Desde el pasado 15 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra diversos exservidores públicos de Petróleos Mexicanos y tres particulares: María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y ejecutiva del IMCO; así como sus dos hijos Fernanda y Carlos Márquez Padilla Casar, “en razón de la presunta ilicitud en el otorgamiento de la pensión a particulares y por las autorizaciones de contenido económico que concedieron los servidores públicos para ese efecto”.

Del comunicado de prensa se desprende que la investigación se centrará en determinar la legalidad de la pensión vitalicia que desde el 8 de octubre de 2004 se le otorgó a Casar Pérez–quien entonces se desempeñaba como coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Creel–, tras el suicidio de su esposo Carlos Márquez Padilla García, quien llevaba 4 meses trabajando para la petrolera, como coordinador de asesores de la Dirección General de Administración, entonces encabezada por Octavio Aguilar Valenzuela (hermano del entonces vocero del presidente Vicente Fox).

La FGR detalló que, con fecha 5 de abril de 2024, Pemex presentó la denuncia penal por este caso. Y que el 12 de abril, “se citó a la denunciante para que precisara circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos referidos, lo que ocurrió el 15 de abril, abriéndose carpeta de investigación. De conformidad con la normatividad, se procedió a formular el plan de investigación, solicitando información que es indispensable en el caso, la cual se está recabando”.

De acuerdo con las documentaciones reunidas por Pemex, el 1 de junio de 2004 el esposo de Casar Pérez –Carlos Fernando Márquez Padilla García– fue contratado como coordinador de asesores de la Dirección de Administración de Pemex.

El 7 de octubre de 2004, el esposo de María Amparo Casar se suicidó en las instalaciones de la empresa (al arrojarse desde una ventana del piso 12 del edificio A de la Torre de Pemex en la Ciudad de México). En aquel año, la petrolera estaba encabezada por Raúl Muñoz Leos.

El 15 de octubre, su cónyuge María Amparo Casar solicitó el pago de seguro y de la pensión post mórtem, al igual que sus hijos, y ese mismo día se les autoriza, a pesar de que la reglamentación de Pemex establecía que sólo se autorizaba si se trataba de accidente, no de suicidio.

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