Al no conseguir ningún candidato la cifra de votos requerida, Guatemala llama a una segunda vuelta de un proceso electoral cuestionado e irregular desde el principio

Ciudad de Guatemala, Guatemala. El pasado 25 de junio, se realizaron las elecciones generales para elegir al presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso de la República, 20 diputados supranacionales al Parlamento Centroamericano y 340 gobiernos municipales.

Estuvieron convocados 9 millones 300 mil guatemaltecos habilitados para emitir su voto tanto en el interior como en el exterior del país. Participaron 30 organizaciones políticas y 22 binomios presidenciales. Bajo argumentos diferentes, tres binomios presidenciales fueron impedidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de participar en el proceso de inscripción de candidatos.

Desde sus inicios, el proceso electoral 2023 estuvo y está cuestionado por las irregularidades y arbitrariedades que el mismo TSE cometió o permitió. Los resultados electorales del 25 de junio –denunciados de fraudulentos– dieron como ganadora a Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con el 15 por ciento de votos. En segundo lugar, quedó Bernardo Arévalo del partido Semilla con el 11 por ciento. Al no conseguir ningún candidato el 50 por ciento más uno de los sufragios, habrá una segunda vuelta electoral el próximo 20 de agosto.

Entre las novedades, el voto nulo superó el 17 por ciento; el abstencionismo, cerca del 40 por ciento, y el voto en blanco, el 7 por ciento. El Congreso de la República continuará bajo el control mayoritario de la derecha conservadora.

Un proceso electoral cuestionado desde sus inicios

A nivel nacional e internacional, actores diferentes alertaron y convocaron al Estado de Guatemala –al TSE en específico– a apegarse a la legalidad en la organización y realización del proceso de las elecciones generales. Sin embargo, actuaron al contrario: promovieron y permitieron las irregularidades cuestionadas e interpeladas en la ciudadanía. Desde el inicio, el proceso fue irregular en cuanto a inscripción o exclusión de candidaturas se refiere.

Candidatos constitucionalmente impedidos fueron inscritos por el TSE

En el artículo 186, la Constitución Política de Guatemala establece que descendientes de exdictadores no pueden participar como candidatos a la primera magistratura del país. Sin embargo, Zury Ríos –hija del dictador Ríos Montt (1982-1983), quien fue sentenciado a 80 años de cárcel por genocidio– fue inscrita para la presidencia por el partido político Valor.

El mismo artículo constitucional prohíbe a jerarcas y pastores de las iglesias obtener candidaturas a cargos de elección popular. El partido político UNE inscribió a un pastor evangélico como candidato a la vicepresidencia y así va a la segunda vuelta electoral.

Candidatos constitucionalmente permitidos fueron excluidos del proceso electoral

El Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) –organización política fundada y nucleada por comunidades indígenas y campesinas, la cual quedó en cuarto lugar en las elecciones generales de 2019– fue excluido por el TSE al impedir la inscripción de su binomio presidencial. Ello, bajo el argumento de que su candidato a la vicepresidencia, Jordán Rodas –exprocurador de los Derechos Humanos– carecía de finiquito –control administrativo emitido por la Contraloría General de Cuentas–. Aunque mostró la existencia de dicho documento, el sistema judicial ratificó la exclusión.

De igual manera, la proscripción del candidato a la presidencia del partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, así como del presidenciable por el partido Podemos, Roberto Arzú –ambos opuestos al gobierno actual–, generaron protestas. Restaron credibilidad y transparencia al proceso electoral.

Candidatos con denuncias de narcoactividad, e incluso con sentencias judiciales, fueron inscritos

Mientras el TSE excluía a los aspirantes presidenciales incómodos al gobierno y al sistema –en el caso del Movimiento para la Liberación de los Pueblos–, la misma entidad registraba pretendientes a diputados o a alcaldes con serias denuncias de narcotráfico. En algunos casos, personas que hicieron apologías públicas a la narcoactividad.

El caso de la inscripción del candidato a Diputado, Manuel Baldizón –condenado a la cárcel por lavado de activos en Estados Unidos y con procesos penales pendientes–, por el partido Cambio es una muestra patética de la conducta permisiva del TSE. Dicha candidatura fue impugnada y excluida del proceso electoral.

Resultados de la primera vuelta legalmente enturbiados

Si bien el proceso electoral tuvo esporádicos actos de protesta en las calles contra la arbitrariedad del TSE, el acto en sí transcurrió con tranquilidad durante el día de las votaciones. Con excepción de seis municipios, en los cuales el proceso fue anulado y se repetirá el próximo 20 de agosto.

Contra las encuestas publicadas, los resultados dieron como segundo ganador al partido Semilla con Bernardo Arévalo al frente. Al igual que la UNE, es un partido que se declara socialdemócrata. Este ascenso fue una sorpresa. En especial para los sectores conservadores del país, quienes miran el fantasma de la Revolución Nacional truncada de 1944, misma que fue encabezada y presidida por Juan José Arévalo, padre del actual candidato.

