Un documento interno del INE –que aún no se discute en el Consejo General– evalúa algunos escenarios críticos derivados de los cambios profundos que podría establecer la próxima reforma electoral. Entre ellos, se plantea la probable liquidación de 16 mil funcionarios del Instituto, por un monto que oscilaría entre 4.7 mil millones y 6.9 mil millones de pesos. Se plantea también una posible reducción del 30 por ciento del presupuesto base de operación del INE; la compactación de juntas locales y distritales; así como la probable liquidación de todos los OPL y tribunales electorales locales. La austeridad impactaría en los ingresos del Instituto Nacional Electoral, los 32 OPL y los tribunales electorales locales, que tan sólo en 2025 superan los 29 mil millones de pesos

Uno de los mayores reclamos del pueblo mexicano hacia las instituciones electorales y el sistema de partidos es su falta de austeridad, pues la democracia mexicana es una de las más caras del mundo. Por ello, ante la discusión de la próxima reforma en la materia, el Instituto Nacional Electoral ya evalúa los escenarios más críticos que podría enfrentar, como parte de la reducción de los costos.

Entre esos escenarios destaca la probable liquidación de 16 mil funcionarios del INE, por un monto que oscilaría entre 4.7 mil millones y 6.9 mil millones de pesos; y una posible reducción del 30 por ciento del presupuesto base de operación del Instituto.

Tan sólo en este 2025, el gobierno federal y los gobiernos locales erogaron 29 mil 109 millones 540 mil 194 pesos “para sostener las actividades del Instituto Nacional Electoral, así como de los 32 OPL [organismos públicos locales] y tribunales electorales locales”, indica un documento interno del INE, del que Contralínea tiene copia. De ese total, se indica que el 52.82 por ciento –es decir, 15 mil 375 millones 299 mil 609.38 pesos– se destina a cubrir las prestaciones de sus funcionarios.

Y es que, en este ejercicio fiscal, el gasto operativo del Instituto Nacional Electoral asciende a 19 mil 645 millones 790 mil 251 pesos, de los cuales el 44.88 por ciento se destina al capítulo 1000 “servicios personales”: 8 mil 817 millones 66 mil 670 pesos. Mientras que los OPL electorales tienen un gasto operativo global de 7 mil 340 millones 355 mil 494 pesos, y los tribunales electorales locales, de 2 mil 123 millones 394 mil 447 pesos.

Sobre el gasto del organismo autónomo –durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo General del INE, en la que se discutió el anteproyecto de presupuesto 2026, el pasado 18 de agosto–, la consejera presidenta Guadalupe Taddei señaló que “el INE ha demostrado sensibilidad frente a los cambios sociales, adaptando sus estructuras, procesos y estrategias para responder con eficacia a nuevos contextos y exigencias democráticas, transformándose año con año para cumplir con su misión histórica. Esta capacidad de adaptación ha sido esencial en escenarios marcados por reformas estructurales, políticas de austeridad y creciente exigencia ciudadana”.

Taddei Zavala añadió que, “atendiendo a criterios de racionalidad presupuestaria, disciplina financiera y austeridad republicana como principio de Estado y eje del gasto público, el presupuesto base proyectado para 2026 asciende a 12 mil 503 millones de pesos, con un incremento de sólo el 1.19 por ciento respecto al ejercicio anterior”. Y que “el INE continuará siendo pilar del fortalecimiento de nuestro país, guiado por los principios democráticos de austeridad y de racionalidad en el gasto, establecidos en la Constitución y en la ley”.

Ese anteproyecto de presupuesto, sin embargo, aún no responde a los criterios que establecerá la próxima reforma electoral. El pasado 23 de octubre, la secretaria de Gobernación –e integrante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral– Rosa Icela Rodríguez, explicó que dicha reforma busca, “en primer lugar, reducir los costos de la democracia sin comprometer su esencia, que los procesos electorales en el país sean menos costosos para el pueblo de México. Sin duda, con esta reforma dejaremos de ser el país con el costo más alto para la organización de sus elecciones, garantizando el voto libre y secreto”.

