En el último año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a 1 mil 351 funcionarios por sanciones administrativas. Además, un total de 705 servidores públicos fueron amonestados, 599 resultaron suspendidos y 219 recibieron sanciones económicas por un total de 3 mil 658 millones de pesos.
Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, informó que la SFP presentó 134 denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República por presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y falsificación de documentos. Asimismo, aseguró que remitió 300 expedientes por fraude de recursos y abuso de funciones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Salcedo Aquino detalló que el 80 por ciento de los actos de corrupción ocurre en la obra pública y en las compras, por lo que la Secretaría estructuró una unidad administrativa especializada y fortaleció el rastreo de los procesos con dos sistemas informáticos: la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública.
El seguimiento del último año resultó en la sanción de 155 licitantes y proveedores por proporcionar información falsa, actuar con dolo en los procedimientos de contratación e incumplir obligaciones contractuales, con multas por un total de 154 millones de pesos. Esta cifra, explicó el secretario, fue 300 por ciento superior a la reportada en el periodo anterior.
Como parte del tercer informe de gobierno del Poder Ejecutivo federal, el titular de la SFP refirió que se realizaron visitas de seguimiento para acompañar el desarrollo de 20 de los 35 programas y proyectos prioritarios del gobierno federal, con el objetivo de “prevenir irregularidades e impulsar una gestión austera”. El acompañamiento representó una cobertura del 74 por ciento del presupuesto ejercido, es decir de 400 mil millones, de los 542 mil millones de pesos asignados a dichos programas.
El secretario Salcedo Aquino afirmó que resultados y satisfacción ciudadana son los conceptos clave que guían la misión institucional de hacer prevalecer la cultura de la eficacia. Recordó que los funcionarios ejecutores del gasto son los responsables del cumplimiento de las metas y objetivos consignados en los planes presupuestales.
“La eficacia cierra los espacios a la corrupción. Si hay que cumplir metas y alcanzar objetivos, las oportunidades de que ocurran actividades irregulares se reducen a la mínima expresión”, recalcó.
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