Las y los vecinos de distintas alcaldías en la Ciudad de México continúan sufriendo el fenómeno de despojos en la capital. La pérdida de sus hogares ha volcado su desesperación hacia las autoridades, a quienes exigen más acciones para combatir este problema. Bertha Alcalde Luján, fiscal general de la entidad, informó esta semana sobre la identificación de algunas redes criminales dedicadas a este delito; han desarticulado dos de ellas y detenido personas funcionarias públicas involucradas. Además, en reuniones de trabajo reiteraron a las víctimas su compromiso para restituir sus inmuebles.
Las autoridades de seguridad y justicia de la Ciudad de México han identificado algunas redes criminales vinculadas al despojo de viviendas ajenas, señaló Bertha Alcalde Luján, fiscal general capitalina.
Por ello, en los últimos días desarticularon dos presuntas redes delictivas en las que participaron funcionarios públicos; de modo que han detenido a seis policías y emitido 10 órdenes de aprehensión contra otros presuntos involucrados.
En una conferencia de prensa el pasado 29 de julio, la titular de la Fiscalía informó sobre 1 mil 846 carpetas de investigación iniciadas –de 1 mil 966 denuncias presentadas– por diferentes modalidades de despojo. Los casos más recurrentes ocurrieron en las alcaldías Benito Juárez, Iztacalco, Gustavo A Madero e Iztapalapa.
Reunión con víctimas
En días anteriores, vecinos y vecinas de las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Xochimilco acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia para pronunciar su descontento con la situación, y con el argumento de haber cumplido ya con los trámites solicitados por la Fiscalía.
Este 29 de julio, las autoridades de la Ciudad de México se reunieron con vecinos, vecinas y víctimas de despojo de seis alcaldías en una mesa de trabajo, en la que establecieron el compromiso de restituir sus inmuebles, revisar al menos 61 nuevos casos registrados hasta esa fecha y desarticular las redes que cometen estos delitos.
De acuerdo con Alcalde Luján, recibieron ese día a 81 personas, quienes entregaron 61 nuevos casos y 20 denuncias por otro tipo de crímenes. A su vez, se comprometió a trabajar con la Dirección de Asuntos Internos para revisar la participación de personas funcionarias públicas en estos delitos.
La reunión de cuatro horas tuvo lugar en la jefatura de la Policía de Investigación. Las personas afectadas solicitaron reestructurar el gabinete contra el despojo, pues –en su opinión– no ha entregado los resultados esperados a un año de su implementación. Además, pidieron que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio sean integrados a dicho grupo gubernamental especializado.
Durante su participación, César Cravioto Romero, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que la administración actual ha restituido positivamente unos 300 casos de inmuebles previamente despojados.
No obstante, las víctimas también pidieron judicializar los casos con los que cuente el gabinete. Incluso propusieron que se enviara una iniciativa de ley para agilizar la restitución de hogares, así como fortalecer el marco legal.
Por separado, el 28 de julio, la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, sostuvo una reunión con víctimas de despojo, con quienes se comprometió a dar seguimiento. A la mesa de trabajo acudieron también el diputado paulo García y el concejal por Benito Juárez, Hugo Torres Zumaya.
Acciones contra el despojo
El 29 de julio, la Policía de Investigación, junto con la Secretaría de Seguridad, realizó cinco operativos en las demarcaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztapalapa, donde aseguraron el mismo número de inmuebles que presuntamente habían sido despojados.
Ello se logró por el avance de las carpetas que tenían, por ejemplo, en la calle Galeana 20, colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc; avenida Cuauhtémoc 1146, Benito Juárez, donde detuvieron a dos sujetos que resguardaban el lugar.
Uno de los casos más mediáticos ha sido el de la casa de Jorge González Camarena, muralista mexicano, cuyo hogar –en la calle Martín Mendalde 928, habitado por su nieta Adriana González Camarena– fue invadido hace nueve semanas. La semana anterior, del 15 al 22 de julio, se realizaron 22 acciones contra despojos –aseguramientos, devoluciones y entregas de mensaje– en 12 alcaldías.
De acuerdo con el Artículo 237 (Título Décimo Quinto, sobre Delitos Contra el Patrimonio, en su Capítulo VII), del Código Penal de la Ciudad de México, “se impondrán de cinco a diez años de prisión y de cien a quinientas unidades de medida y actualización [UMA]: al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca”, con agravantes de haber sido cometido el delito por tres o más personas, contra personas mayores de 60 años, con discapacidad o un ascendente; uso de documentos falsos, simulación de autoridad y participación de un servidor público.
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