Los traidores a la patria –quienes votaron en contra de la Reforma Constitucional en Materia Eléctrica en el Congreso, para evitar la renacionalización y rectoría del estado sobre este sector– fueron los mismos que se prestaron a la secrecía del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

En octubre del 2009, prepararon el terreno con el fin de desaparecer a la empresa pública Luz y Fuerza del Centro por medio de un decreto espurio. De paso, pretendían aniquilar al incómodo Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Sin mediar juicio alguno, despidieron a sus 44 mil trabajadores. Tenían el objetivo de iniciar el proceso de privatización del petróleo y la electricidad, legalizado con la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

La ratificación de la denuncia del pasado 30 de agosto hecha por el SME ante el Poder Judicial de la Federación es un justo reclamo para que quienes atentaron contra el patrimonio de la nación y la soberanía energética del país no sigan amparándose en la impunidad para evadir la acción de la justicia.

Originalmente, fue interpuesta el 18 de agosto del 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Calderón Hinojosa y seis funcionarios de su gabinete por los delitos de abuso de poder, desviación de fondos públicos y corrupción, entre otros. De estos últimos, cabe mencionar a la titular de Energía, Georgina Kessel; el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y el hoy procesado en Estados Unidos, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

A pesar de que el SME detalló paso a paso el hilo conductor para configurar una verdadera traición a la patria, la denuncia no fue valorada en su justa dimensión por la FGR. Y lo decimos porque –además del gabinete presidencial– ocho ministros de la Suprema Corte (SCJN), cuatro funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y los directores de Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y de la CFE fueron responsables del desmantelamiento de la industria eléctrica nacional. Iniciaron con la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y costó décadas volver a levantar al país.

De acuerdo con el propio Calderón en su libro Decisiones Difíciles, los gobernadores del centro del país en 2009 también fueron copartícipes del atentado a la industria eléctrica nacional. Fueron notificados por el propio expresidente del golpe artero que se preparaba contra LyFC y el SME… Y no hicieron nada para evitarlo. Lo mismo puede decirse de los diputados y senadores del PRIAN, además de otros de sus partidos aliados.

Consintieron el atropello a los bienes de la nación y a los derechos de miles de trabajadores, a cambio de millonarias prebendas. A pesar de que muchos de ellos fueron los mismos que se opusieron a la reforma eléctrica desde otras posiciones políticas y partidistas.

La FGR trató de mandar la denuncia del Sindicato Mexicano de Electricistas al archivo muerto, otorgándoles una ilegal y vergonzosa impunidad. Por fortuna, un Tribunal Colegiado en Materia Penal otorgó un amparo para que el asunto siga adelante. Los responsables de esta traición a la patria deben ser castigados por –entre otras responsabilidades– causar un daño patrimonial que puede ascender a miles de millones de pesos. Desde los tres poderes de la Unión, consintieron que empresas extranjeras desplazaran del sector energético a Pemex y a la CFE, para obtener redituables negocios por el ilegítimo otorgamiento de infinidad de contratos.

En la denuncia que tiene en su poder la Fiscalía, hay pruebas contundentes. Explican el por qué de cada una de las falacias del expresidente, las cuales se han ido cayendo al paso del tiempo. Una de las más evidentes fue la promesa de que, con la desaparición de LyFC, bajarían las tarifas eléctricas.

A la fecha, no hay ni un solo habitante de la zona centro del país al que le hayan bajado el cobro en su recibo de luz. Por el contrario, más de 80 mil personas vienen luchando para que la CFE les condone adeudos ilegítimos por consumos nunca realizados.

Basta que el Ministerio Público Federal saque la calculadora para enterarse que el gasto autorizado a la CFE fue de 199 mil 40 millones de pesos en 2008. Curiosamente, se disparó a 241 mil 481 millones en el 2009. Año, en el cual se fraguó la extinción de esta empresa pública. Calderón y sus secuaces –lo mismos que los dóciles legisladores del prianismo– nunca explicaron el por qué del brutal incremento de 42 mil 441 millones de pesos.

A la distancia, es fácil explicar esta irregularidad presupuestal. Gran parte de este millonario excedente sirvió para enriquecer a funcionarios de la CFE que se despacharon con la cuchara grande en el otorgamiento de materia de trabajo a voraces contratistas. Por su incapacidad e inexperiencia, estuvieron a un tris de colapsar la prestación del servicio.

Tan sólo en 2009, 2010 y 2011, los excedentes al presupuesto de la CFE superaron los 140 mil millones de pesos. Es decir, la entonces llamada “Empresa de Clase Mundial” –con su sindicato charro del SUTERM y sus esquiroles– resultó más costosa e ineficiente que la extinta Luz y Fuerza del Centro.

La pregunta que debe hacerse la Fiscalía es ¿Por qué con tan abundantes recursos no bajaron las tarifas, ni se mejoró el servicio? ¿Dónde fue a parar tan exorbitante cifra de dinero?

De manera generalizada, cientos de contratos fueron autorizados de manera directa por la CFE. Hasta la fecha, el propio líder sutermista, Víctor Fuentes del Villar, ha aceptado recibir un 2 por ciento de comisión por cada uno de los contratos entregados a particulares. Ésto habla de que la corrupción –acrecentada en el sector eléctrico durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto– no se ha ido.

Como hemos comentado en este espacio, la antipatriótica estrategia no sólo representó una cuantiosa sangría a los recursos públicos. Lo más delicado consistió en el desmantelamiento y debilitamiento del sector energético, alentado por los mismos pillos, los verdaderos traidores a la patria. Se oponen a que el país renacionalice su industria eléctrica.

En manos de la FGR está ahora ponerse a trabajar y llevar ante la justicia a quiénes de manera inexplicable siguen gozando de impunidad. Se burlan todavía del Estado de Derecho. Calderón y sus cómplices deben comparecer ante la justicia y, de paso, el país. Y en tal sentido, el SME no quitará el dedo del renglón.

Martín Esparza/Segunda parte*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas