Encargado oficial de armar el proyecto de nación de la derecha para 2024, el neoliberal José Ángel Gurría ha sido un auténtico vividor del erario nacional: mes con mes, Nafin le paga una pensión vitalicia de 124 mil 187 pesos (1 millón 490 mil 244 pesos se embolsará este 2023), luego de que esa institución lo “jubiló” a la edad de 43 años. Pero no sólo eso, documentos oficiales en poder de Contralínea también revelan que el 22 de agosto de 1973, el economista rogó a Nacional Financiera que le pagara una beca para estudiar su maestría en aspectos financieros del desarrollo económico en la Universidad de Leeds (Inglaterra), y ésta le fue concedida. Esos “conocimientos” –pagados con dinero del pueblo– le sirvieron para operar el gran latrocinio del Fobaproa en 1998, de la mano del PRI (con Ernesto Zedillo) y del PAN (con Felipe Calderón y Santiago Creel), que socializó las deudas de banqueros y trasnacionales, y que ha costado 3 billones de pesos a la Hacienda Pública. Además, fue activo participante de las privatizaciones de los bienes de la nación

La élite de los sectores económico y político de oposición eligió al priísta José Ángel Gurría para armar el proyecto de nación de la derecha, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. En sí misma, la decisión de que sea el llamado Ángel de la Dependencia el encargado de delinear el modelo de país para el bloque conservador ya privilegia un modelo económico basado en el capitalismo salvaje, puesto que Gurría siempre ha militado en la “ideología” neoliberal y favorecido a los intereses de la minoría oligarca.

Esa elección también revela que la derecha busca que el plan de gobierno y las políticas públicas de México vuelvan a estar en manos del empresariado trasnacional y, sobre todo, que éste sea el gran beneficiario del dinero del pueblo de México, mientras que las mayorías se sumen en la miseria, tal como ocurrió a partir de 1982 con el abandono definitivo del Estado de bienestar.

Y es que el “gran mérito” de José Ángel Gurría a su paso por el servicio público fue operar el gran latrocinio del Fobaproa, contribuir de forma activa y constante en las grandes privatizaciones de los bienes de la nación y vivir del erario nacional, lo que aún hace a costa de todos los mexicanos y mexicanas: mes con mes, Nacional Financiera (Nafin) le paga una pensión vitalicia de 124 mil 187 pesos (1 millón 490 mil 244 pesos se embolsará este 2023), luego de que esa institución lo “jubiló” a la edad de 43 años.

El Ángel de la Dependencia siempre supo sacar provecho personal al servicio público mientras al resto de los mexicanos y mexicanas se les cancelaban sus derechos sociales por las constantes privatizaciones (incluida la de las pensiones). Y es que documentos oficiales en poder de Contralínea también revelan que el 22 de agosto de 1973, el economista rogó a Nacional Financiera que le pagara una beca para estudiar su maestría en aspectos financieros del desarrollo económico en la Universidad de Leeds (Inglaterra), y ésta le fue concedida.

Con ese perfil académico, pronto logró ascender en los cargos públicos hasta ocupar secretarías de Estado, desde donde benefició a banqueros y empresarios y se enriqueció a sí mismo con el dinero del pueblo.

 

 

 

 

 

Operador del Fobaproa y cómplice de la miseria de millones

Además de vividor del erario, el exsecretario de la OCDE siempre ha sido un soldado del PRI: fue funcionario en los gobiernos de Luis Echeverría, José López Portillo –sexenios en los que trabajó en Nacional Financiera y el Fondo Nacional de Fomento Ejidal–, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas  y Ernesto Zedillo –en la Secretaría de Hacienda, primero como subdirector de Deuda Pública, luego como director del Departamento de Deuda Externa, director General de Crédito Público, subsecretario de Asuntos Financieros Internacionales y finalmente secretario; mientras que en el sexenio salinista fue director del Banco Nacional de Comercio Exterior.

Luego de la crisis que enfrentó México al final del sexenio de López Portillo y los primeros años del gobierno de Miguel de la Madrid, en su calidad de subsecretario de Asuntos Financieros Internacionales, Gurría negoció la reestructuración de la deuda de México en el contexto de la llamada crisis de la deuda externa (1981-1983), que para miles de familias mexicanas significó la pérdida de sus casas y automóviles por el aumento excesivo de las tasas de interés en hipotecas y créditos bancarios.

Para 1992, Salinas le encomendó que desde el Bancomext financiara a la iniciativa privada en el marco de las negociaciones de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y aunque se dijo que con ello se protegería a las micros, pequeñas y medianas empresas y a ejidatarios y pequeños productores del campo, éstos fueron las primeros en desaparecer una vez que se abrió el mercado a las importaciones de Estados Unidos y Canadá.

