En una clara defensa de los intereses de grandes corporaciones –como Bayer-Monsanto–, el gobierno de Estados Unidos solicitó a México establecer ya un panel arbitral sobre maíz genéticamente modificado, tal como había amenazado en meses previos.
Este 17 de agosto, la Secretaría de Economía mexicana fue notificada formalmente por la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre su intención de dirimir, a través de un panel arbitral del Capítulo 31 del T-MEC (Solución de Controversias), las diferencias entre ambos gobiernos en torno a la regulación mexicana del maíz transgénico.
La dependencia que encabeza Raquel Buenrostro informó que el gobierno estadunidense “considera que ciertas disposiciones del Decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 febrero de 2023, podrían ser incompatibles con disposiciones de los Capítulos 2 (Acceso a Mercados) y 9 (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias) del T-MEC. México no coincide con la posición de Estados Unidos”.
Al respecto, Economía expuso que está preparada para defender la posición mexicana ante este panel internacional. Asimismo, indicó que México va a demostrar: “1) que la regulación nacional es consistente con los compromisos suscritos en el Tratado; y 2) que las medidas impugnadas no tienen afectaciones comerciales”.
De acuerdo con la Secretaría, la defensa mexicana contará con el respaldo de diversas dependencias del gobierno federal competentes en la materia: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Además, indicó que la siguiente etapa procesal consiste en la designación de los miembros del panel, quienes posteriormente emitirán un calendario procesal. “Conforme a los plazos previstos en el propio Tratado, se calcula que la decisión del Panel se pueda dar a conocer en el transcurso de 2024”.
Economía destacó que el T-MEC establece reglas claras para resolver las desavenencias entre socios comerciales, con el objetivo de brindar certidumbre a todas las partes, lo cual consideró una de las ventajas para México.
La dependencia reiteró su “disposición a cumplir con los compromisos suscritos en el T-MEC, a actuar conforme a derecho y a representar el interés nacional”.
Respecto de esta solicitud del gobierno estadunidense, el Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) señaló en un comunicado que “México conserva la facultad de adoptar y aplicar políticas para proteger el medio ambiente y la salud pública, preservar y mejorar la biodiversidad y respetar a las comunidades indígenas y sus estilos de vida”.
Añadió que es falsa la aseveración de las autoridades estadunidenses de que las políticas de México interrumpen miles de millones de dólares en el comercio agrícola entre los países, pues “no existen pruebas creíbles que respalden esta afirmación, tal y como ha determinado el análisis del IATP del estudio de modelización económica en el que se basa la afirmación de la USRT. El estudio económico fue encargado por CropLife y otras entidades de agronegocios en Estados Unidos y México, todas con fuertes intereses económicos en bloquear las restricciones mexicanas a maíz transgénico”.
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