En términos muy generales, el neoliberalismo como patrón acumulación significó la entrega de la fuerza de trabajo y de la naturaleza a las fuerzas del mercado. Dicho de forma sencilla: la conversión de los bienes públicos globales en mercancías. Para ello, se requirió de la legitimación de un tipo de dominación social basada en la universalización de una moral económica ad hoc a los intereses de los capitales transnacionales.

Hoy, a 7 años de comenzada la cuarta transformación nacional, los discursos dirigidos a exaltar las bondades del mercado  y de las políticas privatizadoras se presentan como ecos del pasado. De un pasado que entregó las funciones planificación económica al gran capital transnacional, aunque esto implicara la disolución del Estado social postrevolucionario. Por eso, ahora que el neoliberalismo ya no es el puntero ético-económico en nuestro país, ni los instrumentos económicos elaborados por los tecnócratas, los más respetados, es momento de comenzar a tomar conciencia de la democratización económica que significa anteponer el bien social al bien privado, esencia de una economía plural, opuesta a la neoliberal.

En el discurso de nuestra presidenta en el Zócalo capitalino –con motivo del primer año de su administración–, se reiteró la continuidad del proyecto emprendido en el sexenio anterior. Con el trabajo realizado a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, se reactivó la función planificadora del Estado mexicano, y con ello, la presidenta pudo comenzar su mandato con la posibilidad real de definir los nuevos objetivos económicos, estrategias y planes de acción para el trazado de rutas efectivas de desarrollo económico.

Sobre esta nueva estructura social, la economía política mexicana se ha enriquecido, desde el momento en el que se reforzaron los postulados constitucionales que permiten y potencian la la coexistencia de diferentes formas de producir, a la par que se habilita una diversificación de las formas distributivas. Todo esto bajo el principio de simultaneidad, que permite no solo operar bajo esquemas de regulación de mercado –a través de la ley del valor–, sino también de regulación estatal. Dicho en otras palabras, se amplía el esquema de distribución, al incorporar una distribución dirigida por el Estado –como órgano principal– y otro tipo de distribución en función del trabajo, por el impulso de la economía social. Lo que se traduce en el tránsito de una economía de mercado dirigida por las empresas transnacionales, con poca regulación Estatal, a una economía de mercado dirigida por los planes nacionales.

Esta transición del Estado mexicano se da en un escenario internacional marcado por la batalla geopolítica entre el G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) y los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y cinco países más incorporados el año pasado), que dota a nuestro país de condiciones de posibilidad para posicionar otro tipo de integración a la economía global, y que abona a la ruptura con el atavismo neoliberal de una política industrial decidida en el exterior.

De ahí que el Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum represente una gran oportunidad de refuncionalizar las cadenas globales de valor generadas durante el neoliberalismo, pero ahora con el objetivo estratégico de integrar el mercado interno nacional, con miras a robustecer cualitativamente el contenido de la transformación económica que se vive en nuestro país. En este sentido, la coordinación de las políticas industriales debe abarcar las siguientes dimensiones:

• I) La nacional y la global, que considerando los diferentes grados de apertura económica que se presentan en cada uno de los sectores productivos involucrados en este programa de industrialización, y las capacidades productivas que se tienen instaladas en el país, potencia de manera efectiva una nueva industrialización social
• II) La regional, reconociendo las particularidades de cada uno de los territorios e identificando sus áreas funcionales y los eslabonamientos productivos que se pueden potenciar. Máxime si ahora se tiene una mayor integración del territorio nacional, derivado de las obras de conexión impulsadas durante el sexenio anterior.
• III) La local, con el reconocimiento de las diferentes formas de propiedad que se presentan en cada territorio y en cada sector productivo. Procurando velar por el impulso de la diversificación propia de una economía mixta, con mayor énfasis en la propiedad pública –tanto gubernamental como no gubernamental–.

Como se puede observar, en este tránsito hacia una economía multipolar, la apuesta por ganar autonomía por la vía de la ampliación y la diversificación del espacio económico nacional, es crucial para un proyecto de desarrollo soberano y no enajenador. De ahí la importancia de la estrategia de regulación estatal dirigida a impedir que la riqueza generada en el país resulte ajena a las y los mexicanos como en los tiempos neoliberales. Esos tiempos en los que, el excedente económico era apropiado por el capital transnacional, en detrimento no sólo de la clase trabajadora mexicana, sino también de los capitales nacionales.

Carolina Hernández Calvario*

*Académica de la UAM Iztapalapa. Estudió la licenciatura y el doctorado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM, y la maestría en estudios latinoamericanos, en la Facultad de Filosofía y Letras. Su campo de especialización es en economía política.