Cada vez surgen más evidencias del abuso cometido por quienes estuvieron, durante años, al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y que fondearon con recursos públicos a decenas de asociaciones civiles sin que la nación tuviera beneficios por ello: en la mayoría de los casos no existen entregables de su trabajo a favor del conocimiento; peor aún, lo que hay son algunos desvíos multimillonarios de recursos públicos (peculado).

No obstante el daño al erario nacional, hay una narrativa mediática que busca ocultar la corrupción bajo el falso argumento de que existe una persecución política en contra de la comunidad científica; cuando lo que en realidad está pasando es que se está ventilando la podredumbre en las cúpulas de la ciencia, un sector privilegiado que cierra filas para garantizar su impunidad.

Parte de las pruebas de la corrupción en el Conacyt se encuentra en los archivos de la Secretaría de la Función Pública (SFP): decenas de auditorías que ha practicado a los fideicomisos de la ciencia y que dan cuenta del flujo millonario que permanentemente nutrió a un grupo minúsculo sin mérito, que pocas veces concursó por los recursos, pues estaba acostumbrado a traficar influencias. Estiraban la mano para darse la gran vida de lujo a costa del dinero de los mexicanos.

Una de esas auditorías elaborada por el Órgano Interno de Control es la 13/2019, que documenta dos casos de presuntas irregularidades. En esta columna sólo se da cuenta de uno de ellos: el que corresponde a la transferencia de fondos públicos al Centro de Investigación en Matemáticas, AC (Cimat), y que determinó un monto por aclarar de 21 millones 226.95 mil pesos, equivalente al 92.5 por ciento del total que recibió.

Caso Cimat

La historia comenzó en 2015: como resultado de la convocatoria del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt–gobierno de Zacatecas –2015-02 “Creación de Centros de Investigación”–, el Comité Técnico y de Administración autorizó el acuerdo ZAC/2015/SE-01/03, para otorgar un total de 22 millones 990 mil 194.91 pesos a la asociación civil.

El proyecto fondeado tuvo por objeto el “diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del Centro de Investigación en Matemáticas-unidad Zacatecas, en el campus de Innovación Tecnológica de Zacatecas”. Con clave ZAC-1015-COl-263501, éste se formalizó el 4 de septiembre de 2015.

En su apartado “Comprobación y ejercicio del recurso ministrado al sujeto de apoyo”, el reporte de resultados de la auditoría revela que de la revisión a los recursos entregados al Cimat conforme a lo establecido en el convenio de asignación de recursos, así como de la verificación del cumplimiento de requisitos fiscales de los comprobantes que amparan el gasto en una muestra de 22 millones 136 mil 484 pesos –96 por ciento del importe ejercido en el proyecto­–, la SFP determinó las siguientes anomalías:

No se pudo verificar que Constructora Cal y Arena, SA de CV, ejecutara los trabajos de construcción de acuerdo con el programa de obra estipulado en el contrato CIMAT-DA-OP-02/16 (suscrito el 6 de junio de 2016, por 16 millones 637 mil 505.53 pesos más IVA). “No se proporcionó dicho documento, no obstante que se establece en el cuarto párrafo de la cláusula décima octava del contrato”.

Los auditores encontraron que en la bitácora electrónica de la obra no se incluyó evidencia de la notificación de la terminación de los trabajos comprometidos por parte del contratista, para dar inicio al procedimiento de recepción de los trabajos, conforme lo establece el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPSRM).

Otra anomalía fue que, aunque la cláusula segunda del contrato estableció que los trabajos concluirían el 29 de octubre de 2016, dos días antes de eso se formalizó un convenio modificatorio para extender el plazo al 4 de diciembre de ese año. “No obstante, las actas de recepción de los trabajos y de finiquito se formalizaron el 17 de agosto de 2017 identificando que el contrato y convenio modificatorio formalizados no establecieron los plazos de ejecución de los trabajos; así como los plazos para verificar la terminación de los mismos y la elaboración del finiquito, de conformidad a lo establecido en el artículo 46, fracción VII de la LOPSRM”.

El 12 de noviembre de 2019, la encargada del Departamento de Adquisiciones del Cimat informó a la SFP –memorándum CIMADQ/MEMO/059/19– de un segundo contrato –el ClMAT-FA-OP-77/17– por 1 millón 222 mil 30.96 pesos más IVA. Éste se celebró por adjudicación directa el 1 de agosto de 2017 y también favoreció a Constructora Cal y Arena. Su objeto fue la “ampliación de la etapa I de la obra diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del Cimat unidad Zacatecas”.

Al respecto, los auditores determinaron que “no se acreditó que se realizó la investigación de mercado”, misma que permitiría que se obtuvieron las mejores condiciones para el Estado y, por tanto, se evitaron pérdidas o costos adicionales importantes, de conformidad con el artículo 74, fracción 11 del RLOPSRM”.

Otra irregularidad tuvo que ver con la vigencia del contrato: originalmente se planteó su conclusión el 29 de octubre de 2016, pero con el convenio modificatorio pasó al 4 de diciembre de ese año. “Sin embargo, el contrato CIMAT-FA-OP-ll/17 adjudicado de manera directa se formalizó el 1 de agosto de 2017, es decir con posterioridad a la fecha en que concluyó el contrato CIMATDA-OP-02/16 y su convenio modificatorio, por lo que no se cumple con lo señalado en la fracción 11 del artículo 74 del RLOSRM”.

Aunado a lo anterior, la SFP señaló que no hay evidencia de la dictaminación realizada por el titular de la dependencia, oficial mayor o su equivalente sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública. También, que el contrato celebrado no establece, en su contenido, la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar; tampoco los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos; ni del plazo de ejecución de los trabajos; los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito.

Tampoco se proporcionó el programa de obra, “por lo que no se pudo verificar que el contratista ejecutara los trabajos convenidos de acuerdo con lo establecido en el programa”.

Otras anomalías

Otras irregularidades detectadas fueron, por ejemplo, los bienes no identificados. En la visita in situ realizada a las instalaciones del Cimat campus Zacatecas, si bien se exhibieron cinco bienes por un importe de 231 mil 150.06 pesos, registradas en el rubro equipo de cómputo y telecomunicaciones, no fue posible validar que correspondan a los adquiridos, incumpliendo con la cláusula cuarta del convenio de asignación de recursos.

La asociación civil tampoco presentó a la SFP la documentación que acredite que los pagos realizados correspondan a servicios efectivamente recibidos: “no se tiene evidencia de la recepción de los trabajos relativos a la contratación del ‘proyecto ejecutivo Cimat Zacatecas’; así como del finiquito y terminación del contrato encomendados al proveedor Constructora y Control de Proyectos, SA de CV; toda vez que no se proporcionó documento de la formalización del acta de entrega y recepción física de los trabajos ni acta finiquito del contrato CIMAT-FA-OP-13/15, por un importe de 984 mil 476.92 pesos, que incluye IVA”.

Éste es apenas uno de las decenas de ejemplos de cómo se mal ejercía el dinero público, asignando contratos directos, incumpliendo las fechas, omitiendo las evidencias de que lo construido era lo que se contrató. Todo, al amparo de la discrecionalidad de los fideicomisos del Conacyt. Su extinción, por tanto, fue tan sólo el primer paso para acabar con tanta corrupción en esa dependencia que ahora está obligada a resarcir a los mexicanos en una de las materias más urgentes: la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad, y no de un puñado de personas.

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