En el último lustro se registraron oficialmente 4 mil 533 feminicidios en México, que junto con diferentes tipos de violencia contra la mujer se mantienen como pendientes en la agenda pública. En el marco del Día Internacional de la Mujer, las deudas en materia de género también incluyen la persistencia de inequidades en el empleo y la distribución de los cuidados en el hogar

El feminicidio es uno de los flagelos que más aqueja al género femenino, con más de 4 mil 533 casos en el último lustro. A ello, se suman las denuncias públicas por acoso y abuso sexual, pero también otras expresiones de la violencia de género, como la persistencia de inequidades en el empleo y la distribución de los cuidados en el hogar. Al tiempo, las políticas públicas para atender esta problemática avanzan lentamente.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) indican que en su registro, la tendencia nacional en el feminicidio en los últimos 5 años ha ido en aumento: 411 en 2015; 605, en 2016; 742, en 2017; 893, en 2018; 943, en 2019, y 939 en 2020.

En enero de 2021, el feminicidio bajó 10.7 por ciento, aseguró Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana aseguró que también otros dos delitos de género reportaron una baja respecto del mismo mes de 2020: la trata de personas, -17.8 por ciento, y la violación, -1 por ciento.

Sin embargo, para la doctora Aimeé Vega Montiel –comunicóloga e investigadora feminista–, la baja en el número de casos responde a que ha habido por parte de la autoridad, del SENSP, una “clasificación errónea de los feminicidios” al considerarlos como homicidios.

“Hemos señalado que no son comparables las muertes violentas y asesinatos de mujeres y hombres, puesto que en el caso de las mujeres, el hecho de ser mujeres, es decir, su condición de género, las coloca en una situación distinta a la de los hombres; en una situación de mayor vulnerabilidad”, dice a Contralínea la experta en temas de género.

La doctora Vega Montiel añade que la política nacional –establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia– tiene una perspectiva integral: incluye medidas, mecanismos, políticas a nivel “no solamente de la atención, sino de la prevención, pero también de la sanción y de la eliminación. Entonces no es necesario inventarnos el hilo negro, no es necesario diseñar una nueva política para el combate a la violencia contra las mujeres, sino más bien poner en práctica, llevar adelante lo que mandata la ley general”.

El principal desafío es asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que es la base y la condición para asegurar la realización de los derechos humanos de las mujeres, indica la también investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Lo que ha sucedido en los últimos 2 años, y que se ha agudizado por la emergencia sanitaria, es el debilitamiento de mecanismos institucionales, incluidas políticas, programas y presupuestos, dirigidos a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en el país; esto incluye políticas relacionadas con la operación de los refugios para las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos”, advierte.

Por su parte, la doctora en derecho Aleida Hernández Cervantes indica que los principales retos que enfrenta la mujer en México es vivir en un entorno seguro, libre de violencia; la distribución de los cuidados y la protección a los derechos laborales de las mujeres, ya que continuamente se enfrentan a actos de discriminación en sus centros de trabajo.

La también investigadora del CEIICH señala que la atención, prevención, investigación en materia de violencia es el pendiente más importante que debería de tener en primer lugar esta administración federal, pero también los gobiernos locales. “Cómo hacemos para que las políticas en estas materias se fortalezcan, debería haber un compromiso institucional muy fuerte al respecto, revisando cómo operan las fiscalías generales de justicia y la Fiscalía General de la República en materia de violencia contra las mujeres. Debe haber una evaluación del Sistema Nacional de Atención, Prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, porque está muy empolvado”.

La experta critica que, actualmente, todo este tema se remite a las alertas de violencia de género, cuando éste es un mecanismo “para atender la urgencia de la violencia feminicida y los feminicidios, pero hay todo un continuo de violencia que precede a las violencias extremas, que tiene que ver con las desigualdades entre hombres y mujeres, con las asimetrías y con el control de la vida de las mujeres por parte de la mayoría de los hombres”.

De acuerdo con el resumen ejecutivo de diciembre de 2020, Violencia feminicida en México. Retos y avances de las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres –coordinado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio–hasta el último mes del año pasado fueron solicitadas 45 Declaratorias de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en: Baja California (una), Campeche (una), Coahuila de Zaragoza (una), Colima (una), Chiapas (una), Chihuahua (una), Ciudad de México (dos), Durango (una), Guanajuato (tres), Guerrero (dos), Hidalgo (una), Jalisco (una), Estado de México (dos), Michoacán de Ocampo (una), Morelos (una), Nayarit (una), Nuevo León (una), Oaxaca (dos), Puebla (seis), Querétaro (una), Quintana Roo (una), San Luis Potosí (una), Sinaloa (una), Sonora (dos), Tabasco (una), Tlaxcala (dos), Veracruz (tres), Yucatán (una) y Zacatecas (dos).

Inequidad en distribución de cuidados

La doctora Aleida Hernández explica que otro tema por atender es el de la distribución equitativa de cuidados: hay una propuesta del Sistema Nacional de Cuidados “que habría que poner en primer lugar para analizarla, discutirla y, sobre todo, impulsar y que se concrete, pero para ello hay que hacer todo un trabajo cultural, pedagógico, social, educativo, de que las mujeres no son las que tienen que estar solas al frente de esos cuidados”.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), una manifestación de las brechas de género al interior de los hogares es la relativa al tiempo destinado al trabajo de cuidados no remunerado. “Con base en el Modelo Estadístico para la Continuidad del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares (ENIGH), en 2018 el Coneval estimó que las mujeres dedicaban 22 horas a la semana a los quehaceres domésticos y 28 horas al cuidado de otras personas, lo que equivale a 2.5 veces el tiempo que dedican los hombres a estas actividades.

