A la mitad de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador avanza en su proyecto de transformación del país, aunque su gran deuda sigue siendo la seguridad pública y la pacificación de México. A 3 años de asumir la Presidencia, millones reciben apoyos directos; su gobierno sigue impulsando la austeridad y el combate a la corrupción, y ha obligado a los grandes evasores nacionales y trasnacionales a pagar impuestos; se consolida la soberanía; se frenó el outsourcing; frente a la pandemia, se privilegió la compra de vacunas y el rescate de hospitales; y se han cancelado grandes negocios para los más ricos. A este corte de caja, AMLO llega con el 70 por ciento de aprobación social.

Las banderas de su gobierno siguen siendo el combate a la corrupción y la austeridad republicana. En el primer rubro, destaca que ha obligado a los grandes evasores nacionales y trasnacionales a pagar miles de millones de pesos que adeudaban por concepto de impuestos, y se ha combatido el robo de combustibles. En el segundo, que los funcionarios federales –empezando por el presidente– ya no cobran sueldos insultantes ni se les pagan lujos con el erario.

Para ello se modificó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente; mientras que el plan de austeridad eliminó las millonarias pensiones de los expresidentes, restringió el uso de escoltas, secretarios privados, asesores, vehículos propiedad del gobierno, se restringió el gasto en publicidad y propaganda oficial, se cancelaron los seguros privados de vida y gastos médicos mayores, se limitó el número de viajes oficiales al extranjero, de gastos de hospedaje, alimentación y operativos.

En estos 3 años, los recursos recaudados por el Servicio de Administración Tributaria se han destinado principalmente a fortalecer programas sociales, como los subsidios directos a los más necesitados: pensión universal a adultos mayores y a menores con discapacidad, becas para estudiantes (incluidos los universitarios), apoyos a madres solteras, a productores, y pescadores, recursos para infraestructura educativa administrados por padres de familia, y a campesinos para que siembren y cuiden árboles frutales y maderables.

En este trienio se ha consolidado la soberanía en materias de: política nacional –el gobierno ya no obedece a los intereses empresariales–, geopolítica –México mantiene su independencia frente a grandes potencias, principalmente ante Estados Unidos–, energética –con el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad–, alimentaria –con el apoyo al campo, sobre todo a los pequeños productores.

En materia laboral, el presidente López Obrador logró que el Congreso de la Unión reformara la ley y, con ello, se frenara el outsourcing, tan lesivo para los derechos de los trabajadores. Además se recuperó el poder adquisitivo del salario mínimo; y se busca –aunque aún sin éxito– democratizar a los sindicatos.

Frente a la pandemia, la administración federal privilegió la compra de vacunas para inocular de forma masiva y gratuita a la población –algo impensable en los gobiernos priístas y panistas de corte neoliberal– y rescatar los hospitales abandonados en los sexenios pasados. Ante la crisis económica provocada por la Covid-19 en todo el mundo y la presión de organismos financieros internacionales, México decidió no recurrir al endeudamiento sino apretar más las finanzas. Tampoco se privilegió el rescate de la gran industria, sino que se dispersó el dinero público –a través de créditos a la palabra– a los micro negocios.

En lo que va de este gobierno, se han cancelado grandes negocios que sólo favorecían a los más ricos: se ha prohibido el uso del herbicida glifosato, los  transgénicos, el fracking, se canceló el aeropuerto de Texcoco y con esta decisión se frenó la especulación inmobiliaria en la zona, se lucha contra el monopolio de las farmacéuticas, se eliminaron los subsidios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que favorecían a las trasnacionales, se renegociaron contratos leoninos de Pemex, CFE, Seguridad y Protección Ciudadana con empresas privadas.

Otros avances han sido la desaparición de decenas de fideicomisos que antes se usaban a discreción de los servidores públicos, como cajas chicas para enriquecer a unos pocos; además, organismos reguladores han recaído en manos técnicas y expertas, como es el caso de la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios, que ahora está encabezada por médicos. Se abolió el fuero y los privilegios políticos del presidente; se revirtieron los decretos sobre privatización del agua, lo mismo que la reforma educativa del presidente Enrique Peña, y –aunque al Instituto Nacional Electoral no le guste– se creó la revocación de mandato.

El gobierno de López Obrador no ha estado lejos de la polémica, sobre todo por sus propias declaraciones y un esquema de comunicación distinto al hermetismo que, por años, caracterizó a los presidentes. No obstante, el político tabasqueño de 68 años de edad llega a la mitad de su sexenio con el 70 por ciento de aceptación social.