El abogado salinista Juan Collado estaba causando muchas molestias en Palacio Nacional. La más reciente fue la ostentosa boda de su hija (en la cual se trasladó a bordo de un Rolls Royce) a la que acudieron dos expresidentes de México de extracción priísta: Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Además, asistieron el ministro Manuel Medina Mora, senadores y otros políticos, en una demostración de poder que incomodó mucho al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, las investigaciones judiciales no acaban con la detención del abogado de los Salinas (Carlos y Raúl), quien operó varias acciones en contra de López Obrador, como las acusaciones contra René Bejarano en colusión con Carlos Salinas y el panista Diego Fernández de Ceballos. Y es que la justicia podría caerle también al exconsejero jurídico Humberto Castillejos Cervantes, y a su primo, el exprocurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, así como también al exdirector del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), Alberto Baz Baz. Estos últimos han formado un equipo que trabaja con información confidencial gubernamental para asesorar a clientes mafiosos y así ganar mucho dinero.

Literalmente se trata del “cártel de los abogados”, revela una fuente cercana a los litigantes que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se enriquecieron con la simulación de la aplicación de la justicia.

Hasta el año pasado, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se mantenía como el despacho de litigios particulares del presidente en turno Enrique Peña, a quien todos ignoraban y engañaban.

Ahora, con la detención de Collado, el resto de los juristas prendieron sus focos rojos y ya empiezan a idear sus estrategias jurídicas para poder librarse de la cárcel.