A pesar de los avances legislativos en materia de derechos sexuales y reproductivos, la senadora de Morena, María Lucía Micher, señaló la necesidad de incorporar el concepto de “justicia reproductiva” para fortalecer la despenalización del aborto y garantizar la autonomía reproductiva.
De igual manera, explicó que, aunque 23 entidades permiten la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En estados como Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala persisten obstáculos vinculados a estereotipos y prejuicios, los cuales derivan en la privación de la libertad e incluso en muertes de mujeres y personas gestantes, quienes deciden interrumpir un embarazo.
Micher planteó que la justicia reproductiva debe abordarse de manera integral, con medidas como educación sexual, acceso a anticonceptivos, acompañamiento a adolescentes embarazadas y servicios gratuitos de interrupción legal del embarazo. También propuso incorporar mecanismos de reparación integral del daño y garantías de no repetición para víctimas de violencia obstétrica o criminalización.
“Hablemos de justicia reproductiva en decisiones judiciales, legislativas y del Ejecutivo. Esto permitirá emitir directrices que garanticen atención médica segura, gratuita, oportuna y libre de estigmas”.
Asimismo, Micher advirtió que la ausencia de servicios accesibles y sin estigmas limita la autonomía y expone a embarazos no deseados. “No puede estar sucediendo lo que pasó en Guanajuato”.
La directora interina del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Silvia Soler Casellas, sostuvo que el aborto seguro debe reconocerse como servicio esencial en la Ley General de Salud. Señaló que México transita de un sistema punitivo a uno de atención integral, lo que requiere una reforma legislativa.
La coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México en Guerrero, Eduviges Villegas, indicó que el aborto debe reconocerse como derecho universal, sin barreras ni estigmas, con protocolos que incorporen un enfoque de interculturalidad.
La diputada Julieta Vences, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, puntualizó que persisten obstáculos en el acceso a la salud reproductiva. Explicó que mientras quienes cuentan con recursos pueden acceder a abortos seguros, mujeres de comunidades rurales que recurren a este procedimiento enfrentan criminalización.
“No podemos permitir que esta legislatura termine sin que esto sea aprobado. Yo creo que es momento de pagarle a las mujeres que llevan años esperando que la Cámara de Diputadas y Diputados tome acción en esto, y hoy es el momento que lo hagamos nuestro y avancemos juntas para lograrlo”.
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