El triunfo de un sí en la consulta popular del próximo domingo 1 de agosto compromete al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la sociedad “a revisar los temas nodales de las políticas económicas y sociales que, de manera deliberada, favorecieron el enriquecimiento desmedido y de despojo de derechos a un salario digno, salud, educación, seguridad social y empleo seguro para la mayoría de la población”, consideraron los profesores investigadores del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social (CACEPS), de la Facultad de Economía de la UNAM.
Por ello, llamaron a los ciudadanos a participar en lo que calificaron como un ejercicio inédito, luego de reconocer que “ninguna ciencia es neutra, y el quehacer universitario es político: tiene un compromiso social obligado”. Asimismo, subrayaron que “actualmente se encuentra en disputa un proyecto nacional que abandere las demandas históricas, frente a un proyecto donde los mandatos dictados por los grandes empresarios nacionales o trasnacionales siguen vigentes, llámense oposición o bien formen parte de la 4T”.
Para los investigadores universitarios, entre los delitos del pasado que se deben juzgar está la entrega del sector financiero y de nuestros recursos energéticos al gran capital trasnacional y a los multimillonarios nacionales. Asimismo, enlistan “la depredación ambiental, el despojo de tierra y agua a los pueblos originarios y a las comunidades de todo el país, tiene responsables y deben ser enjuiciados. El deterioro deliberado de la educación, desde preescolar hasta superior, para propiciar su privatización, se tradujo en presupuestos insuficientes, trabajo precario, exclusión de millones de niños y jóvenes del acceso universal a educación, la imposición de modelos de educación por competencias, individualistas, deshumanizantes”.
En un comunicado, destacaron que en los gobiernos priístas y panistas desde Miguel Alemán hasta Enrique Peña Nieto, la constante fue la impunidad como práctica de atropello de derechos sociales, y políticos y libertades democráticas.
Los investigadores indicaron que la importancia de la participación y de votar radica en que para “garantizar que sí se juzguen estos crímenes y no se repitan se requiere de la construcción de una correlación de fuerzas desde los movimientos sociales para hacer justicia. Es por eso que la #ConsultaPopular debe convertirse en un instrumento que de voz a nuestras demandas, que abra el camino para que sigan muchos otros temas, en torno a los cuales será necesario opinar. Por ahora este ejercicio a realizarse el 1 de agosto deja un precedente importante”.
A la consulta le debe seguir un ejercicio de diálogo social del gobierno con la sociedad, elaborando propuestas que realmente cancelen el neoliberalismo y avancemos a una sociedad con democracia y justicia social, consideraron.
Los investigadores reconocieron que, “a tres años de las elecciones presidenciales donde millones decidieron poner un alto a décadas de saqueos, violencia e impunidad en el país, también se abrió la posibilidad de construir un proyecto de cambio. Sin embargo, en medio de la crisis económica internacional, y una de las pandemias más devastadoras en el mundo, poco se ha avanzado para construir una transformación económica, política y social que se despegue por completo del proyecto neoliberal”.
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