El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) identificó 933 mil viviendas “emproblemadas” en el país, debido a las malas prácticas de administraciones anteriores, las cuales generaron el diseño de créditos impagables; la contratación de despachos con prácticas ilegales; y la construcción de viviendas alejadas a las zonas urbanas y sin servicios, indicó el director general del Instituto, Octavio Romero Oropeza.

Del universo total de las 933 mil viviendas “emproblemadas”, señaló que 131 mil están inmersas en juicios masivos; 216 mil fueron adjudicadas, pero sin la posibilidad de ser escrituradas por los juicios masivos fraudulentos; 89 mil corresponden a problemas propios del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste); y 497 mil son viviendas que presentan adeudos o están en “cartera vencida”.

Sobre el caso de las viviendas con adeudos, Oropeza explicó que se deben “al famoso crédito impagable o a que se asignaron esas viviendas muy retiradas; la gente, quizá, no las ocupó nunca. El problema aquí es que el derechohabiente sigue apareciendo con un adeudo, aunque no necesariamente viva en ese lugar”.

Un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que se está realizando un censo para diseñar una estrategia integral, la cual atienda de fondo esta problemática, Oropeza informó que este censo se levantó bajo la coordinación de la Secretaría de Bienestar –encabezada por Ariadna Montiel–, con el objetivo de ofrecer soluciones dependiendo si la vivienda está ocupada por el acreditado o por un tercero, si está desocupada o, incluso, vandalizada.

“¿Cuál es el resultado que llevamos el día de hoy del censo? Bueno, se han censado 47 mil 845 viviendas. Una hipótesis que teníamos nosotros es que la mayoría estaban ocupadas; y el censo nos está arrojando que de esas 47 mil, el 87 por ciento está ocupada y el 13 por ciento desocupada. […] Entonces, a partir de este diagnóstico, vamos a poder ofrecer algunas de las soluciones”, comentó.

De acuerdo con la estadística presentada en conferencia presidencial, las entidades con mayores índices de viviendas abandonadas son el Estado de México con 5 mil 776 casas; Puebla, con 4 mil 584; Chihuahua, con 4 mil 145; Sonora, con 4 mil, e Hidalgo, con 3 mil 681.

A partir de este diagnóstico, Romero Oropeza puntualizó que se ofrecerían distintas soluciones para las casas ocupadas por los acreditados originales, como la reestructuración de créditos a través del congelamiento de deuda, reducción de tasa de interés de mensualidades y quitas al sueldo. Y para las viviendas ocupadas por un tercero, se ofrecerá la posibilidad de regularizar su caso mediante un arrendamiento social con opción a compra.

“Y en el caso de las viviendas desocupadas y/o vandalizadas, se va a rehabilitar el inmueble para otorgarse mediante el esquema de arrendamiento social con opción a compra. Aquí pueden entrar jóvenes, jefas de familia, gente que tiene problemas de algún tipo de discapacidad”.

Asimismo, Octavio Romero habló sobre las acciones que se llevarán a cabo para solucionar el problema de los más de 4 millones 155 mil “créditos impagables”. “De esta cantidad, todos están congelados, pero 630 mil ya están resueltos en términos de que se les disminuyó la tasa, mensualidad y se les hizo una quita al saldo. […] En mayo, 240 mil van a tener beneficios de tasa, de mensualidad y de saldo. Y en julio, también de manera automática 500 mil beneficiarios van a tener disminución de tasa de interés al 4 por ciento, y descuentos al saldo y a sus mensualidades”.

Mientras que, a finales de este año, 1 millón 700 mil derechohabientes con créditos impagables estarían siendo beneficiados con una disminución de tasa, descuento al saldo o mensualidades fijas para que puedan liquidar su deuda. “La idea es que nadie pierda su vivienda y que todos tengan una opción para poder pagar su crédito y quedarse con su casa de manera justa, porque todo esto que estaba ocurriendo era una situación totalmente irregular e injusta”.

También, Romero Oropeza explicó que se han presentado 40 demandas y se tienen en curso más de 3 mil 400 demandas en contra de despachos que proporcionaron juicios masivos, mientras que otros casos son los relacionados con viviendas vendidas en múltiples ocasiones, debido a los “coyotes”.

“Por eso es tan importante el tema de los ‘coyotes’; que tienen que ver con que algunos funcionarios del Infonavit se prestaron a estas prácticas fraudulentas, que tienen que ver con dinero que se le dio a empresas constructoras, que se propusieron para la vivienda en el Infonavit, se les dio dinero, nunca construyeron las casas y estamos trabajando con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y con la Fiscalía para armar los casos y ser muy sólidos con las demanda y no las reboten”.

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