Para Daniela Villavicencio y otros presos políticos acabó la pesadilla que inició el 30 de septiembre de 2016 –cuando, mediante un operativo del gobierno del Estado de México en el que participaron más de 1 mil policías, granaderos y militares con lujo de violencia saquearon y destruyeron casas y detonaron armas de fuego, amedrentaron a familias y detuvieron con lujo de violencia y sin ordenes de aprehensión por defender sus tierras–: obtuvieron su libertad por inconsistencias en el proceso.
La medida forma parte de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer justicia a más de 537 presos políticos del país que injustamente permanecen en prisiones en diferentes estados de la República, explicó en la conferencia matutina el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que hasta hoy los trámites son muy engorrosos y complejos, porque tienen que ver con una visión coercitiva en la aplicación de la justicia. “Estamos analizando la posibilidad de aplicar, de conformidad con la ley, procedimientos más ágiles, expeditos para liberar a quienes injustamente están en las cárceles del País, muchos inocentes, mucha gente que, por distintas razones, está en prisión y debería de gozar de libertad”.
Beatriz Pérez, Francisco Ceballos, Fermín Esquivel, Cutberto Sánchez García y otros fueron detenidos sin aplicar su derecho de inocencia, se les vinculó a proceso según la causa penal 1146/2017 por delitos fabricados de robo con violencia, lesiones y privación ilegal de tres personas, y fueron detenidos luego de la denuncia que presentaron supuestos dueños de sus tierras de la comunidad de Salazar en Lerma Estado de México.
Encinas explicó que al momento han sido liberados 31 personas y se desahogan todos los casos con expedientes y fichas concretas, al tiempo que se revisan 538 casos por detenciones indebidas y declaraciones obtenidas por tortura y otras irregularidades en el debido proceso.
Cutberto Sánchez expresó que fueron criminalizados por altos intereses económicos y políticos que pretendían apoderase de su patrimonio ancestral de 200 hectáreas en agravio de 500 familias en conflicto agrario con la comunidad de Tarasquillo, que demandaron restitución de tierras “que nunca han poseído”, luego de que un tribunal agrario de Toluca resolvió la improcedencia del recurso interpuesto por los quejosos y ordenó el respeto a la posesión histórica de la propiedad.
López Obrador dijo que con esta acción se consolida la función de la Segob como defensora de los derechos humanos y se analiza posible aplicar procedimientos más ágiles y expeditos para liberar a los presos políticos del país, campesinos, indígenas, defensores ambientalistas y de derechos humanos, así como a quienes se les fabricaron delitos en gobiernos anteriores, sobre todo a los opositores contra la mal llamada reforma educativa.
Los procesados fueron puestos en libertad el pasado 23 de mayo, al resolverse que se violaron sus derechos y no había elementos para mantenerlos en la prisión de mediana seguridad de Santiaguito, municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, por defender 210 hectáreas de bosques y tierras comunales.
Antes de ingresar a Palacio Nacional, los expresos políticos acusaron a Carlos Slim, Emilio Azcárraga y al hijo de Fidel Herrera de estar al frente de la especulación de sus tierras, pero en la conferencia aseguraron que, si bien estos personajes sí tienen ahí residencias, no son los responsables, sino otras personas con alto poder económico y político que no conocen.
López Obrador garantizó a los habitantes de Salazar que no deben tener miedo a represalias, pues los cuentan con el respaldo del presidente. “Estas medidas aplicarán para quienes están en prisión por ser no tener recursos, ancianos que nunca tuvieron defensores, indígenas que no hablan castellano o por pobreza, no pudieron pagar sus fianzas”, anotó.
José Réyez