Para 1993, Gurría fue nombrado director de Nafin, cargo desde el que volvió a otorgar centenas de créditos a las empresas bajo el pretexto de impulsar su participación en los mercados internacionales.

Ya en diciembre de 1994, Zedillo lo nombró secretario de Relaciones Exteriores, por lo cual encabezó las negociaciones internacionales del gobierno luego de estallada la crisis del llamado “error de diciembre”. También participó activamente en la redacción de la Ley de Protección al Comercio, que entró en vigor en julio de 1993 y que buscaba regular y promover el comercio exterior.

Al economista se le conoce desde entonces como el Ángel de la Dependencia por contribuir al sometimiento de las políticas públicas de México a los intereses de Estados Unidos –especialmente en el contexto del TLCAN– y de los organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (creados en 1994).

Ejemplo de ello es que en asociación con Herminio Blanco –secretario de Comercio y Fomento Industrial zedillista– impulsó el Acuerdo Desregulatorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en octubre de 1996, “punto de partida de 13 años de reformas legales que permitieron a ciudadanos de otros países tener propiedad sobre bienes patrimoniales antes considerados exclusivos para mexicanos” [Zepeda Bustos, Carmen Silvia; “Privatizaciones realizadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo”; El Cotidiano, núm. 172, marzo-abril, 2012, pp. 32-39; Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco].

De acuerdo con la investigadora Carmen Silvia Zepeda, dicho acuerdo permitió que extranjeros (incluidas trasnacionales) obtuvieran concesiones para explotar minas y aguas; que compraran bienes inmuebles en territorio nacional o constituyeran fideicomisos fuera de la zona restringida del territorio nacional (playas). Y quien aplicaba esa nueva norma eran precisamente la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SRE y la Unidad de Desregulación Económica de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

En enero de 1998, Ernesto Zedillo nombró a José Ángel Gurría como secretario de Hacienda, cargo que ocupó hasta el cierre de ese sexenio en noviembre de 2000. De acuerdo con su biografía oficial, uno de sus encargos fue el de mantener la disciplina financiera en un momento en el que aún se resentían las secuelas de la profunda crisis del “error” de diciembre de 1994.

Para ello, Gurría afianzó los acuerdos a los que llegó Ernesto Zedillo con Felipe Calderón –entonces presidente del Partido Acción Nacional–, para que en el Congreso se legalizara la inmoral e ilegítima socialización de las deudas privadas de banqueros y empresarios. En el Legislativo, uno de los principales encargados de sacar adelante el latrocinio fue Santiago Creel Miranda, quien sí continúa como aspirante a la Presidencia de la República.

En la biografía de José Ángel Gurría se apunta que ya como secretario de Hacienda, en 1998 operó la incorporación de dos instituciones al sistema financiero: al amparo de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y en sustitución del Fobaproa, se creó el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usurario de Servicios Bancarios. En los hechos, se trató de la legalización de uno de los atracos más grandes al pueblo de México y para cometerlo, el Congreso sesionó de forma extraordinaria el 12 de diciembre de 1998 –en complicidad con el silencio de los medios–, día que los mexicanos creyentes celebran a la virgen de Guadalupe.

La crisis de 1994-1995 (también conocida como el “efecto tequila” en mercados internacionales) acabó con la clase media y con la llamada “movilidad social”, y Gurría es corresponsable junto con su jefe Ernesto Zedillo y otros funcionarios de la época, como el propio Felipe Calderón.

Y es que el tema del Fobaproa-IPAB implica muchos agravios al pueblo de México empezando por la privatización de 3 billones de pesos, monto con el que se rescató a los más ricos. Pero también implica que con el quiebre de bancos y empresas (muchos privatizados apenas un sexenio antes sin que la población viera beneficios de ello, sino sólo perjuicios), no sólo se pulverizaron los ahorros de los cuentahabientes, sino que también se perdieron millones de empleos, se dio un alza desmesurada de las tasas de interés, el estancamiento de la economía y se aceleraron otras privatizaciones de los bienes de la nación.

Miles de familias quedaron en la ruina: sin trabajo, expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes muebles, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalidaba los múltiples abusos de la banca como el anatocismo. Hasta la fecha, no existe un dato estadístico de cuántas personas se quitaron la vida por los desahucios de sus casas y la incertidumbre económica.