“Además, en promedio, las mujeres dedican 50 horas semanales al trabajo de cuidados no remunerado. Esto se agudiza con la presencia de toda la familia en el hogar y la necesidad de adoptar las medidas de prevención en salud derivadas del confinamiento y del aislamiento social por la pandemia”, expone en su Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020.

Al primer trimestre de 2020, de acuerdo con la Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE), aproximadamente 2.7 millones de personas se encontraban trabajando en el sector salud, el cual está en la primera línea de atención a la pandemia y, de este número, 1.7 millones eran mujeres, lo que equivale a aproximadamente 63 por ciento de la población total ocupada en tal sector. Destaca que la población que labora en este sector ha experimentado un incremento significativo en la carga laboral, así como una mayor exposición al riesgo de contagio de la Covid-19 y, del total de esta población, las mujeres representan casi dos terceras partes.

Por ello la doctora Hernández Cervantes dice que con esta pandemia se ha profundizado esa desigualdad de distribución de tareas, de cuidados del hogar y de las personas. Esta situación, “ha ubicado a las mujeres también en una desventaja que se profundiza con esta enfermedad porque pierden trabajos por estar en los cuidados del hogar, de los hijos y de las personas que tienen enfermedades en la familia, que tienen alguna discapacidad o que son personas adultas mayores”.

Desigualdad laboral

La académica Aleida Hernández enfatiza que es necesario un impulso importante en materia de protección a los derechos laborales de las mujeres, “que en los centros de trabajo haya procedimientos de atención de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Ahí, se tendrían que comprometer seriamente no sólo las instituciones gubernamentales sino los empleadores y los sindicatos”.

Para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, es central lo que hacen los gobiernos, federal y locales en esta materia, pero me parece muy importante que un 8 de marzo, “hagamos un llamado a toda la sociedad, a los medios de comunicación qué papel están tendiendo en la reproducción de los estereotipos, de la violencia contra las mujeres, de cómo se difunden las notas, qué contenido se reproducen al respecto. También, en el sector educativo hay un gran espacio para la erradicación de la violencia contra las mujeres y estamos obviándolos”.

Para la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es esencial transformar el equilibrio de poder para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres y resolver las apremiantes dificultades de la época actual, desde la profundización de las desigualdades y la polarización hasta la crisis climática y la pandemia de Covid-19.

“Se ha avanzado demasiado lento en pos de la paridad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y la adopción de decisiones. Las mujeres han cumplido papeles influyentes en la adopción de decisiones políticas y en la sociedad civil, pero se ven cada vez más amenazadas por la violencia, tanto en línea como en otros ámbitos. Que se produzca un cambio transformador en pro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres depende de que haya voluntad política, de que mujeres y hombres cooperen estrechamente, de que se creen redes entre mujeres con diferentes cargos decisorios, de que las instituciones respondan a las cuestiones de género y de que se destinen más fondos a la participación de las mujeres en la vida pública”, muestra en el documento E/CN.6/2021/3, fechado el 21 de diciembre pasado.

A fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, precisa,  “es necesario lograr más rápido la igualdad de género en la adopción de decisiones. Es fundamental aplicar cuotas eficaces que no se queden cortas, designar el mismo número de mujeres que de hombres para todos los cargos públicos, eliminar la violencia contra las mujeres y permitir que participen todos los grupos de mujeres, especialmente las jóvenes, para que se hagan oír más y se logre así la igualdad de género en favor de las mujeres y las niñas”.

Para la doctora Vega Montiel, la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 ha provocado el desmantelamiento de mecanismos de derechos humanos y de participación ciudadana, que incluyen aquellos vinculados con la igualdad entre mujeres y hombres, así como con los derechos humanos de las mujeres, “lo que ha hecho la pandemia es acelerar ese debilitamiento institucional y muchos jefes de Estado lo están haciendo”.

El movimiento 8M

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de la ONU, explica que la movilización feminista y de mujeres viene en considerable aumento desde 1975, catalizada por movimientos y conferencias feministas transnacionales, y alcanzó su punto máximo después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz, que tuvo lugar en 1995. Para 2015 ya había un movimiento feminista autónomo o de mujeres en actividad en casi todos los países, con algunas variaciones regionales18. Con el tiempo, los movimientos locales y nacionales han ido forjando una solidaridad y alcanzando repercusiones sin precedentes a nivel mundial en torno a las cuestiones feministas”.

Andrea Gómez, psicoterapeuta corporal, facilitadora de círculos de mujeres y fundadora de Luna Escuela de pensamiento feminista, comenta que en México el Día Internacional de la Mujer se conmemora en un marco social que “está muy retrasado, fatal, con una respuesta política nula y hasta sarcástica, ante temas sumamente importantes, como la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Lo más importante y crucial es el mensaje que recibimos: no importa que haya denuncias de violación, un hombre puede llegar a ser gobernador; además de que las denuncias de las mujeres no van a ser tomadas en cuenta, escuchadas ni atendidas”.

Se trata, dice la experta en feminismo, de una “impunidad autorizada, pública y políticamente, que deja a las mujeres sin alternativas, completamente expuestas a una realidad sumamente violenta, en un país donde nueve de cada 10 mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas, una de cada tres mujeres ha vivido violencia sexual, donde el país es uno de los más pederastas del mundo, es decepcionante”.

Con esto, indica, también hay que darse cuenta que “estamos desmitificando el mito del amor romántico y no solamente va hacia la pareja, va hacia el gobierno, el presidente, todos lo que creíamos que nos iban a responder, hoy sabemos que no y que esa figura masculina que iba a resolver, atender, cuidar, proteger… No va a pasar en ningún piso, nivel, porque no hay injerencia, no hay nada. Escucho una derrota y también mucha rabia, no es una buena combinación, es explosiva que se verá en los próximos días”.