El expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont Urueta, tendrán que responder ante tribunales mexicanos y de la Corte Penal Internacional, por su intervención como jefe y secretario de Estado respectivamente, por frenar la aplicación de justicia en el crimen que costó la vida a 49 niños y niñas en el incendio de la guardería ABC [ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora]. Además, por desviar las investigaciones que involucran directamente a miembros de la familia de Calderón, entre ellos su esposa Margarita Zavala y su prima Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella; así como por impedir que los menores de edad sobrevivientes del incendio fueran trasladados a hospitales especializados en Estados Unidos para evitar una condena internacional a su criminal gobierno.
Las trascendentales declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea –del 22 de febrero de 2022, durante la presentación del libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, acusan directamente a Felipe Calderón de “autoritarismo” al ordenar directamente a su personero Fernando Gómez-Mont Urueta –entonces secretario de Gobernación al momento de la tragedia– de torcer e impedir la aplicación de justicia en contra de los responsables de la muerte de los 49 infantes y las graves lesiones de otro centenar.
El crimen de los 49 niños y niñas no prescribe, por lo cual el expresidente Calderón y su cómplice el abogado Gómez-Mont tendrán que ser citados en tribunales mexicanos para que rindan cuentas por su intervención directa al impedir la aplicación de justicia. Y como también existe una denuncia penal en contra del exprimer mandatario por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya, este delito denunciado por el ministro Arturo Zaldívar podría sumarse a dicho proceso penal internacional.
El ministro Zaldívar declaró: “el asunto que más me ha conmovido desde que soy ministro, el que siempre he considerado más cercano y que fue mi bautizo como ministro, es el de la guardería ABC.
“Cuando hoy veo el tiempo que le ha costado a algunos de mis compañeros aclimatarse en la Corte, tomo conciencia de lo importante que era tener a los dos meses de haber llegado a este asunto y el tamaño de la jugada que me quisieron hacer mis compañeros ministros chamaqueándome, pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno, y nunca se esperaron que yo fuera a presentar un proyecto como el que presenté.
“Previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación (Fernando Gómez-Mont Urueta) que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas, y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos.
“En un momento me dice el secretario (Gómez-Mont): ‘Dice el presidente que no te apoyamos para esto’. Y le dije, ‘Dile al presidente que postuló a un ministro, no designó a un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños’. Y allí terminó la plática.
“Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia. Firmé dos ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave, y que si a las ocho y media de la mañana yo no estaba en la Corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte.
“Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente (Margarita Zavala Gómez del Campo), para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no se cuántas cosas, sin ninguna autoridad moral para decirlo, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento.”
Las palabras del presidente de la Corte son contundentes. Lo que sigue sería juzgar a Calderón Hinojosa por grave violación a los derechos humanos y por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de servidores públicos para la comisión de un crimen, tráfico de influencias, abuso de poder, corrupción, y delitos contra la salud por impedir la atención médica inmediata a los bebés quemados.
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