Más del 22 por ciento del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores –más 1 mil 27 millones de pesos– fueron ejercidos de manera irregular durante 2017. Falta de transparencia, pago de trabajo no realizado, sobreprecio de bienes adquiridos y cancelaciones no reintegradas a la Tesorería de la Federación, documenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su tercera entrega de los resultados de la fiscalización de 2017.
Poco menos del 99 por ciento de este monto, 1 mil 14 millones 89 mil pesos, corresponde a gastos no transparentados; es decir, erogaciones de las que no se pudo comprobar cuál fue el destino final de los recursos, ya que “sólo se proporcionó el auxiliar contable de los importes y descripción de los recursos que fueron transferidos a los Grupos Parlamentarios y Senadores sin Grupo”, se detalla en el Informe de resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017.
Dado que se trata de dinero público destinado al Senado únicamente para realizar trabajos legislativos, la ASF recomendó agilizar las acciones necesarias para transparentar el ejercicio de este dinero.
Una cuenta con “presupuesto” vencido
Al ser cuestionada por la ASF sobre la existencia de la cuenta “3252”, la Cámara de Senadores explicó que correspondía a las “omisiones e inexactitudes en los registros contables”, tales como cancelación de seguros, ajustes en redondeo de gastos, cancelación de pasivos y registro de ingresos, referentes a años anteriores.
Este dinero, sin más trámite, pasó a formar parte del presupuesto ampliado del Senado para 2017. Esta acción –que involucró nada menos que 10 millones 294 mil 100 pesos– fue completamente irregular ya que los recursos que generaron dichas cancelaciones debieron reintegrarse a la Tesorería de Federación “por corresponder a ejercicios de años anteriores y cuyo presupuesto de egresos ya no estaba vigente”.
Por este motivo la ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores investigue e inicie el procedimiento administrativo correspondiente contra los funcionarios responsables.
Por precios duplicados, 2 millones de más
Algunas empresas contratadas por el Senado añadieron más del 50 por ciento al valor de los productos, según evidencia el informe citado anteriormente. Sólo en 2017, la cámara alta del Poder Legislativo pagó bienes con 2 millones 396 mil 100 pesos de sobreprecio.
Del total de este recargo, casi el 90 por ciento –2 millones 133 mil 200 pesos– tiene su origen en una “confabulación” entre dos empresas para lograr la adjudicación de un contrato mediante el que se adquirieron 165 tabletas electrónicas para los escaños del Salón de Sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente.
La ASF descubrió que durante 2017 existió un “convenio de intercambio de bienes” entre ambas empresas para lograr beneficiarse de los contratos con el Senado. Mientras una se encargaba de adquirir las tabletas la otra se encargaba de desarrollar un software. Dado que ambas participaron en el mismo proceso de adjudicación, incurrieron en un arreglo prohibido por la normativa.
Incluso, el proveedor que resultó adjudicado vendió en 4 millones 185 mil 300 pesos los bienes que obtuvo de la otra empresa por un valor de 2 millones 52 mil 100 pesos. Es decir, la Cámara de Senadores pagó más del doble al tener que cubrir la diferencia de 2 millones 133 mil 200 pesos.
El resto del sobreprecio registrado fue descubierto a partir de dos visitas realizadas por la ASF a dos empresas comercializadoras. Éstas compraron bienes por 229 mil 600 pesos y 21 mil pesos, mismos que posteriormente vendieron a la Cámara de Senadores en 453 mil 500 pesos y 60 mil pesos, respectivamente: entre ambas aumentaron el precio de los productos en 51. 2 por ciento, cobrando 262 mil 900 pesos de más.
La responsabilidad no corresponde únicamente a las empresas. De hecho, las sanciones deben aplicarse sobre aquellos funcionarios que participaron en la adjudicación y permitieron tan evidente sobreprecio, mismo que representa un perjuicio a la Hacienda Pública Federal.
Al respecto la ASF también emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que se investigue y se proceda tal como lo ameriten las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión “llevaron a cabo los procedimientos de adjudicación para la adquisición de diversos bienes sin buscar las mejores condiciones para el Estado”.
Les pagan pero no trabajan
El último monto usado sin apego a la normatividad suma un total de 707 mil 700 pesos. Aunque del total de irregularidades apenas representa el 0.07 por ciento, se destaca por estar relacionado con pagos de apoyo “en labores legislativas” durante sesiones que no se llevaron a cabo o a senadoras y senadores que no asistieron.
En este sentido, la ASF recomienda que se fortalezcan los mecanismos de supervisión para que este apoyo se entregue con base en los días en los que realmente los legisladores van a las sesiones.
Además, los pagos improcedentes deberán ser recuperados y reintegrados a la Tesorería de la Federación. De esta manera los recursos pueden ser usados, por ejemplo, para pagar a funcionarios que sí realizan sus tareas asignadas.
Marcial Yangali
