El gobierno federal firmó un decreto para fortalecer la transparencia en todas las dependencias de la administración pública, con el que buscará ampliar la información disponible para la ciudadanía, reducir los casos en que ésta pueda reservarse y obligar a las instituciones a publicar datos adicionales a los que actualmente exige la ley. La medida también contempla que los contratos públicos del gobierno de México se difundan mensualmente, en lugar de hacerlo cada tres meses.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el decreto tiene como objetivo hacer efectivo el principio de máxima publicidad previsto en el Artículo 6° de la Constitución y garantizar que la información generada por el gobierno sea accesible para la población.

“Hoy firmamos los lineamientos para garantizar esta transparencia”, señaló la primera mandataria al presentar el decreto, el cual posteriormente será incorporado a una iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia para que estas disposiciones también queden establecidas en la legislación.

Al detallar el decreto, la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el documento busca que todas las instituciones publiquen información más allá de las obligaciones legales, con contenidos más completos, actualizados y de consulta más sencilla para fortalecer el acceso ciudadano a la información pública.

La funcionaria detalló que una de las principales modificaciones será en materia de contrataciones públicas, ya que toda la información sobre los contratos del gobierno federal dejará de publicarse trimestralmente y pasará a actualizarse cada mes, con el propósito de que la ciudadanía tenga acceso oportuno al ejercicio de los recursos públicos.

Asimismo, anunció que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad transparentarán mayor información sobre sus empresas filiales. Entre los datos que deberán hacerse públicos se encuentran los estados financieros, los informes presentados ante agencias extranjeras, la integración de sus gobiernos corporativos, las políticas de operación y los contratos celebrados por esas empresas.

Buenrostro Sánchez agregó que la Secretaría de Anticorrupción también publicará información adicional sobre el Programa Anual de Fiscalización, estadísticas de auditorías, el seguimiento a las observaciones formuladas durante las revisiones y el padrón de despachos externos encargados de auditar dependencias y entidades públicas. Además, invitó a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los gobiernos estatales y municipales, a sumarse voluntariamente a este esquema de mayor apertura.

Como parte del decreto, la funcionaria informó que también se simplificarán los criterios para reservar información, de modo que ésta únicamente pueda clasificarse por razones de interés público o seguridad nacional, conforme a lo previsto por la Constitución. Incluso en esos casos, explicó, se privilegiará la elaboración de versiones públicas para garantizar el mayor acceso posible a la información gubernamental.

A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que con esta medida también se elimina la discrecionalidad con la que, hasta ahora, los servidores públicos podían determinar qué información permanecía reservada.  “Ya no lo dejamos a criterio del servidor público”,

Lo anterior porque, de acuerdo con lo que explicó, el decreto establece reglas específicas para definir qué información puede mantenerse temporalmente bajo reserva y qué datos deben hacerse públicos, al evitar decisiones discrecionales por parte de funcionarios de cualquier dependencia.

La primera mandataria añadió que el Portal de Transparencia continuará fortaleciéndose y que, en un plazo máximo de 30 días hábiles, incorporará más información de interés público para facilitar su consulta. También reiteró que el objetivo es garantizar el derecho de acceso a la información previsto en el Artículo 6° constitucional, y que el decreto será enviado al Congreso al inicio del próximo periodo ordinario para incorporarlo a la legislación.

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