La Ley Federal del Trabajo de 2019 enunció como objetivo modernizar el marco laboral para garantizar derechos y transparentar las relaciones laborales y sindicales. Tiene el propósito de eliminar los llamados “contratos de protección”, que eran definidos por la patronal, con el apoyo de los charros sindicales. Los mismos se negociaban a espaldas de los trabajadores sin su participación real.

La nueva ley laboral de 2019 ha buscado la democracia y transparencia sindical; crear tribunales laborales para garantizar procesos más rápidos e imparciales; conciliación obligatoria; actualizar los contratos colectivos; fortalecer la equidad de género, y cumplir compromisos internacionales en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-mec).

La reforma estipula, entre otras cosas, que los contratos colectivos deben ser revisados y aprobados por los trabajadores de manera democrática. En resumen, la reforma laboral de 2019 en México busca democratizar la vida sindical; mejorar el acceso a la justicia laboral; garantizar condiciones laborales más justas, y alinearse con estándares internacionales.

La última semana de abril de 2023 concluyó un proceso de cambio de seis años para poner en marcha nuevas reglas de democracia sindical, negociación colectiva y justicia laboral en el país.

Dicho proceso inició en 2017 con una reforma constitucional. Siguió en 2019 con cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT) presionados por el T-mec, y terminó con un periodo de transición de implementación de cuatro años, el cual se prolongó hasta el 1 de mayo de 2023.

Las nuevas reglas impulsan “una recomposición del movimiento sindical en México. ¿Qué tan profundo y extenso será? Depende de varios elementos, como la actuación de las autoridades”, dice Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) (El Economista, abril de 2024).

Veamos los resultados, a cinco años de la reforma, el proceso avanza lento. La maestra de economía y activista social, Hortensia Escobedo, miembro de la Casa del Obrero Socialista Antonio Vital (COSAV) analiza la situación actual de la implementación de la ley.

De 550 mil contratos, la mayoría eran “contratos de protección”, la depuración sólo dejó vigentes 148 mil. De éstos, sólo se han ratificado alrededor de 39 mil. Aunque, cuando en un contrato colectivo que no está ratificado se deben respetar las condiciones de trabajo, en los hechos, en muchos centros de trabajo, no hay organización. Los trabajadores están en situación de indefensión, pues no hay una instancia colectiva para defender los derechos.

Otra disposición de la ley es que los padrones del personal sindicalizado deben ser depurados. Sin embargo, de 1 mil 900 padrones, sólo lo han hecho 500. Esta situación indica que la mayoría de las votaciones se realizan aparentemente, porque hay padrones donde votan trabajadores inexistentes.

Un requerimiento más es la rendición de cuentas del patrimonio que manejan los sindicatos, pero resulta que sólo 547 han rendido informes. Es sabido que el manejo de los recursos es uno de los medios más importantes para el control sindical y éste no se ha transparentado en la mayoría de los casos (“El Sindicalismo en México”, Decide 12 en #podcast de Mexteki).

Es claro que la aplastante mayoría de los trabajadores desconocen las nuevas disposiciones laborales de la ley de 2019. Por lo tanto, no contemplan las posibilidades que tienen de democratizar sus sindicatos y de ser parte activa en la toma de decisiones.

Al no estar informados de sus derechos y al no tener claridad de éstos, los trabajadores tienen miedo de organizarse y reticencias ante los actuales sindicatos de tan mala fama, por sus abusos y engaños. Prefieren “no meterse”.

Desde hace muchas décadas, los sindicatos –salvo raras excepciones– han dejado de representar sus intereses. La amarga experiencia provoca que al trabajador común no le importe la existencia de éstos, lo cual abona a que gane la abstención.

Por otro lado, la experiencia que tienen los viejos sindicatos en los malos manejos, aunado a la colaboración de las autoridades del trabajo con las dirigencias charras, ha permitido que continúe el tradicional control bajo el nuevo esquema.

En el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el primero de febrero de 2022, Ricardo Aldana fue declarado triunfador en la elección a la dirigencia del sindicato. Es un trabajador de confianza –que no podía competir–, mano derecha de Carlos Romero Deschamps, tesorero durante 20 años en el STPRM, partícipe del “Pemexgate” y símbolo de la corrupción sindical.

Se dice que en la elección hubo “libertad y democracia”. Sin embargo, es sabido que la mafia sindical en Petróleos Mexicanos (Pemex) usa la intimidación, la violencia y la oferta de plazas. Hubo coacción a los trabajadores y numerosas irregularidades.

Hay nuevas leyes. La votación se emitió mediante el Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab), pero siguen las viejas prácticas de control y corrupción. La elección del nuevo secretario general del STPRM, se realizó luego de que el cargo estuvo vacante dos años. Oficialmente, se emitieron 63 mil 700 votos, de los cuales Aldana obtuvo 53 mil votos.

La senadora de Morena, Cecilia Sánchez, denunció que el sistema lo manejó la cúpula sindical; no un grupo neutro. La mayoría de los trabajadores no se inscribió a la plataforma, ni se informó cómo iba a ser.

Gente que no es trabajadora se pudo registrar, incluso personas de otros sindicatos se inscribieron. Pudo votar gente que todavía no estaba instalada. Y, en cambio, muchos petroleros no pudieron votar. Tampoco, se respetó el voto secreto.

Obligaban a los trabajadores a asistir para verificar que el voto fuese favorable. La convocatoria la hicieron los charros. Ellos manejaron y controlaron el sistema de votación.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) otorgó la toma de nota a Ricardo Aldana Prieto, como secretario general del STPRM, a pesar de los recursos interpuestos ante el Centro Federal, por las irregularidades en el proceso.

Luego, cuatro excandidatos recurrieron al amparo para solicitar la nulidad de la elección y de la toma de nota emitida por el organismo, porque Aldana se encontraba impedido para ocupar el cargo por ser trabajador de confianza. La ley prohíbe que sea representante sindical. Califica esta elección como ilegal.

Cristina Alonso García, quien contendió contra Aldana en las elecciones del STPRM, se amparó ante un juez de distrito en materia de trabajo de la Ciudad de México.

Avaló la toma de nota basándose en un acuerdo contractual entre la empresa y el sindicato, referido a las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza. Sin embargo, eso no implica que puedan representar al sindicato, porque los trabajadores de confianza son contratados por la patronal.

Cristina Alonso enfatizó que “todos tenemos conocimiento de que Ricardo Aldana es personal de confianza en Petróleos Mexicanos, y esta condición le impide contender y por tanto es ilegal. [Su elección] abre un precedente para que cualquier persona pueda ser secretario general del STPRM, sin ser trabajador sindicalizado” (El Sol de México, marzo de 2022).

Aldana lleva más de 50 años en Pemex. Es partícipe de la cúpula y de todo lo que se ha operado ahí, como el huachicol. Durante dos décadas, como tesorero, manejó las millonarias finanzas del STPRM. Asimismo, colaboró con el anterior dirigente, Carlos Romero Deschamps, quien encabezó el sindicato durante 26 años.

Aldama y Romero Deschamps fueron vinculados al caso Pemexgate, mediante el cual se desviaron cientos de millones de pesos para financiar la campaña del PRI en el 2000. Ahora busca reelegirse para el período 2025-2030. Este ejemplo es un botón de muestra de los manejos de los viejos charros ante nuevas situaciones.

Esta vieja práctica del charrismo continúa en los principales sindicatos. Víctor Flores sigue al frente de los ferrocarrileros; Víctor Fuentes, de los electricistas, y Francisco Hernández Juárez continúa dirigiendo a los telefonistas.

