El traslado de 26 integrantes del narcotráfico a Estados Unidos fue una decisión soberana del gobierno mexicano, con el objetivo de “impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos”, aseguró Omar García Harfuch. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) agregó que existía evidencia suficiente para sustentar que estos sujetos seguían operando desde los centros donde se encontraban recluidos.

En conferencia de prensa, el funcionario federal indicó que “el Estado mexicano no establece relaciones de contubernio con criminales”. Añadió que los 26 narcotraficantes considerados delincuentes de alto perfil, “aún privados de su libertad, continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos”.

García Harfuch detalló que “estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”.

Además, subrayó que debido a distintas resoluciones emitidas por el Poder Judicial, los delincuentes obtuvieron beneficios procesales. “Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad e incluso se preveía que otros actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga”.

También se encontró que a partir de distintos litigios y recursos legales “buscaban su liberación anticipada, lo que, de haberse concretado, significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas”.

Tal y como ocurrió en febrero pasado, cuando 29 integrantes de la delincuencia organizada fueron enviados al vecino país del norte, en esta ocasión también se trató de una decisión tomada por el Consejo de Seguridad Nacional. “Una decisión soberana”, enfatizó García Harfuch, como parte de “una acción alineada con la estrategia nacional contra la extorsión orientada a la protección de la población de nuestro país”.

Los 26 generadores de violencia contaban con solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos; sin embargo, el gobierno mexicano realizó el traslado bajo las disposiciones del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Como parte de este acuerdo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se comprometió a “no solicitar la pena de muerte ni para los 29 que fueron trasladados en el mes de febrero, ni para estos 26 trasladados recientemente”.

El secretario García Harfuch reveló que los 29 líderes de organizaciones del narcotráfico enviados en febrero, “a pesar del grado de peligrosidad con el que habían sido catalogados”, fueron favorecidos por diversos juzgadores con órdenes para postergar sus extradiciones a Estados Unidos. Como ejemplo, exhibió el caso de los hermanos Miguel Ángel y Óscar Treviño Morales, alias Z-40 y Z-42, respectivamente. Ambos eran solicitados por las autoridades estadunidenses, no obstante, el proceso de Miguel Ángel fue pospuesto en 79 ocasiones, mientras que con Óscar, su procedimiento fue retrasado 54 veces.

Añadió que “estos dos sujetos fueron responsables del homicidio de 17 servidores públicos que trabajaban en la custodia de los centros penitenciarios federales y constantemente amenazaban y amedrentaban al personal”.

Por ello, el titular de la SSPC indicó que “estas acciones de traslado no sólo representan una medida estratégica para garantizar la seguridad pública, sino que responden a una determinación contundente para garantizar que estos criminales no continúen operando desde los centros penitenciarios y para romper sus redes de influencia, pero también representan un acto de justicia y dignidad hacia las víctimas”.

Agregó que luego de que el Consejo de Seguridad Nacional analizara las actividades a las que se dedicaron estas 26 personas, acciones vinculadas con delitos de alto impacto y que “representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, es por ello que el Gabinete de Seguridad en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República procedió a realizar el traslado de estos objetivos”.

En el operativo participaron 988 elementos y 90 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República. Los vuelos salieron desde la base aérea militar número 1, en 11 aeronaves de la Defensa Nacional y una aeronave de la Secretaría de Marina con rumbo a diferentes partes del territorio estadunidense, donde fueron entregados estos capos: ocho, a White Plains en Nueva York; uno, a John F. Kennedy también en Nueva York; cinco, a San Diego, California; seis, a Phoenix, Arizona; seis a Dulles, Virginia.

Finalmente, el titular de la SSPC sostuvo que los centros penitenciarios –cinco federales y cuatro estatales– “en los que se encontraban las personas internas operan con total normalidad y no se registró ningún tipo de incidente durante estas operaciones”.

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