Al respecto, la funcionaria federal agregó que también se busca “optimizar recursos manteniendo los principios, siempre, de transparencia, legalidad y legitimidad, porque la democracia no debe ser un lujo, sino un derecho accesible para todas y todos. El objetivo de la reforma es fortalecer la democracia, haciéndola representativa, austera, eficiente y cercana a la ciudadanía. Por eso decimos que no se trata de un proyecto de un partido, de un gobierno, sino la causa de todo el pueblo”.

Escenarios críticos para el INE

Al interior del INE se sabe que la reforma electoral buscará reducir los costos de la democracia mucho más de lo que la propia institución ha planteado hasta ahora, y que el impacto será generalizado. Ello se desprende del análisis interno sobre los escenarios críticos que podría enfrentar todo el sistema electoral.

Y es que, en agosto pasado, el INE no sólo acordó el anteproyecto de presupuesto para 2026, sino que también se acercó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para participar en la discusión de la iniciativa de la reforma electoral.

El día 26 de ese mes, las y los consejeros electorales Guadalupe Taddei, Rita Bell López, Claudia Zavala, Norma de la Cruz, Martín Faz, Jorge Montaño, Arturo Castillo y Uuc-kib Espadas se reunieron con los integrantes de la Comisión Presidencial: Pablo Gómez, Rosa Icela Rodríguez, José Antonio Peña Merino, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas, y Arturo Zaldívar, y acordaron crear un grupo permanente de trabajo para dar seguimiento y estructura técnica a los temas, así como un listado de contenidos electorales específicos a analizar. De acuerdo con un comunicado del propio INE, el organismo autónomo se comprometió a aportar datos técnicos y operativos de los procesos electorales, para “dar a los ciudadanos la confianza de que lo que se establezca en la reforma electoral se puede operar con garantía”.

A la par de esos trabajos, en el mismo mes de agosto personal del INE elaboró el diagnóstico de los escenarios más críticos que podría enfrentar. Al respecto, el documento interno del INE –en poder de Contralínea– explora una reducción del personal –con la probable liquidación de 16 mil funcionarios del Instituto, por un monto que oscilaría entre 4.7 mil millones y 6.9 mil millones de pesos–; una posible disminución del 30 por ciento del presupuesto base de operación del INE; la compactación de juntas locales y distritales; así como la probable liquidación de todos los OPL y tribunales electorales locales.

De acuerdo con ese análisis, un primer escenario de liquidaciones del personal implicaría un gasto total de 6 mil 964 millones 32 mil 798 pesos –por indemnizaciones de 3 meses de sueldo más 20 días por año laborado–: 6 mil 617 millones 880 mil 459 pesos, para 15 mil 267 trabajadores cuyo tipo de nómina es presupuestal; y 346 millones 152 mil 338 pesos, para 1 mil 473 trabajadores cuya nómina es por honorarios permanentes.

En el segundo escenario, el costo total se reduce a 4 mil 774 millones 523 mil 398 pesos, pues se plantean compensaciones por término de relación laboral o contractual de 3 meses de sueldo más 12 días por año laborado. El monto se integra por 4 mil 526 millones 190 mil 279 pesos, para 15 mil 267 trabajadores cuyo tipo de nómina es presupuestal; y 248 millones 333 mil 118 pesos, para 1 mil 473 trabajadores cuya nómina es por honorarios permanentes.

En el escenario de reducción del 30 por ciento del presupuesto base de operación del INE, el documento prevé un ajuste mucho mayor en las plazas laborales, pues desaparecerían 5 mil 301. De las 15 mil 929 plazas con nómina presupuestal se pasaría a 11 mil 151; y de las 1 mil 741 por honorarios permanentes, a 1 mil 218.