Son cómplices del PRIAN. Se cruzaron de brazos ante las privatizaciones de Ferrocarriles, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México y ante la extinción de Luz y Fuerza del Centro, cuando se reprimió al SME y despidieron a más de 40 mil trabajadores.

Otro de los desafíos para la transformación en México es la crisis a nivel laboral. La misma está reflejada en que, de una población de 80 millones, sólo tienen o buscan trabajo 60 millones. La mayoría –36 millones– labora en la informalidad y no se les reconoce ningún derecho. Sólo 24 millones tienen un empleo formal.

Cientos de miles de trabajadores son clasificados como “emprendedores”. Éste es el caso de trabajadores por aplicaciones o a quienes clasifican como “prestadores de servicios” o “trabajadores de confianza”.

De los mexicanos que pueden sindicalizarse, la mayoría no lo hace. La tasa de sindicalización ha ido disminuyendo en las últimas décadas. Y éste es un fenómeno mundial.

Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma: “Aún no podemos saber qué tanto está pasando, pero sí han ocurrido cosas importantes en estos cuatro años”.

En México, 12.7 por ciento de las personas con un trabajo subordinado están sindicalizadas. Eso quiere decir que un poco más del 87 por ciento no cuenta con la estabilidad y seguridad laboral que le otorga un contrato colectivo de trabajo (CCT), ni la protección de un sindicato.

A 2022, se estima que aproximadamente el 13 por ciento de los trabajadores en el país están afiliados a un sindicato. Esto equivale a unos 5 millones (El Economista, mayo de 2024).

Esta situación representa una disminución en comparación con décadas anteriores, cuando la sindicalización era más común. Diversos factores, como la subcontratación, la precarización del empleo y cambios en la estructura laboral han influido.

Según Severo Iglesia, el porcentaje de sindicalizados, dentro de la Población Económicamente Activa, ha pasado de 5.5 en 1930 a 11.5 por ciento en 1960. Según Juan Felipe Leal, en 1978, la tasa alcanzó el 24 por ciento (Moctezuma, 1984). De modo que, con el neoliberalismo, se sufrió un grave retroceso del cual todavía no salimos.

Según Héctor de la Cueva, si no vemos una insurgencia sindical como la de otras épocas, es porque esta vez:

“Los trabajadores no están protagonizando un movimiento amplio. […] Falta que los trabajadores se sacudan el miedo que se construyó durante tantos años de neoliberalismo. Los trabajadores están atados al miedo del despido, eso ha funcionado perfectamente como chantaje. Se dice frecuentemente que más vale tener una chambita mal pagada que estar en la calle; el fantasma del desempleo siempre ronda. Pero es que el viejo sindicalismo subsiste, predomina y controla a la mayoría de los trabajadores. […] Las autoridades laborales no han tenido la presencia que se necesita. Cuando se programan consultas de legitimación o de verificación de contratos, las autoridades no están presentes y las viejas organizaciones contratan a sus notarios para hacer de las suyas. […] No obstante, aunque hay claros ejemplos de la nueva ola, como el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) en General Motors, falta algo: perder el miedo” (El Economista, abril de 2024).

Las personas trabajadoras en México, en particular los jóvenes, deben enfrentar esta compleja situación con los retos que conlleva. Así, podrán garantizar sus derechos.

Y, al ampararse en la legislación laboral de 2019, les será posible exigir las condiciones para que los objetivos se alcancen. De esta manera, se fortalecerá la organización; se democratizará los sindicatos, y se exigirá que se garanticen procesos transparentes a la autoridad.

Es hora de que la clase obrera mexicana retome su gloriosa tradición de lucha, que la colocó en una época como ejemplo para el mundo. Necesariamente, esa nueva oleada democratizadora se tiene que dar.

México, que ha optado por la transformación, crea las condiciones sociales propicias. Los trabajadores, apoyándose en sus propias fuerzas y su gran potencial, protagonizarán esta nueva lucha histórica de cara a un siglo XXI que abrirá paso al futuro.

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social