Primera parte. Durante varios sexenios, los contratos gubernamentales en los rubros de la salud y la construcción fluían impunemente hacia el sector privado con el propósito de repartir cientos de miles de millones de pesos de dinero público entre políticos, servidores públicos y empresarios corruptos, siempre con la anuencia y complicidad del presidente de la República en turno, lo cual explica porque nunca enfrentaron la justicia y mucho menos pisaron la cárcel.
A partir de 2018 la historia cambió. Y, por primera vez, podríamos ver a un expresidente de la República sentado en el banquillo de los acusados y enfrentar a la justicia. Se trata de Enrique Peña Nieto, contra quien se abrieron tres carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos graves de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.
Pero Peña Nieto no va solo: en las investigaciones que hicieron las autoridades fiscales y de inteligencia financiera se incluyen a otras 18 personas, la mayoría familiares cercanos –como exparejas, padres, hermanos, tíos, sobrinos y socios–, que aparecen en expedientes abiertos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por recibir presuntamente dinero ilícito de cuatro empresas, en donde tenían el expresidente y familiares alguna participación corporativa. Y se apunta que durante su mandato de 2012-2018, esas compañías fueron beneficiadas con miles de millones de pesos en obras públicas, venta de bienes y contratación de servicios.
El titular de la UIF, Pablo Gómez, se refirió a esa investigación en julio de 2022, cuando anunció en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador que se habían presentado denuncias penales ante la FGR por los delitos graves de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal en contra del expresidente Peña Nieto y varios miembros de su familia, algunos “relacionados corporativamente” en por lo menos dos empresas, a las que se refirió como “empresa A” y “empresa B”. Ahora confirmamos que se trata de las firmas Plasti-Esteril, SA de CV, y Desarrolladora Homex, SAB de CV.
Las otras dos empresas que también son revisadas por las autoridades fiscales y judiciales, por supuestamente estar relacionadas con el blanqueo de capitales y evasión fiscal, son Impulsora Agrícola La Laguna, SPR de RL, y Expectras, SA de CV.
La lista de las personas involucradas en las indagatorias y que son integrantes o están vinculadas con las familias Peña Nieto y Peña Del Mazo, son: el expresidente Enrique Peña Nieto, accionista de Plasti-Esteril; su madre María del Perpetuo Socorro Nieto Sánchez; sus hermanos Arturo, Ana Cecilia y Verónica Peña Nieto, accionistas en Impulsora Agrícola La Laguna; su exesposa Angélica Rivera Hurtado; Maritza Díaz Hernández, madre de uno de los hijos de Peña Nieto; Rocío Aurora Narváez Lugo, cónyuge de Germán Horacio Arturo Peña Del Mazo; Luis Arturo Peña Némer, accionista de Impulsora; Abril Tammy Mendívil Carbajal, esposa de Arturo Peña Nieto; Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, accionista de Homex; Felipe Alfredo Casahonda Cortés, accionista de Impulsora; Juan José Chimal Velasco, accionista de Impulsora; María del Pilar Némer Fernández, accionista de Impulsora; Germán Horacio Arturo Peña Del Mazo, accionista de Plasti-Esteril, y sus hijos Rocío, Claudia Alejandra, Angélica y Luis Arturo Peña Narváez.
De estas 19 personas y las cuatro empresas señaladas, las autoridades han elaborado diagnósticos fiscales, financieros y aduanales de cada uno, en donde se expone su situación corporativa y cómo fueron beneficiados con recursos supuestamente mal habidos, porque habrían participado en la facturación, triangulación de recursos y movimientos en los circuitos financieros del país y del extranjero, cuyo dinero, según la UIF, salió de las cuentas bancarias de las empresas.
En el caso de Plasti-Esteril, conocida también como Baxter Atlacomulco, fue constituida en 1991, cuyos accionistas eran el propio Enrique y su hermano Arturo Peña Nieto, su padre Enrique Peña el Mazo (fallecido en 2005), su tío Arturo Peña Del Mazo y el ingeniero petrolero Víctor Manuel Monroy Naime.
Sin embargo, dicha empresa supuestamente fue vendida un año después de ser fundada, 1992, a la empresa Esquisflex, la cual en 1997 fue absorbida por la transnacional farmacéutica Baxter International, Inc., y lo relevante de las investigaciones oficiales que revelan las triangulaciones de dinero, acciones y derechos, es que después de que Peña Nieto asumió la Presidencia de la República en 2012, el corporativo Baxter recibió múltiples contratos del gobierno federal por más de 10 mil 500 millones de pesos, principalmente de instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hospitales dependientes de la Secretaría de Salud, de Pemex, de la Defensa y de otras dependencias.
Consultado por Contralínea sobre estas carpetas de investigación abiertas en su contra y de las acusaciones que involucran a su familia, el expresidente Peña Nieto respondió –por conducto de una persona cercana a él–: “no me han dejado ofrecer una sola prueba o documentación en mi defensa ante las imputaciones que me hacen por delitos de lavado de dinero, enriquecimiento y evasión fiscal”, cuyo expediente penal se integra en tres gruesas carpetas abiertas en la FGR, previas denuncias presentadas por la UIF.
