La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no plantea que el Instituto Nacional Electoral (INE) determine la viabilidad de las candidaturas, sino que funcione como enlace con instituciones de inteligencia y justicia para informar a los partidos sobre posibles antecedentes delictivos de sus aspirantes, quienes tomarán la decisión final de postularlos o no, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum.
Luego de que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, advirtiera que la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas podría colocar al instituto como “juez y parte” en la jornada electoral y, con ello, contravenir su naturaleza como autoridad administrativa, la primera mandataria consideró que se malinterpretó la iniciativa: “yo creo que está entendiendo mal la propuesta que estamos haciendo”.
Explicó que “la idea es que una comisión del INE de consejeros esté en contacto con las instituciones de inteligencia, investigación y justicia para que, si un partido político dice: ‘yo quiero que investiguen a estos candidatos a través de esa comisión’, se les pregunte a las autoridades competentes, y ahí le digan: ‘pues tiene riesgo porque se encontró algo relacionado con lavado de dinero’, [por ejemplo]”.
Una vez realizado ese proceso, el INE debe devolver la respuesta al partido político, el cual determinará si el aspirante es postulado: “lo que se está proponiendo es que se ordene y que el partido político decida si quiere poner a consulta de las instituciones pertinentes si tienen algún antecedente que pueda poner o que vincule a esta persona con algún grupo delictivo o con algún antecedente que pudiera considerase un acto de corrupción”.
Sheinbaum Pardo enfatizó que no se trata de que el instituto vaya a resolver, sino que al ser el órgano encargado de las elecciones deberá coordinar el intercambio de información con las instituciones de seguridad.
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