empacho en oponerse abiertamente a los proyectos del presidente.

Los oficios 110.2506-2023 y 112.02.-718-2023 dan cuenta de los esfuerzos del secretario por oponerse a la expedición de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, vigente desde el 17 de abril pasado. Tal ordenamiento fue impulsado desde principios del sexenio, como parte de la política de garantizar la soberanía alimentaria y rescatar la producción campesina, aquella generada por las comunidades agrarias –indígenas y mestizas– que hasta antes de la política neoliberal alimentaba a todo el país.

“En contra”, se puede leer en la Respuesta de la Sader a la Solicitud de Opinión sobre la minuta de la Ley que propone reglamentar el derecho de la población a una alimentación sana. El documento se entregó como anexo a los oficios citados. Tal voto está fechado el 12 de diciembre pasado y fue firmado por la abogada general de la dependencia, Rosa Chávez Aguilar. Le acompaña el anexo de “análisis” que busca fundamentar su oposición a la normativa.

La ley, a la que se opuso el secretario Villalobos, tiene siete objetivos. Todos, tendientes a alcanzar la soberanía alimentaria y garantizar la alimentación sana para la población. Destacan dos, que generaron escozor en los ámbitos empresariales y trasnacionales del sector agropecuario.

Uno de ellos se refiere a “Priorizar el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, el derecho al agua y el interés superior de la niñez, en las políticas relacionadas con la alimentación adecuada por parte del Estado Mexicano”.

Mientras, el otro señala: “Fomentar la producción, abasto, distribución justa y equitativa y consumo de alimentos nutritivos, suficientes, de calidad, inocuos y culturalmente adecuados para favorecer la protección y el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada, evitando en toda medida el desperdicio de alimentos”.

A todo ello se opuso la Sader encabezada por Villalobos. Advirtió claramente las limitantes que representa a la rapacidad de agroempresarios y trasnacionales de los alimentos. En los documentos, de los cuales Contralínea posee copia, argumentó que la ley no establecía claramente las atribuciones de las dependencias y que podría generar duplicidad de funciones e “incertidumbre”. Y se “preocupa” por no saber de dónde saldrán los recursos para construir una reserva de productos estratégicos, tal como lo establece la nueva ley.

Oposición de la Sader a la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible

Estimó en 3 mil 20 millones de pesos generar el almacenamiento de 2 millones de toneladas de maíz; 606 mil 128 de trigo; 101 mil 523 de frijol; 81 mil 129 de arroz; 11 mil 244 de cártamo; 112 mil 34 de canola, y 417 mil 250 toneladas de soya.

La Sader cuestionó que garantizar la soberanía alimentaria y la alimentación sana para la población mexicana costara poco más de 3 mil millones de pesos. Es decir, para Villalobos y compañía, los esfuerzos por la soberanía alimentaria y garantizar la alimentación sana a la población deben parar porque la cantidad citada resulta demasiada a los ojos del funcionario.

Sólo habría que señalar que grandes empresarios adeudan al fisco montos que representan más de 20 veces el costo estimado de la reserva de productos estratégicos.

Lo cierto es que Villalobos se opone a esta ley por asuntos ideológicos. Para él, el neoliberalismo debe seguir rigiendo tanto la producción en el campo como las cadenas de distribución de alimentos. De eso da cuenta su propia trayectoria.

De 2010 a 2018 –es decir, hasta antes de asumir la Sader– se desempeñó como director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ahí hizo migas, que atesora, con varios jefes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés). En los hechos, ese instituto funciona como apéndice del USDA para promover los intereses estadunidenses en el Continente.

Previamente, Villalobos Arámbula en México fue subsecretario de Agricultura y coordinador de Asuntos Internacionales de esa dependencia durante el gobierno de Vicente Fox. Este último cargo también lo ocupó en el régimen de Felipe Calderón.

Y, entre otros puestos durante gobiernos priístas y panistas, fue el subsecretario de Recursos Naturales de Ernesto Zedillo.

Oponerse por escrito a la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible sólo fue el corolario de su oposición durante todo el sexenio a reivindicaciones sociales y a que México transite hacia una agricultura para la vida: justa, saludable y sustentable.

Ya nos referimos a su oposición a proteger las variantes maíz y a prohibir el glifosato y la siembra de transgénicos. Ni de lejos, fue lo único.

Oposición de la Sader a la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible

Como se recordará, también se opuso al incremento del salario mínimo, que en el actual sexenio creció en 110 por ciento en términos reales. También, a la reorientación de los subsidios del campo a favor de los pequeños productores; para él los “apoyos” tenían que seguirse dando a los neoterratenientes del CNA y las trasnacionales de los alimentos.

Se opuso, asimismo, a los programas sociales por considerarlos “asistencialistas” o “populistas” y argumentó en contra de que se convirtieran en derecho constitucional.

También operó en contra del etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas ultraprocesados; el decreto presidencial sobre maíz transgénicos y glifosato; la Ley de Protección y Fomento de Maíces Nativos; y el programa antiinflacionario que López Obrador impulsó para no dejar al “libre mercado”, en plena pandemia, los precios de productos de consumo básico.

Además, el secretario se opone a las normas oficiales mexicanas de leche, queso y yogurt; y a la medición de los volúmenes de agua utilizados en los distritos y unidades de riego.

Por si fuera poco, buscó coordinarse con el Congreso y el gobierno federal… de Estados Unidos en materia de glifosato y transgénicos.

En casi todo, no prosperaron sus esfuerzos. Lo raro es que haya llegado hasta el final del sexenio. Ahora organiza reuniones de los empresarios del CNA con la candidata Claudia Sheinbaum. Por verse si encontrará acomodo en la siguiente administración.

Oposición de la Sader a la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible

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