Rafael Hernández es la primera persona homosexual pensionada por viudez en Veracruz, pese a la negativa de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de validar su comprobante de concubinato, el cual sólo aceptaban con parejas heterosexuales. El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) logró la aceptación de dicho documento y que se respete la garantía constitucional a la igualdad y equidad de Rafael.
En entrevista con Contralínea, el abogado Juan Antonio Martínez –quien llevó el caso de Rafael– detalló que, a pesar de ser una garantía constitucional, en muchas ocasiones las instituciones no respetan ni validan la igualdad de derechos de las personas con preferencias sexuales diferentes a la heterosexualidad.
“Las autoridades en turno niegan estos derechos a las personas vulnerables, muchas veces por ideologías, o pensamientos religiosos; sin embargo, en este tipo de asuntos lo que se demandó fue la inconstitucionalidad”, expuso el asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Tras un año de la muerte de su pareja, Rafael decidió acudir al IMSS, en Veracruz –su entidad de residencia–, a pedir su pensión por viudez; ahí le solicitaron un acta de matrimonio, pero Rafael sólo contaba con un comprobante de concubinato, el cual fue rechazado bajo el argumento de que éste sólo se acepta en el caso de parejas heterosexuales.
Luego de presentar un juicio de amparo con un abogado particular que sí cobraba honorarios, pero no daba resultados, Rafael decidió acudir con el defensor Antonio Martínez.
A propósito de lo anterior, el licenciado Martínez declaró que en casos como éste se deben priorizar lo jurídico y lo legislativo. Lo primero implica que el abogado defensor sepa apelar a que se trata de la violación y no respeto a la Constitución mexicana, o una “inconstitucionalidad de un artículo”. Lo segundo implica que los legisladores en turno, valoren casos como el de Rafael y lo concreten en reformas en leyes de la materia, sobre todo en estados de la República donde aún se reconoce la igualdad para las personas de la comunidad LGBTIQ+.
No obstante, un problema que complica la defensoría de las personas de la comunidad también radica en la falta de acercamiento a instituciones públicas, muchas veces por miedo a recibir otra negativa: “nosotros como IFDP –agrega el abogado– estamos presentes con la finalidad de invitar a todas las personas para que se acerquen a defender sus derechos. Sin embargo, muchas veces el miedo repercute en que no se acerquen a las instituciones públicas”.
Por lo demás, el Instituto de Defensoría se apega a la instrucción de Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de poner especial atención en aquellos casos donde se violen los derechos de personas y comunidades vulnerables, y agotar todos los recursos con el objetivo de que se hagan valer los derechos de todos, como lo establece la Constitución.
Te puede interesar: Más de 180 mil personas, aún sin pensión por discapacidad en CDMX
