Al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto, en noviembre de 2018, funcionarios de los sectores de Energía y Hacienda intentaron vender “al vapor” y a bajo precio el 51 por ciento de las acciones que Petróleos Mexicanos (Pemex) posee en el astillero español Hijos de J. Barreras.

En una acción concertada, funcionarios salientes del gobierno mexicano pretendían que accionistas minoritarios del astillero español se quedaran con el total de las acciones de Pemex (51 por ciento) a un precio muy castigado e impedir así la participación de la empresa petrolera mexicana en un nuevo plan de negocios para construir un crucero y otras embarcaciones que J. Barreras había pactado previamente.

Al pretender aprovecharse del momento de transición política que había en México, los accionistas minoritarios de J. Barreras (49 por ciento) emplazaron a Pemex en noviembre pasado para que en un periodo de 30 días la paraestatal les cediera toda su participación accionaria a un muy bajo costo.

Pero el equipo de transición del sector energético del gobierno de López Obrador, encabezado por el ahora director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, descubrió la operación maliciosa de los funcionarios mexicanos y ordenó frenarla a cualquier costo, bajo el argumento de que necesitaba información a detalle sobre esa compra-venta accionaria y solicitó a los españoles tiempo para analizar la sociedad que aún tienen con Pemex.

En las primeras investigaciones al tomar las riendas de Pemex, Romero Oropeza encontró que aun cuando la petrolera mexicana es la socia mayoritaria y que la compra de acciones del astillero a finales del gobierno panista de Felipe Calderón (2012) sirvió para evitar su quiebra, ningún funcionario de Pemex ha podido presidir el Consejo de Administración del astillero, lo que va en contra de toda lógica de negocios.

Además, el contrato de inversión fue totalmente desventajoso para México, pues Pemex no sólo no presidiría el Consejo, sino que los accionistas minoritarios podían emplazarla en cualquier momento para terminar con la sociedad.

Aunque la compra del 51 por ciento de las acciones del astillero J. Barreras por parte de Pemex se concretó dos meses antes de concluir el gobierno de Felipe Calderón, ese compromiso había sido pactado con los españoles cinco años antes por Juan Camilo Mouriño (muerto en un avionazo el 4 de noviembre de 2008), amigo y colaborador muy cercano del exmandatario.

El primer acuerdo de negocios pactado era salvar al astillero de la quiebra mediante la construcción de dos floteles (buques-hotel) para Pemex, los cuales darían servicio decían a trabajadores que laboran en plataformas petroleras de México.

Fue así como la empresa española J. Barreras construyó uno en su astillero de la ciudad de Vigo, a un costo de 180 millones de dólares, pero ese buque hotel está subutilizado hasta la fecha en la Sonda de Campeche, debido a que es un hotel tan grande que nunca se llena.

Para la construcción del segundo flotel J barreras subcontrató a la naviera estatal Navantía, empresa ubicada en Santiago de Compostela y que fue investigada por supuestos actos de soborno y chantaje a funcionarios del gobierno de Venezuela. Sin embargo, desde que construyeron el buque-hotel embarcación quedó abandonado.

Ante el pésimo negoció que significó para las finanzas de Pemex, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se intentó rematar ese buque-hotel en el mercado mundial, pero la oferta más alta recibida apenas ascendía a 50 millones de dólares, por lo que venderlo representaba pérdidas por unos 130 millones de dólares para el gobierno mexicano.

Doce años después Calderón sigue haciendo daño

La historia de la compra accionaria por parte de Pemex del astillero español J. Barreras se remonta al gobierno de Calderón, cuando su subalterno Juan Camilo Mouriño (nacido en España el 1 de agosto de 1971), jefe de la Oficina de la Presidencia, se comprometió en 2007 ante empresarios gallegos a beneficiarlos con el otorgamiento de contratos de Pemex para la construcción de buques. Pero aquella promesa tardó en cumplirse cinco años por el fallecimiento de Mouriño en un accidente aéreo ocurrido en la Ciudad de México.

Así fue como a dos meses de concluir su administración, Calderón ordenó en octubre de 2012 al entonces director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, concretar la firma de los dos contratos con astilleros de Galicia para construir un par de buques-hotel.

El monto involucrado en aquella operación rondaba los 290 millones de euros (377 millones de dólares) por los dos buques, y aunque Pemex debió convocar a licitación pública internacional para ambos contratos, como lo establecen las leyes mexicanas, Calderón ordenó hacerlo directamente con los astilleros españoles para cumplir la promesa de su amigo Juan Camilo Mouriño.

La referencia de aquella promesa de Juan Camilo con sus paisanos españoles quedó publicada el 18 de julio de 2007 en el diario La Voz de Galicia, en donde se informa que “durante una fugaz estancia en esa provincia española, Juan Camilo Mouriño, de origen gallego, ofreció a los dueños de varios astilleros un pedido masivo de buques pesqueros, petroleros y de todo tipo de embarcaciones, para renovar la flota marítima a cargo del gobierno federal (de Mexico)”.

La monumental compra que una operación de esa naturaleza implicaba –como declaró a la prensa española el entonces jefe de la Oficina de la Presidencia de México– se realizaría a cambio de transferencia de tecnología y de la inversión extranjera directa que, un año antes de la crisis global, simplemente se daban el lujo de escoger minuciosamente a sus clientes.

La promesa de Mouriño en aquel año fue adquirir 14 buquetanques para Pemex, siete construidos en los astilleros gallegos y otros siete se armarían en astilleros mexicanos con tecnología de Galicia.

Doce años después de aquellos negocios armados por Mouriño y Calderón, Pemex enfrenta aún las consecuencias y apenas en noviembre pasado el director de Pemex debió cancelar una operación que estuvo a punto de concretarse con pérdidas millonarias para México.

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