En lo que va de noviembre se han registrado cinco casos de matrimonios forzados de niñas indígenas, en el municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Se trata de una práctica recurrente en la región, agregó.
En un comunicado, detalló que el pasado 22 de noviembre la niña Anayeli –del pueblo Na Savi, originaria de la comunidad de Joya Real, Cochoapa el Grande– huyó de su casa antes de que llegara la familia del niño para formalizar la unión matrimonial y recibir el pago acordado.
“La niña Anayeli es huérfana de padre y a causa de su asesinato su mamá se endeudó por los gastos funerarios. Esta lamentable situación ha sido un factor que impacta negativamente en las niñas, porque sus padres se han visto orillados a recibir dinero, violentando sus derechos”, señaló Tlachinollan.
Agregó que por resistirse al matrimonio forzado, Anayeli fue detenida por los policías de la comunidad. “Ella se refugió en la casa de un vecino donde permaneció por unas horas. Hasta ese lugar llegó la policía para llevarse a la niña y también al niño que ahí vive. También fue para un primo quien se encargó de establecer la negociación con la familia y a un tío que supuestamente aconsejó para que la niña huyera de su casa”.
El castigo, indicó la organización, se aplicó porque incumplieron el compromiso de entregar a la niña a cambio de recibir 200 mil pesos el día en que se formalizara el matrimonio. “Un día antes habían convivido por este nuevo acontecimiento familiar. La costumbre es sacrificar una res para que puedan compartir la comida entre las dos familias, las autoridades, amigos y vecinos. Forma parte de los preparativos para la boda formal. Por este desaire privaron de su libertad a una menor que desconocía los acuerdos de su primo y mucho menos sabía con qué niño la casarían. Cuando se enteró se armó de valor para huir de su casa”.
Ante estos hechos, el 23 de noviembre integrantes del Centro Tlachinollan acudieron a la comunidad de Joya Real. “Invitamos a personal de la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se garantizara la libertad de la menor. Esta visita evidenció la inoperancia de los planes y programas que se han implementado a nivel federal y estatal orientados a erradicar la violencia contra las mujeres. Las autoridades federales y estatales no toman en cuenta a las comunidades indígenas y mucho menos llegan a estas localidades. Todo lo quieren resolver con oficios escritos en español que no se leen porque la población mayor es analfabeta. Por lo mismo se requiere establecer una comunicación en las lenguas maternas para escuchar y atender los reclamos de las familias que se encuentran sumidas en la pobreza. Se requiere un trabajo al interior de las comunidades, con personal que conozca la cultura y los derechos de los pueblos indígenas, que esté dispuesta atender sus necesidades y a defender los derechos de las niñas”.
Para la organización, no hay un mecanismo sencillo y efectivo que permita a las personas hacer una llamada para pedir auxilio, como sucedió con el caso de Anayeli. “Después de un diálogo respetuoso con los principales de la comunidad logramos la libertad de la niña y del niño, procediendo a trasladarlos a la ciudad de Tlapa para su atención y protección. Las autoridades municipales tienen un gran trabajo que realizar al interior de las comunidades; sin embargo, hay una gran desatención por los casos de matrimonios forzados y prevalece una visión machista en varios funcionarios municipales que llegan a justificar estas acciones ilegales. La niña y el niño fueron puestos a disposición del DIF estatal para su atención y seguimiento”.
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