Vividor del erario

A pesar de su oscuro pasado neoliberal o precisamente por éste, el bloque opositor eligió a José Ángel Gurría como el encargado de confeccionar su proyecto de nación, contrapuesto abiertamente al llamado humanismo mexicano (o Estado de bienestar) que impulsa el presidente López Obrador, y al cual su partido, Morena, se ha comprometido a dar continuidad.

Pero a Gurría hay que recordarlo no sólo como el autor de uno de los mayores atracos al pueblo de México, sino también como un vividor del erario nacional: mes con mes, Nafin le paga una pensión vitalicia de 124 mil 187 pesos (1 millón 490 mil 244 pesos se embolsará este 2023).

Se trata de un “beneficio de pensión vitalicia que Nacional Financiera otorga al personal jubilado [y] es complementario respecto del que otorga el IMSS, en los casos que aplique, conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio, fracciones II, III, VII, VIII y IX de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes”, refiere la información oficial.

Desde 1994 –cuando Zedillo presidía este país y el neoliberalismo se consolidaba–, Gurría Treviño ha sido beneficiario cuando apenas tenía 43 años de edad, consta en documentos oficiales de Nafin en poder de Contralínea. Es decir, este priísta es uno de los exfuncionarios públicos que más joven accedió a la jubilación y el próximo año cumplirá tres décadas de ese beneficio.

Su “pensión especial vitalicia por retiro” fue autorizada el 14 de abril de 1994 por el entonces director general de Nafin, Arturo Ortiz Hidalgo, único facultado para aprobar el beneficio “cuando lo estime conveniente” y cuando “los trabajadores tengan por lo menos 40 años de edad y 20 [años] de servicios”.

Por medio de un oficio, Ortiz Hidalgo le informó a Gurría que “en virtud de que usted cuenta a la fecha con una antigüedad reconocida por la institución superior a los 20 años y 43 años de edad cumplidos de conformidad con la documentación que obra en su expediente […], he estimado conveniente otorgarle el beneficio de una pensión especial por retiro […]”.

El primer año de su pensión, Nafin le pagó 246 mil 131 pesos correspondientes al periodo del 16 de abril al 31 de diciembre. Al año siguiente, 1995, 361 mil 494 pesos en total. Ya para 2001 –el primer año de la administración de Vicente Fox– su “beneficio” ascendió 855 mil 263 pesos; y en 2007 –primer año del gobierno de Felipe Calderón y cuando Gurría ya encabezaba la OCDE–, fue de 870 mil 947 pesos.

Además de su pensión, el exservidor público obtiene anualmente otras prestaciones con cargo al erario: un arcón navideño, un pago por concepto de “caja de ahorro”, un reembolso deportivo, un subsidio de artículos alimentarios y, ocasionalmente –al menos lo recibió en 2002, 2003, 2007 y 2008–, un reembolso de gastos médicos.

Pero no sólo eso, documentos oficiales en poder de Contralínea también revelan que el 22 de agosto de 1973, el economista rogó a Nacional Financiera que le pagara una beca para estudiar su maestría en aspectos financieros del desarrollo económico en la Universidad de Leeds (Inglaterra), y ésta le fue concedida. Esos “conocimientos” –pagados con dinero del pueblo– le sirvieron para operar el gran latrocinio del Fobaproa en 1998, de la mano del PRI (con Ernesto Zedillo) y del PAN (con Felipe Calderón y Santiago Creel), que socializó las deudas de banqueros y trasnacionales, y que ha costado 3 billones de pesos a la Hacienda Pública.

Gurría condonó a las empresas de la familia Zedillo   Como secretario de Hacienda, José Ángel Gurría no dudó en beneficiar indebidamente a la familia presidencial de Ernesto Zedillo, al otorgar perdón fiscal a cuatro empresas. El encubrimiento fue planeado directamente por el Ángel de la Dependencia y ejecutado por el entonces subsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz.   Las empresas beneficiadas con los perdones fiscales eran propiedad de los hermanos, tíos y primos de Ernesto Zedillo, que estaban a punto de ser sancionadas por incumplimientos en el pago de impuestos entre 1991 y 1996.   Gurría ordenó un trato preferencial a los familiares del entonces presidente de la República en lugar de aplicar la ley. Así, antes de que terminara el sexenio zedillista en noviembre de 2000, las cuatro empresas regularizaron su situación con el fisco sin pagar un solo peso de multas y recargos.   Prueba de ello son las tarjetas informativas internas enviadas confidencialmente entre el secretario Gurría y el subsecretario Tomás Ruiz. Ése es el pasado y la calidad moral del ahora encargado de redactar el proyecto de nación de la derecha.