El Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) pidió al pleno de ese organismo autónomo –aún encabezado por la comisionada Blanca Lilia Ibarra– hacer un uso racional del dinero público. Ello, en medio de la crisis que atraviesa el Inai luego de que Contralínea reveló un presunto uso irregular de las tarjetas corporativas, y en cascada los comisionados renunciaron a su uso; además de que dos secretarios ejecutivos renunciaron a sus cargos para someterse a investigaciones internas para descartar responsabilidades en posibles actos de peculado.
En reunión con los comisionados del Inai para abordar los pormenores de esa crisis de credibilidad en la que se encuentra el organismo, tras demostrarse que además de incurrir en gastos personales con dinero del pueblo, los entonces comisionados del pleno en 2016 censuraron los datos relacionados con presuntos desvíos de dinero público cometidos mediante las tarjetas corporativas, los consejeros ciudadanos pidieron detalles del caso del aún secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Óscar Guerra Ford, quien pagó con el erario una cena en table dance.
Además de escuchar las posturas oficiales de los comisionados del pleno (que hasta ahora no han hecho público si darán a conocer los propios gastos personales en los que ellos pudieron haber incurrido en el uso de las tarjetas corporativas), presentaron una serie de propuestas para que el Inai aplique medidas de austeridad y revise su actuación de forma autocrítica, para atender diversas denuncias de corrupción a las que han tenido acceso y haga frente a la crisis.
En ese mismo contexto, los integrantes del Consejo Consultivo presentaron una propuesta por escrito en la que señalan: “el Inai está obligado a asignar de manera más eficaz los recursos públicos, redimensionar el aparato administrativo, repensar la forma en que se toman las decisiones en general y unificar criterios en el nivel directivo”.
Agregaron que el propósito es que los comisionados del organismo hagan un mejor uso de recursos públicos, y pongan énfasis en los programas y las acciones que impacten significativamente, y hagan frente a los retos inmediatos en materia de comunicación y estrategia institucionales que “amenazan su existencia y condicionan su permanencia”.
Asimismo, indicaron que se debe generar una nueva visión estratégica que atienda los aspectos que actualmente afectan el funcionamiento del Inai, tanto externos como internos. Para el Consejo Consultivo, existe una intervención y presión de “actores políticos” y “detractores”, a la que se suma una “astringencia presupuestal, desacato a sus decisiones, hasta el control segmentado de la estructura por quienes integran el nivel directivo, y la alineación de este último para efectos de la defensa de la institución”.
Por ello, llamaron al pleno del Inai a cambiar el paradigma por un “ejercicio base 0”: “en lugar de preguntarse en el Inai cada año cuántos recursos humanos, financieros y materiales adicionales se pueden obtener para destinar a una multiplicidad de programas y acciones, muchas veces inerciales y que no logran los efectos esperados, la pregunta debería ser: ¿qué podemos hacer con los recursos disponibles o con menos de lo que se tiene hasta ahora para lograr aquello que es verdaderamente prioritario, de mayor impacto en términos de políticas públicas y medible en sus resultados?”
Los miembros del Consejo Consultivo indicaron que si bien es cierto que hay retos como el pago de nómina y la operación de unidades administrativas, es urgente que se establezcan prioridades de gasto en términos de programas y acciones para garantizar las condiciones mínimas de normalidad en la operación del Inai. Ello, a partir del financiamiento a las áreas que verdaderamente impactan en los destinatarios de las políticas públicas en materia de transparencia y privacidad.
Aunado a ello, criticaron que en el Inai los recursos públicos se han asignado de acuerdo con intereses alejados de sus objetivos esenciales, y que los fondos públicos en ocasiones son controlados de manera poco eficiente, por lo cual “se han creado zonas de influencia y alineaciones de programas, acciones y del personal, muy marcadas con el nivel directivo, que afectan el desempeño de la estructura y añaden presiones a la institución”.
Para el Consejo Consultivo, “esta segmentación, formal o informal, respecto de quienes integran del pleno, es una práctica que no producirá en el tiempo resultados positivos. Adicionalmente, provoca esfuerzos aislados, poco visibles, duplicidades, falta de independencia, de innovación y de autocrítica; y milita en contra de la coordinación entre quienes deciden y operan las políticas públicas de transparencia y privacidad”.
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