Esta semana, el gobierno la Ciudad de México junto con la Fiscalía capitalina y el Poder Judicial local anunciaron una serie de medidas para combatir el delito de despojo de propiedades inmobiliarias. Entre éstas, destacan la reducción de tiempos en la impartición de justicia y las campañas de prevención, en las que se expondrán los modus operandi de los grupos que están despojando para que la población no caiga en trampas o riesgos

A fin de combatir de manera integral el despojo de propiedades inmobiliarias, el gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía capitalina, notarios y el Poder Judicial local presentaron una serie de medidas para agilizar los tiempos de respuesta en materia de impartición de justicia; también se acordó realizar las campañas de concientización necesarias para prevenir el delito. Ello, porque el problema podría estar afectando a miles de familias que viven en la entidad.

El eje prioritario está en los tiempos de respuesta. Al respecto, las autoridades señalaron que, una vez dictaminado cada caso como despojo, actuarán para poder restituir la propiedad en un plazo máximo de 15 días. Asimismo, la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, prometió que la judicialización de los delitos se llevará a cabo en 30 días, con lo que se atenderá una de las principales demandas de las personas afectadas en la entidad.

Para lograr esos plazos, el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX anunció la creación de una unidad especializada en atención al despojo, integrada por 20 personas juzgadoras dedicadas exclusivamente a ver casos relacionados con este delito. Además, se llevará un registro institucional de todos los procedimientos judiciales relacionados con inmuebles en litigio, un área receptora de las órdenes de desalojo y peticiones de fuerza pública; otra, que alerte sobre procedimientos simulados con documentos falsos; y una más que vigile los convenios firmados ante el Centro de Justicia Alternativa, detalló el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez.

“El trabajo hombro a hombro dará como resultado que no haya impunidad para quien comete el delito de despojo, y tranquilidad para el patrimonio de las víctimas y de los capitalinos”, afirmó el funcionario en la conferencia de la jefa de gobierno, del pasado 5 de agosto. También subrayó que el Tribunal local seguirá colaborando con el gobierno de la ciudad sin perder su autonomía.

Otra institución que en las últimas semanas ha abordado el tema de manera prioritaria es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En uconferencia el pasado 29 de julio, su titular, Bertha Alcalde Luján, informó sobre 1 mil 846 carpetas de investigación iniciadas –de 1 mil 966 denuncias presentadas– por diferentes modalidades de despojo inmobiliario. Los casos más recurrentes se reportaron en las alcaldías Benito Juárez, Iztacalco, Gustavo A Madero e Iztapalapa.

Esta semana, la fiscal Alcalde Luján recordó las penas existentes en el Código Penal capitalino para quienes cometan este crimen. De acuerdo con el artículo 237, fracción I, se castiga con prisión de seis a 11 años, y puede llegar hasta 22 años cuando existen agravantes como: la víctima es una persona en situación de vulnerabilidad, que el delito se cometa contra un bien público, que haya simulación de actos legales o que el objetivo sea lucrar con la propiedad ajena.

Prevenir antes de la tragedia

Junto con la agilización de los plazos, Brugada Molina presentó un Programa de Seguridad Patrimonial pensado, sobre todo, para la prevención. Su objetivo es identificar casos de riesgo, brindar atención directa y asesoría jurídica, acompañar a las personas afectadas y ofrecer servicios notariales gratuitos, de manera que las familias puedan poner en regla sus propiedades antes de que ocurra un despojo.

En este sentido, se pondrá en marcha un programa de regularización de escrituras y registros notariales a gran escala, dirigido a familias que no cuentan con papeles en regla, incluidas unidades habitacionales completas que llevan años sin escriturar. Tener una propiedad con documentos claros y actualizados es la mejor defensa contra quienes buscan apropiarse de un inmueble con fraudes o documentos falsos, señaló la mandataria capitalina.

También se creará la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, conformada por un equipo de abogadas y abogados que atenderá todos los días desde la Consejería Jurídica y que, además, saldrá una vez por semana al Zócalo capitalino para dar asesoría gratuita a cualquier persona. “Tendremos lo que siempre la gente ha pedido: asesoría jurídica”.