Desde su refugio en España, a donde se mudó para evitar cualquier confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y, principalmente, para ponerse a salvo de los procesos penales en su contra, el exmandatario priísta y representante de lo que queda del Grupo Atlacomulco, informó que sus abogados han acudido a la Fiscalía para presentar documentos que prueban que todos los bienes que posee son lícitos; sin embargo, se queja de que no le han permitido actuar legalmente para defenderse.
En redes sociales, Peña Nieto escribió en julio de 2022, cuando supo de las acusaciones penales en su contra: “En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia”.
Años antes, en junio de 2019, cuando apenas tenía unos meses de haber dejado la Presidencia de la República, Peña escribió en la red social de Twitter: “Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten.”
Cinco años después de aquel mensaje desesperado de Peña por deslindarse de los señalamientos de corrupción, la situación legal del exmandatario priísta se ve complicada al grado de que podría ser el primer expresidente de la República del periodo neoliberal (los últimos 40 años) que se siente en el banquillo de los acusados y enfrente a la justicia por los procesos penales abiertos por tres delitos graves, y de aquella confianza que decía tener sobre las autoridades judiciales, ahora se queja de que no lo dejan defenderse legalmente.
La FGR ha informado que desarrolla los procedimientos de investigación en tres carpetas por delitos federales contra el expresidente Peña Nieto: “el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales. En esta investigación, los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”.
En la segunda carpeta, refirió que se trata de denuncias presentadas por autoridades hacendarias con operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
La Fiscalía precisó: “se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.
Presidida por el doctor Alejandro Gertz Manero, la FGR explicó que “existe también una (tercera) carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”.
Añadió que “conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también se ha referido en sus conferencias matutinas a dichas acusaciones que hay en contra de su antecesor, en donde ha advertido que él no ha frenado ni frenará alguna indagatoria contra el expresidente Peña Nieto; además, que la Fiscalía es autónoma y puede informar en cualquier momento respecto del estado que guardan las investigaciones ministeriales.
El titular de la UIF denunció este caso tras descubrir presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y que podrían estar involucradas 15 personas, aunque dijo que el dato exacto no lo tenía a la mano, pero ahora confirmamos que se trata de 19 personas, de las familias Peña Nieto y Peña Del Mazo, y cuatro empresas.
Las indagatorias, que abarcan operaciones financieras desde 2013 hasta la fecha, documentan transferencias millonarias al paraíso fiscal de Irlanda -en donde hace años el expresidente Carlos Salinas de Gortari aquirió una lujosa residencia-, España y Estados Unidos.
La UIF también encontró depósitos en efectivo por más de 30 millones de pesos, de los que Pablo Gómez aseguró que se desconoce su origen.
De acuerdo con la UIF, las alertas se prendieron a partir de transferencias financieras que generaron reportes de actividades vulnerables al lavado de dinero, en octubre de 2021, y se “detectó un esquema donde un expresidente de la República (Peña Nieto) obtuvo beneficios económicos”.
El economista Pablo Gómez ha dicho que de acuerdo con los análisis realizados por la Unidad, descubrió que el exmandatario tiene vínculos corporativos en dos empresas (Plasti-Esteril, SA de CV, y Desarrolladora Homex, SAB de CV), las cuales tienen irregularidades fiscales y financieras.
En el caso de Plasti-Esteril, según la UIF, Peña Nieto comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de 2012, dijo Pablo Gómez.
Así explicó el titular de la UIF las operaciones financieras: “particularmente la empresa ‘A’ le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones”.
Respecto de la empresa ‘B’, afirmó que fue constituida por Peña y familiares antes de que asumiera la Presidencia de la República, y apuntó que esta compañía “tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo”, es decir, entre 2013 y 2018.
“Aunado a lo anterior, esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente. En el año 2013, por un monto de 714 millones y pico; en 2014, por un monto de 2 mil 126 millones y pico; en 2015, por 5 mil 505 millones; en 2016, por 948 millones 799 mil; en 2017, por 991 millones y, en 2018, por 1 mil 246; para hacer un total en estos años de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos”.
El titular de la UIF explicó que entre 2015 y 2021, la empresa ‘B’ envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: 1 mil 557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos moneda nacional y 4 millones 942 mil 900 dólares.
“Asimismo, se identificó que la empresa ‘B’, en conjunto con una filial de la empresa trasnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de esta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros.”
Pablo Gómez señaló que la información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República, misma que ha abierto carpetas de investigación.
“La Fiscalía hará dicha investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. Las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF; la UIF hace simplemente acopio de información, de acuerdo con la ley, y el análisis de la misma, entrega a las unidades de inteligencia del gobierno, a otras entidades de los estados, de los municipios, información relevante de carácter financiero cuando es requerido o cuando es preciso hacerlo, pero no hace las investigaciones en ningún caso”, precisó el funcionario.
En la ruta del dinero, el expediente de la UIF detalla que por medio de transferencias internacionales, Enrique Peña recibió 26.1 millones de pesos de la siguiente manera: el 21de agosto de 2019, 16 millones ocho pesos con 20 centavos; el 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos; el 29 de octubre de 2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos.
Pablo Gómez explicó que “estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional, y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional, entre el año 2013 y el año 2022”.
En la ruta del dinero que trazó la UIF, destacan operaciones de depósitos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos, de 2013 a 2022, dinero del cual no se conoce su origen.
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