El impacto económico sería pasar de un gasto de 9 mil 405 millones 997 mil 698 pesos en los capítulos 1000 “servicios personales” y 3000 “servicios generales”, a 6 mil 540 millones 77 mil 745 pesos. En ese escenario se apunta que habría, además, un importe bruto de compensación por liquidación de personal de 2 mil 89 millones 209 mil 839 pesos.

Respecto de los escenarios de compactación de las 32 juntas locales ejecutivas, se plantean ahorros anuales por 112 millones 642 mil 443 pesos, al pasar de un costo actual total de 315 millones 948 mil 341 pesos, a 203 millones 305 mil 898.

En el caso de la posible compactación de las 300 juntas distritales ejecutivas, el ahorro anual sería de 745 millones 600 mil 588 pesos. Ello, porque se pasaría de un gasto total actual de 1 mil 887 millones 912 mil 301 pesos, a 1 mil 142 millones 311 mil 713 pesos.

Otros escenarios críticos que evaluó el INE son los relacionados con la desaparición de los organismos electorales locales y los tribunales electorales locales en la materia. Al respecto, el análisis apunta que el costo total que implicaría la liquidación ascendería a 1 mil 665 millones 865 mil 853 pesos: 1 mil 193 millones 192 mil 544 pesos corresponderían a los OPL, y 472 millones 673 mil 308 pesos a los tribunales.

El documento interno apunta que este escenario hipotético considera únicamente el pago correspondiente a tres meses de sueldo de todos los funcionarios de ambos organismos. Al respecto, detalla que “para 2025, los 32 estados contaron con un presupuesto total de 3 billones 12 mil 749 millones 367 mil 204 pesos. De este monto, 7 mil 340 millones 355 mil 494 pesos se destinaron a los OPL del presupuesto estatal; mientras que 2 mil 123 millones 394 mil 447 pesos se asignaron a los tribunales locales”.

Agrega que el ahorro parcial que se obtendría en 2026 y el total en 2027 –por dicha probable liquidación de los OPL y de los tribunales electorales locales– sería de 9 mil 463 millones 749 mil 942 pesos.

El pasado 1 de octubre, al participar e en el seminario “Reforma electoral: ¿hacia dónde ir?” –organizado por Lorenzo Córdova Vianello en el IIJ-UNAM–, la consejera presidenta Guadalupe Taddei indicó que, históricamente, las reformas electorales han ampliado los mecanismos de participación directa e indirecta de la ciudadanía, fundamento de la legitimidad democrática. Por ello, consideró que “las reformas electorales han sido fundamentales para construir un sistema más representativo, equitativo, justo y participativo”.

Acerca de los retos actuales y futuros del sistema electoral mexicano, expuso que, si no se atienden oportunamente, podrían generar afectaciones incalculables. Por ello, dijo, hay que hacer una “autocrítica para corregir desequilibrios, cerrar brechas y optimizar recursos, compromiso social para garantizar un INE más cercano a la ciudadanía y sus demandas democráticas. Garantizar una mayor participación ciudadana en la vida de nuestro país. Recordemos que no hay democracia plena sin ciudadanía activa”.

Asimismo, indicó que “México necesita un INE del siglo XXI, autónomo, con probada capacidad técnica, ciudadano y transparente. Un INE que se mantenga ajeno a los vaivenes políticos y que abrace con responsabilidad y humildad la evolución de nuestra democracia, que modernice sus herramientas, fortalezca sus capacidades, incorpore innovación tecnológica y consolide su vínculo con la sociedad”.

Taddei Zavala recordó que actualmente el Instituto “no sólo organiza elecciones, [sino que] es garante del Registro Federal de Electores, fiscaliza los recursos de los partidos políticos y candidatos, capacita a millones de personas que integran las mesas directivas de casilla, promueve la cultura cívica, garantiza el ejercicio de derechos político electorales en condiciones de equidad e inclusión, impulsa la paridad de género y supervisa procesos internos de partidos y consultas populares”.

Para la elaboración de este trabajo, Contralínea buscó conocer la opinión de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

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