El plan contempla, de igual manera, una cartilla con recomendaciones, talleres, cursos y pláticas dirigidos a la población para “fortalecer las capacidades de las personas adultas mayores y otros grupos focalizados para identificar, prevenir y actuar oportunamente frente a situaciones de riesgo de despojo sobre sus viviendas”.

Pero las acciones también tocan el ámbito legislativo; de modo que se anunciaron reformas a la Ley del Notariado y a la Ley Registral. La primera busca que los notarios participen “con servicios gratuitos en programas especiales de regularización”; la segunda tiene el objetivo de que solo se inscriban instrumentos notariales provenientes de otra entidad cuando exista confirmación por parte de quien los emitió, para evitar documentos apócrifos.

La consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruz Villegas Fuentes, detalló que ya opera una Alerta Registral Institucional, la cual se activará cuando alguien intente realizar un trámite sospechoso sobre una propiedad, y anunció la creación de una Unidad de Inteligencia Registral para dar un seguimiento más completo a los antecedentes de cada inmueble.

Añadió que, en coordinación con el Colegio de Notarios, cerca de 100 abogadas y abogados ofrecerán asesoría gratuita cada semana en el Zócalo, con atención prioritaria para personas mayores, indígenas y mujeres.

Acciones conjuntas de seguridad

Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Fiscalía capitalina aseguró que el promedio diario de denuncias por despojo se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 2019, con un rango de entre nueve y 11 casos al día, para desmentir versiones que hablan de un aumento del delito sin sustento en cifras oficiales.

La tasa de despojo por cada 100 mil habitantes es, en promedio, de 21.4 en toda la ciudad, aunque nueve alcaldías están por encima de esa media, según cifras del SESNSP del 1 de enero al 5 de agosto de 2026. Cuauhtémoc encabeza la lista con 37.6 casos por cada 100 mil habitantes, seguida de Benito Juárez con 30.6, Venustiano Carranza con 27 y Xochimilco con 26.5. En el otro extremo, Magdalena Contreras, Cuajimalpa e Iztapalapa presentan las tasas más bajas, con 12.9, 14.7 y 15.9, respectivamente.

De acuerdo con el gabinete especializado en casos de despojo, creado en junio de 2025, desde ese mes hasta julio de 2026, han recibido 1 mil 32 denuncias, de las cuales 644 fueron determinadas como conflictos que no son despojo y 388 sí se confirmaron como tales. De estos últimos, 185 inmuebles fueron restituidos, 84 quedaron asegurados y se realizaron otras 48 acciones a favor de las víctimas.

De hecho, en la conferencia de este 5 de agosto se explicaron las circunstancias en que no existe despojo de una propiedad, por ejemplo: la falta de pago de renta, el incumplimiento de un contrato de compraventa, los conflictos entre herederos y familiares, las disputas entre copropietarios, las controversias sobre la propiedad de un bien y la ocupación con autorización vigente.

Para atender mejor la problemática, Alcalde Luján anunció la creación de una Unidad de Análisis Criminal dentro de la Fiscalía, para buscar patrones y redes delictivas en lugar de atender cada expediente por separado; una Agencia de Judicialización Rápida para los casos con pruebas claras desde un inicio, y una Agencia de Investigación Estratégica enfocada en fraudes procesales y en la posible participación de notarios o servidores públicos.

Además, en torno a las redes criminales que realizan estos delitos, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, señaló a grupos específicos en la Ciudad de México, como Los Rodolfos, que opera en el sur de la ciudad y del que ya se detuvo a algunos integrantes de su cúpula, además de otras agrupaciones como el Cártel de Tláhuac, La Unión Tepito, La Anti Unión y Los 3AD. En lo que va del año, dijo, se ha detenido a 46 personas por este delito.

Consultada por la prensa sobre la posible participación de servidores públicos en estos delitos, la fiscal Bertha Alcalde reconoció que dentro de la propia institución trabajan para eliminar la corrupción, luego de que algunas personas funcionarias han sido señaladas por su involucramiento en casos de desalojo.

En el mismo sentido, Brugada Molina fue tajante: “no va a haber tolerancia a ningún caso de involucramiento de algún servidor público, […] cualquier caso va a tener consecuencias muy graves”.