El gobierno de México publicó el informe para definir su estrategia de soberanía energética frente a la importación del 75 por ciento del gas natural consumido desde Estados Unidos. La postura oficial aclara que aún no existe una decisión definitiva sobre autorizar la explotación mediante fracking, y precisa que las tres acciones inmediatas –energías renovables, eficiencia energética y gas convencional– por sí solas no logran reducir la dependencia al 50.5 por ciento en 2030, sino que esa meta representa el objetivo final de la propuesta integral en caso de ejecutarse la estrategia en su totalidad.

El diagnóstico revela que mientras en el año 2010 las importaciones de gas natural representaban apenas el 21 por ciento del volumen consumido en el país, hoy en día esa cifra alcanza el 75 por ciento.

De acuerdo con la información compartida a través de los canales oficiales del gobierno federal, este panorama representa un riesgo para la seguridad nacional, debido a que en México se consumen diariamente 9.1 mil millones de pies cúbicos de gas natural, recurso esencial con el que se genera actualmente el 70 por ciento de la energía eléctrica de todo el país.

No obstante, la gran mayoría del gas importado desde Estados Unidos proviene de yacimientos no convencionales extraídos mediante técnicas de fracturación hidráulica o fracking. Frente a ello, la hoja de ruta definida por el Comité Científico determina tres acciones prioritarias e inmediatas que el país debe ejecutar antes de considerar el desarrollo de nuevas fuentes de gas en territorio nacional.

En primer lugar, se establece la necesidad de acelerar la incorporación de energías renovables para incrementar la participación limpia en la matriz de generación eléctrica del 24 por ciento actual a 38 puntos porcentuales para el año 2030.

En segundo lugar, se plantea la implementación de programas nacionales de aprovechamiento y eficiencia energética orientados a optimizar el consumo en industrias, edificios públicos, electrodomésticos y maquinaria.

En tercer lugar, se estipula maximizar la producción nacional en yacimientos de gas convencional y erradicar drásticamente la quema y desperdicio de gas asociado en los campos petroleros de Petróleos Mexicanos.

Respecto a la interrogante sobre si el gobierno de México autorizará la extracción de gas en yacimientos no convencionales dentro del país, la postura oficial dictaminada es negativa por el momento.

Aunque México cuenta con un potencial estimado de 141.5 millones de millones de pies cúbicos de gas en este tipo de formaciones rocosas, las autoridades aclararon de forma contundente que no se ha tomado la decisión de explotarlo, pues se requiere corroborar primero la viabilidad técnica real mediante estudios geofísicos y asegurar el cumplimiento de estrictos estándares de protección.

De lograrse los objetivos de la propuesta integral, México proyecta reducir la dependencia de gas importado del 75 por ciento actual al 50.5 por ciento para el año 2030.

En materia territorial, la evaluación científica delimitó diferencias claras entre las distintas regiones con potencial de gas no convencional. Por un lado, se determinó la prohibición de cualquier actividad de extracción no convencional en la cuenca Tampico-Misantla –que abarca zonas de Veracruz, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí– debido a criterios de preservación ambiental, alta biodiversidad, densidad poblacional y factores sociales.

Por otro lado, en las regiones de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos –ubicadas en Coahuila, Nuevo León y el noreste de Tamaulipas– únicamente se recomendó continuar con estudios científicos de viabilidad geofísica, al aclarar que esto no implica una autorización de uso de suelo ni una decisión de explotación comercial.

Asimismo, para cualquier eventual avance en las zonas de estudio se establecieron líneas rojas e insustituibles condiciones ambientales y sociales. Entre ellas, destaca la prohibición absoluta de utilizar agua superficial o subterránea destinada al consumo humano o agrícola; únicamente se permitirá el uso de agua salada de formaciones profundas –previa certificación de que no exista conexión con acuíferos someros– o agua residual, lo que exige un reciclaje mínimo del 75 por ciento del volumen empleado.

También se prohíbe el uso de aditivos químicos tóxicos, lo que obliga el uso de circuitos cerrados y transparencia total de insumos, al tiempo que se exige la realización de procesos de consulta previa, libre e informada con las comunidades locales, junto con la implementación de un sistema de monitoreo científico e independiente sobre la calidad del agua, los ecosistemas y la actividad sísmica.

Finalmente, las conclusiones integrales formuladas por el Comité Científico se articulan en diez puntos estratégicos que rigen esta propuesta: en primer lugar, la incorporación acelerada de fuentes renovables para la generación eléctrica; en segundo lugar, la optimización del consumo mediante programas nacionales de eficiencia energética; en tercer lugar, el incremento de la producción propia de gas convencional acoplado a la eliminación del gas enviado a antorcha; en cuarto lugar, la prohibición formal y tajante a la extracción no convencional en la cuenca Tampico-Misantla.

En quinto lugar, la limitación de perforaciones exclusivamente a la certificación de agua salada profunda sin conexión a mantos freáticos; en sexto lugar, la confirmación geofísica precisa del volumen real de reservas; en séptimo lugar, la adopción de las mejores tecnologías operativas para mitigar riesgos e impactos ambientales; en octavo lugar, la garantía de procesos de consulta previa, libre e informada para las comunidades locales; en noveno lugar, el fomento del desarrollo económico regional mediante empleos y proveeduría local; y, en décimo lugar, el establecimiento de un esquema de supervisión y monitoreo científico independiente sobre el agua, los ecosistemas y la actividad sísmica en todo el territorio.

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