Estados Unidos y otros 14 gobiernos del continente acordaron impulsar una estrategia conjunta contra 24 organizaciones que califican como “narcoterroristas”, con medidas que incluyen congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visas, responsabilidad penal por brindarles apoyo material y una mayor coordinación de inteligencia y seguridad.
La iniciativa fue planteada durante la segunda reunión del Escudo de las Américas, realizada al margen de la Asamblea General de la ONU, y lleva al terreno de la cooperación regional una política de designaciones y sanciones impulsada por Estados Unidos.
El acuerdo también busca trasladar la estrategia al ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante una solicitud para activar un mecanismo de consulta previsto en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
De acuerdo con la declaración conjunta difundida por el Departamento de Estado estadunidense, el primer objetivo de la coalición es actuar contra 24 organizaciones de América Latina y el Caribe.
En la lista aparecen grupos como la Mara Salvatrucha (MS-13), el Tren de Aragua, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entre otros.
La declaración establece que los gobiernos participantes pretenden congelar activos, imponer restricciones de inmigración y visas a integrantes, asociados y simpatizantes de las organizaciones señaladas y establecer responsabilidad penal contra quienes proporcionen de manera consciente apoyo material o logístico.
Los gobiernos plantean incrementar el intercambio de inteligencia, facilitar el acceso a tecnología y capacidades de seguridad, ampliar la capacitación de fuerzas civiles y coordinar posiciones en organismos regionales y multilaterales.
Uno de los puntos centrales es la intención de llevar estas medidas al sistema interamericano. Los firmantes acordaron solicitar al presidente del Consejo Permanente de la OEA convocar una reunión de consulta para determinar la creación de un órgano de consulta bajo los artículos 6 y 13 del TIAR, con el objetivo de analizar una resolución que facilite acciones colectivas contra las organizaciones señaladas.
La clasificación impulsada por Estados Unidos busca convertirse en una referencia compartida por gobiernos de la región y en la base para medidas coordinadas en materia financiera, migratoria, penal y de seguridad.
La propia declaración plantea que las acciones deberán realizarse conforme a las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales de cada país, por lo que el documento establece un marco de cooperación y coordinación, no una autorización automática para ejecutar todas las medidas en los 15 países.
La estrategia también incorpora componentes económicos. Los gobiernos participantes plantean proteger cadenas de suministro de minerales críticos, infraestructura digital y otras áreas consideradas estratégicas, además de fortalecer controles sobre inversiones y ampliar la cooperación económica.
El acuerdo fue suscrito por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
La declaración presenta estas acciones como una defensa de la soberanía y la seguridad hemisférica. Sin embargo, su mecanismo central consiste en extender regionalmente una misma clasificación de organizaciones y articular alrededor de ella sanciones, controles migratorios, medidas financieras, cooperación policial e inteligencia, además de buscar un respaldo dentro del sistema interamericano.