Ante este resultado “inesperado”, nueve partidos políticos exigieron al sistema judicial que ordene al TSE la revisión de actas de escrutinio. Y así comenzó la judicialización de las elecciones. De forma simultánea, salió la sentencia de un juzgado “ordenando la anulación de la personería jurídica de Semilla por ilegalidades cometidas en el proceso de su constitución como partido”.

En resumen, amparos y resoluciones judiciales van y vienen. Mantienen al electorado y al país en zozobra de cara a lo que pueda ocurrir el 20 de agosto. E incluso después de esa fecha como consecuencia de estas elecciones generales “poco transparentes”.

En medio están el gobierno y la Embajada de Estados Unidos que –como en ningún otro caso– salieron en defensa de Semilla. Exigieron respeto a los resultados de la primera vuelta. Sin embargo, lo cierto es que existe una sentencia judicial que ordena la anulación de la personería jurídica de este partido.

Segunda vuelta sin debate ni propuestas programáticas

Si ya el proceso electoral y los resultados de la primera vuelta estaban deslegitimados por la arbitrariedad y la disputa política entre el sistema judicial –Corte Suprema de Justicia– y los jueces electorales –TSE–, además del silencio complaciente del gobierno de Alejandro Giammattei, la emotiva atmósfera electoral construida para la segunda vuelta afianzó la incertidumbre y la desvirtuación de lo que se entiende por “democracia”, según estándares internacionales.

Al parecer, la batalla judicial electoral en curso tiene por finalidad generar una cortina de humo para que el electorado vaya a las urnas sin antes meditar los asuntos trascendentales del país que le tocará enfrentar al siguiente gobernante. Entre estás cuestiones importantes están:

Corrupción. Aparte de la promesa del partido Semilla, la cual indica que traerá de vuelta a jueces y fiscales refugiados en el exterior para reformar el sistema judicial, el electorado no conoce cómo y en qué consiste la “lucha contra la corrupción”. La UNE –cuya candidata a la presidencia, Sandra Torres, ya estuvo detenida por “asociación ilícita”– calla sobre esta interrogante coyunturalmente sensible para el país.

Narcotráfico. Desde diferentes comunidades y municipios se hicieron reiteradas denuncias públicas en las redes sociales sobre la compra del voto por parte de candidatos locales y departamentales, quienes pagaron hasta 1 mil 500 quetzales –equivalente a 200 dólares–. Además, políticos con serias denuncias de narcotráfico fungieron como candidatos para alcaldes y diputados. Sin embargo, éstas y otras variables –que determinaron las elecciones de la primera vuelta– no fueron ni son materia de debate electoral.

Las instituciones públicas llamadas por el poder judicial a realizar las investigaciones legales se agotan en defender el proceso electoral o impulsar carpetas judiciales contra el partido Semilla.

Neoliberalismo. El sistema neoliberal vigente en Guatemala no fue ni es materia del debate electoral. A pesar de las consecuencias dolorosas para los pueblos y para el propio país. La única organización política que lo cuestionó –mediante su propuesta de revisión de los contratos de privatización– fue el Movimiento para la Liberación de los Pueblos.

Tanto Semilla como la UNE son partidos políticos que no plantean la necesidad de debatir o superar el sistema neoliberal vigente en sus programas de gobierno.

Desigualdad socioeconómica. Cuando surgió la “euforia de lucha contra la corrupción” en 2015, el 59 por ciento de los guatemaltecos se encontraba en situación de pobreza. En 2022, la cifra se incrementó al 63 por ciento de los ciudadanos, quienes se encontraban en situación de pobreza multidimensional.

La hambruna. Las consecuencias de la disminución de los medios de vida y de los impactos del cambio climático arrecian en el país. Aunque las remesas económicas de migrantes –que representan más del 20 por ciento del Producto Interno Bruto– “atenúan” esta realidad. Este asunto fundamental de la desigualdad social tampoco es materia del debate electoral con miras a la segunda vuelta.

Plurinacionalidad silenciada. Otro tema que tiende a renaturalizarse es el racismo y el despojo colonial de los territorios de pueblos indígenas. Ni Semilla ni la UNE contemplan el desafío de reconocer e implementar los derechos colectivos de los pueblos como son: derecho a la consulta previa, derecho al territorio, derecho al autogobierno, entre otros. Según los resultados del 25 de junio, el Congreso de la República tendrá menos presencia indígena y de mujeres. Esas y otras cuestiones no están en debate.

Y, para sorpresa de propios y extraños, las organizaciones indígenas –que se proclamaron como “plurinacionales” en algún momento – llaman al voto para Semilla. Ésto sin valorar los fines geopolíticos o antiplurinacionales que están detrás de las propuestas políticas. De esta manera, el próximo 20 de agosto, Guatemala decidirá por más neoliberalismo, mayor racismo y el continuo despojo de los territorios indígenas.

Ollantay Itzamná/Prensa Latina*

*Investigador, abogado y antropólogo quechua. Corresponsal y columnista de varios medios alternativos de América Latina

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